El tema de las mentiras de los políticos es ya un clásico en tertulias de radio y televisión, así como entre los usuarios y activistas de Internet. También lleva tiempo instalada entre muchos ciudadanos la idea de que todos los políticos son iguales y que todos mienten, lo que contribuye al incremento de la desafección política.
Según la Real Academia de la Lengua, el significado de mentir es: «Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. Inducir a error. Fingir, aparentar. Falsificar algo. Faltar a lo prometido, quebrantar un pacto».
Parece evidente que a muchos de nuestros políticos, a tenor de esta definición de la RAE, se les podría calificar de mentirosos. Quién no ha ocultado datos, quién no los ha distorsionado en beneficio propio, quién, en algún momento concreto, incluso, no los ha exagerado o inventado.
Cuando un medio de comunicación es condenado por propagar datos falsos, además de posibles multas e indemnizaciones, el medio debe rectificar públicamente por orden judicial. Si pasado un tiempo el medio reincide en la propagación de esos datos falsos, entonces deberá (o debería) enfrentarse a condenas más serias.
La mentira cuando forma parte de una estrategia calculada, sistemática y recurrente, como es el caso de VOX, es algo que podría tener fines desestabilizadores en la sociedad al medio plazo. Una desinformación conducida desde la apelación a los sentimientos más primarios de los ciudadanos «indignados» y conservadores, como ya nos ha enseñado la Historia, podría quebrar la paz social, además de propiciar una especie de «golpe de estado» a la verdad, a la VERDAD DE LOS DATOS.
La libertad de expresión es un derecho constitucional. Y las opiniones y las ideas, sean las que sean, deben ser libres. Alguien puede pensar de manera descabellada, en opinión de otro, pero mientras que sus pensamientos no le lleven a cometer un delito o induzcan a ello a terceros, es lícito que piense como quiera.
Nuestras opiniones, filtradas por nuestras propias ideas, prejuicios, consejos y posibles influencias externas, nacen de la observación de la realidad. De ahí que ante un mismo hecho haya a veces tantas opiniones distintas como observadores. Pero hay hechos -o datos precisos de un hecho- que son incontestables. Por ejemplo, en un accidente de tráfico en el que al mediodía colisionan dos vehículos de frente, ante dos testigos presenciales que pasaban cerca por la acera, hay datos que son irrebatibles una vez se realiza la investigación judicial. Después los dos testigos presenciales podrían tener opiniones distintas acerca del accidente, pero no podrían basarse en datos adulterados o falsos, una vez que estuvieran establecidos por la autoridad competente.
La opinión es libre, pero eso no implica tener también libertad para mentir a sabiendas sobre datos oficiales, y, menos aún, si quien o quienes mienten sobre ellos ostentan un cargo público.
¿Por qué si un periodista, un juez o un internauta mienten, pueden ser denunciados y condenados, mientras que el político parece disfrutar de una especie de inmunidad para proclamar sus mentiras?
Recientemente, más de 1.300 científicos sociales, investigadores y académicos han firmado un manifiesto que denuncia el «falseamiento» y la «manipulación» de la realidad por parte de los dirigentes del partido ultraderechista VOX.
Entre los firmantes hay investigadores de organismos como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de distintas universidades españolas y de instituciones académicas de Francia, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Brasil o Suecia.
El texto reconoce que otros partidos son también «poco cautelosos» con el uso de datos fruto de la investigación de las Ciencias Sociales. Pero considera que «el caso de VOX merece una referencia aparte porque es una estrategia calculada, sistemática y recurrente».
Los firmantes del manifiesto recuerdan a los medios de comunicación su «obligación profesional» de contrastar las afirmaciones de «políticos y opinadores» cuando se basan, supuestamente, «en datos, estudios o investigaciones sociales».
Este manifiesto, junto con algunas otras iniciativas, es un paso adelante para la defensa del rigor y la verdad en la política. Pero se nos antoja insuficiente para quienes lejos de enmendarse continúan inventando nuevas mentiras para defender sus posturas o para desprestigiar a quienes les cuestionan.
La búsqueda de la verdad es una aspiración individual, pero también social, que transciende a la ideología en cualquier período histórico. La verdad es centro y motor de las actividades humanas en sus diversas manifestaciones y, además, está en la base de la filosofía, la ciencia y la cultura. Creencias religiosas, ideologías políticas, cimientos jurídicos, cooperaciones empresariales, organizaciones sociales y relaciones humanas, ya sean de amistad o de pareja, tienen en común la búsqueda de la verdad.
Para ilustrar este asunto basta con hojear cualquier periódico o comprobar cómo sigue repitiéndose a los alumnos de periodismo que han de distinguir entre «información» y «opinión», entre hechos y valoraciones, o escuchar a nuestros políticos que aseguran que las opiniones son libres o que todas merecen igual respeto. Tal vez sí, pero eso no da derecho a MENTIR. Las valoraciones y opiniones, en efecto, son libres y respetables, pero los hechos, los datos y la información, por el contrario, exigen rigor y autenticidad.
La mentira en boca de cargos públicos, a los que se les supone un poder de influencia social importante, desquicia nuestra razón, hace que salten las bisagras de nuestros razonamientos y, finalmente, bloquea el diálogo y la comunicación.
La salud democrática exige juego limpio y verdad. No es posible construir opiniones libres en base a las mentiras de ninguna formación política. Permitir que ocurra esto es de una gran irresponsabilidad y peligroso por parte de los poderes públicos del Estado.
«El machismo mata y si callas eres cómplice» o «No a la violencia hacia las mujeres», fueron algunos de los gritos contra Ortega-Smith que se escucharon antes de que iniciara su intervención en la tribuna. Al terminar, el político de la formación de extrema derecha había incendiado el ambiente y roto un consenso que había sido unánime hasta ahora.
VOX es responsable de que este año ni la Asamblea ni el Ayuntamiento de Madrid hayan logrado aprobar una declaración conjunta por el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebró el pasado 25 de noviembre, terminando de ese modo con el consenso de todos los partidos políticos, logrado desde 2005. En la Asamblea fue Rocío Monasterio (presidenta de VOX en la Comunidad de Madrid) la encargada de romper el consenso. En el Ayuntamiento lo fue Ortega-Smith (secretario general de VOX). El partido ultra bloqueó además el consenso en todas las comunidades y ayuntamientos de España donde estaba presente.
«No tiene derecho. No se hace política con esto, respete a las víctimas», le gritó Nadia Otmani entre lágrimas a Ortega-Smith al terminar de hablar. Este apenas la miró a la cara, más bien hizo como si la ignorase, y no se dignó a responder a las alusiones y protestas de la mujer. «Un respeto por favor, llevo 20 años luchando contra la violencia de género, 20 años en silla de ruedas. No es verdad lo que ha dicho», continuó ella.
Tras el nuevo ataque de VOX, surgieron reacciones de todas las demás fuerzas políticas, asociaciones, medios de comunicación de distintas tendencias. La actitud de los políticos de VOX fue criticada por la oposición y por sus propios socios de gobierno (PP y Cs). Incluso, Ortega-Smith fue reprobado en el ayuntamiento con los votos del PSOE, Más Madrid y Cs, mientras el PP,pese a calificar como «lamentable» la actuación de Ortega- Smith, votó en contra.
«Ya me he cansado de tanta inmundicia». Con estas palabras un abogado desmontó «las trolas» vertidas por VOX sobre Nadia Otmani. En fin, una vez más, los datos son tozudos y están al alcance de cualquiera que, como este abogado tuitero, quiera investigar por su cuenta. Las opiniones son libres, pero LOS DATOS DEBEN SER FIDEDIGNOS y probados.
«Las mujeres inmigrantes estamos buscando nuestro hueco. Trabajamos para que se cumpla el acuerdo de 1983 para que los niños marroquíes residentes en España puedan estudiar con garantías su lengua materna y su cultura en nuestro país», fue la respuesta de Otmani al tuit de VOX.
La petición a la que alude Otmani es una exigencia de tratados internacionales firmados por España. Pero VOX ya ha dado repetidas muestras de desprecio por algunos tratados de obligado cumplimiento. A VOX no le gusta la Convención Internacional de Derechos del Niño, el Movimiento Feminista, la inmigración y, teniendo en cuenta algunas de las propuestas de su programa, tampoco muchos artículos de nuestra Constitución. Es curioso que los líderes de este partido se autodenominen constitucionalistas. ¡Qué manera de pervertir el lenguaje!
Además, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva tiempo ofreciendo datos que desmontan los repetidos por VOX sobre violencia de género:
- Personas enjuiciadas en 2017, Juzgados de Violencia contra la Mujer (faltas, delitos leves): 19.991 hombres(16.744 condenados) y 68 mujeres(51 condenadas).
- Hombres denunciados por sus parejas o ex-parejas en 2017 para solicitar órdenes de protección: 27.024.
- Personas enjuiciadas en los Juzgados de lo Penal en 2017: 28.926 hombres (16.132 condenados) y 846 mujeres (279).
- Víctimas mortales por violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja y la ex-pareja en 2016: 38 mujeres, 9 hombres y una persona transgénero.
- Condenados por homicidio o asesinato en 2016: 40 hombres y 7 mujeres.
De la permanente manipulación, como arma desestabilizadora, que hace VOX con muchos temas, habría que preguntarse hasta que punto no infringe nuestro Código Penal. ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
Según la Fiscalía, de todas las denuncias por violencia de género -más de 1.200.000-solo el 0,01% son falsas. ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
En cambio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) también está empeñado en llevar la contraria a VOX: según el último informe sobre robos con fuerza, el 78% de los condenados son españoles. Solo un 0,09% de los extranjeros fueron condenados en 2017 por robos con fuerza. ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
En el caso del barrio de Hortaleza (Madrid), donde dice vivir el señor Abascal, es falso lo que afirma. Cadenas de televisión entrevistaron a vecinos del barrio y todos coincidieron en calificar la relación con los «menas» de muy buena. VOX ha difundido, a través de sus redes sociales y de sus líderes políticos, mensajes falsos en torno a las personas migrantes y refugiadas. La inmigración es una de sus mentiras recurrentes. Santiago Abascal se refirió a la supuesta paga de 664euros -que no existe- a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) para compararla de modo demagógico con lo que recibe una viuda o un autónomo. ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
La sensación que trata de dar Abascal es que las calles están poco menos que llenas de niños y jóvenes extranjeros que campan a sus anchas cometiendo delitos de todo tipo. Nada más lejos. Precisamente en Andalucía, una comunidad gobernada por PP y Cs con el apoyo de VOX, el propio Gobierno regional acaba de facilitar las cifras de incidencia de jóvenes inmigrantes en el mundo de la criminalidad: la tasa no supera el 0,54%. ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
«España está siendo invadida por la inmigración», según VOX. Pues bien, la población extranjera residente en España (no nacida en la UE) era en 2018 de un 9’2% del total, según Eurostat (Oficina de Estadística Europea encargada de los datos oficiales sobre la U.E.). Tras conseguir un máximo histórico en 2011, la cantidad se ha ido reduciendo año a año. Si comparamos esta población a la de territorios con mucha inmigración, como Liechtenstein con el 44% o Jordania (que hace frontera con Palestina y Siria) con un 40% de población migrada, el estado de California y su 27,2%, Suecia con el 13’1%, Estonia con el 13’1%, Suiza con el 11’9%, Luxemburgo con el 11’6%, Letonia con el 11’3%, Croacia con el 11’2%, Austria con el 10’5%, Alemania con el 9’4%, vemos que ni por asomo están invadiendo España los inmigrantes.
Los aproximadamente 58.600 migrantes que llegaron a las costas españolas en 2018 están muy lejos de los más de 800.000 registrados por Grecia en 2015. Desde ACNUR o la Comisión Europea insistieron en que la situación en España distaba de una «crisis». ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
«¿Los inmigrantes nos quitan los puestos de trabajo?». Al contrario, asumen los puestos de trabajo peor pagados para que los españoles puedan tener los empleos mejor pagados. Las tasas de temporalidad entre los españoles son la mitad que entre los inmigrantes. Además, el CES (Consejo Económico y Social de España) señala que se ha permitido la incorporación de muchas mujeres al mercado laboral gracias a que muchos inmigrantes ocupan trabajos de cuidadores domésticos.
Durante la crisis económica fueron los inmigrantes quienes la pagaron más. La tasa de paro entre los españoles era del 25% y entre los extranjeros del 35%. Los inmigrantes siguen a día de hoy contribuyendo para la economía, y pese a que son más pobres, lo cierto es que son contribuyentes netos. Pagan sus impuestos y con ello contribuyen al sostenimiento de las pensiones.
VOX defiende que los inmigrantes cuestan dinero, algo que es absolutamente falso. De hecho, durante el boom español, uno de cada tres euros que se ingresaron en España fue gracias a la inmigración. No solo no costaron, contribuyeron durante la bonanza y pagaron más durante la crisis.
La conclusión del CES es demoledora: «La inmigración no supone un lastre para el Estado del Bienestar español sino más bien lo contrario». ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
Según VOX, «los inmigrantes copan nuestras ayudas sociales». Ante esta y otras falacias de la formación ultra, incluso hasta la Iglesia se ha pronunciado. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha respaldado la posición defendida por Cáritas y otras entidades sociales, sobre que los migrantes «no copan» las ayudas sociales, como sostiene el partido político VOX.
En rueda de prensa en Valladolid para analizar las cuentas de la archidiócesis local, de la que es obispo auxiliar, Argüello ha sostenido que «la mayoría de personas que tiene que venir a España por motivos de violencia, persecución y hambruna tienen que ser tenidos en cuenta. Estas personas se ven obligadas a hacer algo que nadie quiere: salir de su tierra». ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
«Hay que terminar con la sanidad universal para los inmigrantes. ¿Cuánto nos cuesta eso a los españoles, mil millones, dos mil millones o tres mil millones de euros?», repite VOX machaconamente. Para CES (Consejo Económico y Social de España), el coste que supone atender a los inmigrantes en los servicios de Atención Primaria y Urgencias es prácticamente «insignificante» en comparación con el presupuesto general del Estado para cubrir las necesidades de toda la población durante un año. Ya en 2008, un informe realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria desmentía este rumor. El estudio concluyó que el 57,75% de la población española había acudido al menos una vez a Atención Primaria, frente al 12,7% de los inmigrantes. Además, el coste farmacéutico por paciente español está cerca de los 374 €, mientras que el coste por paciente extranjero es solo de 73,70 €. ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
Vincular inmigración y terrorismo, es uno de los argumentos más repetidos por la extrema derecha en Europa, enarbolado por Salvini u Orban, que da alas al discurso xenófobo. En sus intervenciones, Abascal ha llegado a acusar al Gobierno de «querer ocultar la infiltración terrorista».
La idea ha sido rebatida en numerosas ocasiones por distintas fuentes e instituciones, recordando que los refugiados son las principales víctimas del terrorismo: la mayoría de los atentados no afectan a ciudadanos europeos sino a ciudadanos de religión musulmana que viven en otros países. Según el Global Terrorism Index 2018, los diez países en los que más muertes se han producido acumulan el 84% del total mundial y son Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Pakistán, Egipto, República Democrática del Congo, República Centroafricana e India. En Europa, según estas mismas estadísticas, el número de víctimas mortales se redujo de 827 en 2016 a 204 en 2017.
El secretario general de la ONU aseguró en 2017: «Es absolutamente absurdo intentar culpar a los refugiados por los ataques terroristas, pues ellos son las primeras víctimas. No son las afluencias de refugiados las que causan el terrorismo, sino que son el terrorismo, la tiranía y la guerra las que crean refugiados».
Además, un estudio reciente del investigador Richard J. McAlexander difundido por The Washington Post intentó ahondar en la relación inmigración y terrorismo en los países de Europa occidental desde 1980 hasta 2004. Para el investigador «no existe relación entre terrorismo e inmigración, los datos sugieren más bien que es la extrema derecha quien comete ataques terroristas cuando hay más inmigrantes porque les molesta el aumento de la inmigración, siendo muchos de estos ataques contra los propios inmigrantes». ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
VOX también ha dado reiteradas muestras de falsificar la historia reciente de España. Uno de los muchos ejemplos es el del caso de «Las Trece Rosas».
«Las Trece Rosas» es el nombre colectivo dado a un grupo de trece jóvenes, la mitad de ellas miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), fusiladas por la Dictadura de Franco en Madrid el 5 de agosto de 1939, cuatro meses después de finalizar la Guerra Civil Española. En la sentencia, difundida por Newtral, no hay ninguna referencia a los crímenes relatados por Ortega-Smith, que contradicen toda la documentación relativa al caso. No existe en la causa instruida contra ellas, la número 30.426, que cualquiera puede consultar en el Archivo Histórico Militar, ni una sola referencia a las acusaciones del señor Ortega-Smith.
Familiares de las trece jóvenes fusiladas han denunciado a la Fiscalía General del Estado al diputado y secretario general de VOX, Ortega-Smith, por supuestos delitos de odio y atentado al honor. La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Comunidad de Murcia (FAMHRM), a través de su vicepresidente, declaró que «acusarlas de asesinas y terroristas es de tal bajeza moral que ni a los más perversos fascistas se les supone». Además, el investigador murciano Floren Dimas ha interpuesto una denuncia en el juzgado de lo penal de Lorca contra tres medios de comunicación ultras y una página web que calificaron a «Las 13 Rosas» como «terroristas» y «asesinas». El investigador les denuncia de «gravísimas injurias y calumnias vertidas contra estas muchachas que fueron asesinadas por razones ideológicas». ¿No es esto un DELITO DE FALSEDAD DE DATOS?
Tratar de enumerar todas las mentiras que VOX ha puesto en circulación sobrepasa con mucho los límites de un simple artículo. No nos vamos a referir a las falsedades que pregonan sobre las pensiones, impuestos y Estado del Bienestar, ley de Memoria Histórica, comunidades autónomas, cambio climático, su propuesta de reducción del 50% de los alcaldes y concejales existentes, la ilegalización de partidos nacionalistas, independentistas y comunistas, o la posición que defienden frente al colectivo LGTBi, así como su empeño en derogar leyes que tienen que ver con el tema.
VOX miente con una estrategia calculada, sistemática y recurrente, y, para ello, todos los medios son válidos, como la utilización de la llamadas «granjas de bots» (programas informáticos que efectúan automáticamente tareas repetitivas a través de Internet). Según un estudio de la Universidad de Indiana, hasta un 15% de las cuentas de Twitter son «bots». El Institute for Stategic Dialogue (ISD) ha destapado una red de 2.882 perfiles de Twitter que difundían mensajes de VOX, sospechosos de ser usuarios falsos. Según ISD, la red tuiteó 4,4 millones de mensajes a favor de VOX en este último año.
VOX se ha caracterizado por eliminar a la prensa como intermediaria de sus mensajes, evitando de ese modo la confrontación de datos (varios medios y periodistas son vetados en sus actos). VOX prefiere usar la comunicación directa de las redes sociales al estilo de Donald Trump o Jair Bolsonaro.
La salud democrática exige medidas concretas contra esta forma fraudulenta de hacer política, sea de VOX o de cualquier otro partido. Es por ello que habría que aprobar una ley específica que combatiese penalmente este tipo de mentiras. Se tendría que tipificar el delito DE FALSEDAD DE DATOS.
¿Y cómo se puede hacer? Mediante una ILP (iniciativa legislativa popular), también conocida como iniciativa ciudadana. Se trata de un mecanismo de democracia directa, amparado por la Constitución, para que las personas puedan presentar iniciativas de ley. Se requieren 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos.
Contra el juego sucio y la estrategia calculada, sistemática y recurrente del falseamiento de los datos por parte de los políticos que, además, al ocupar cargos públicos, ejercen una enorme influencia y desinformación en la ciudadanía, es necesario el DELITO DE FALSEDAD DE DATOS.
© Javier Díez Moro
Madrid, 30 noviembre 2019
