Lo ocurrido recientemente en el Tribunal Constitucional es probablemente el hecho más grave en la historia de nuestra reciente Democracia desde el intento de Golpe de Estado del 23-F. En opinión de José Antonio Martín Pallín, quien fuera Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo y, actualmente, comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, «impedir que las Cámaras legislen, habiendo sido elegidas democráticamente y siendo garantes de la soberanía nacional, es un verdadero atentado a la Democracia». Interferir en el orden del día y en los trámites parlamentarios nunca se había hecho en la España democrática, tampoco existen precedentes en ningún sistema democrático, no solamente en la Unión Europea sino en otros muchos otros países, incluido el Reino Unido que es la cuna del parlamentarismo.
La Constitución recoge en su artículo 66 que son las Cortes Generales quienes representan al pueblo español. Es innegable que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Y es obvio que el Tribunal Constitucional no forma parte de ninguno de estos poderes. El papel del Tribunal es consultivo, es un órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad; puede dictaminar sobre leyes ya aprobadas, enjuiciando por ejemplo que determinados artículos son inconstitucionales. Pero nunca puede interferir en el papel de las Cámaras del Congreso y el Senado, prohibiendo de manera cautelarísima votaciones de leyes. Esto es una atroz invasión de competencias que socava la propia Democracia.
Según Martín Pallín, «la admisión a trámite de un recurso de amparo formulado por los parlamentarios del PP resulta insólita, extravagante e ilegal; parece mentira que esos magistrados del Constitucional desconozcan su propia Ley Orgánica», o peor todavía, conociéndola, hayan actuado como lo han hecho. Los seis magistrados conservadores que han conformado la mayoría simple por la que han conculcado la soberanía nacional de las Cámaras han prevaricado.
Una inaudita votación de urgencia del Constitucional (cuando existen asuntos sobre los que aún sigue sin pronunciarse después de varios años), en la que ganan los magistrados conservadores frente a los progresistas por 6 a 5, pone de manifiesto dos cosas: 1. La victoria pírrica de los primeros supone que también en esta institución existe confrontación, cuando debería prevalecer el consenso. 2. No deberían tomarse decisiones cruciales por mayoría simple. Si la elección de los 12 miembros de este tribunal es por mayoría de tres quintos, parece lógico que sus decisiones, inspiradas en el consenso, también exigiesen los tres quintos.
Los seis magistrados conservadores han evidenciado una gran dosis de activismo político, saltándose a la torera el artículo 56 de su Ley Orgánica en el que se establece clara y rotundamente que el recurso de amparo, como regla general, no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados. Otra indiscutible arbitrariedad es el hecho de que en la peligrosa y cuestionada resolución del Constitucional hayan participado dos magistrados, con su mandato caducado, sobre los que había una solicitud de recusación, y a quienes además afectaba de primera mano la votación del Senado, porque hubiera hecho posible su reemplazo por los candidatos nominados por el Gobierno. Estos dos magistrados, actuando como juez y parte, guardianes de sus propios intereses (entre otras cosas, de sus magníficos sueldos), son Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez, a quienes el PP de Alberto Núñez Feijóo ha prometido, si gana las próximas elecciones, la presidencia del Consejo de Estado y la Fiscalía General del Estado, respectivamente.
«Alinearse con los que quieren tensar la cuerda política hasta el límite de un “golpe blando” -dice Martín Pallín-, aún a costa de crear un clima político irrespirable y peligroso para la democracia, no habla bien de la dignidad e independencia de la que deben ser revestidos los componentes del Tribunal Constitucional».
El origen de todo esto es la negativa del Partido Popular a cumplir el mandato constitucional por el que se debe renovar el Consejo del Poder Judicial, que se ha perpetuado a lo largo de más de cuatro años y que pretende mantenerse a ultranza con el objetivo de llegar a las próximas elecciones generales. Los populares llevan todo este tiempo enrocados en este incumplimiento al tiempo que en paralelo no han parado de fabricar mensajes que hablan de la ilegitimidad del gobierno de Sánchez. El PP -también Vox- cuenta con el amplificador de la gran mayoría de los medios de comunicación y con un amplísimo sector del Poder Judicial, el único de los tres poderes que a día de hoy sigue sin haber hecho una auténtica transición. Ni el Consejo del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional son un reflejo de la proporcionalidad de fuerzas políticas que salieron de las urnas, de ahí que la derecha y la ultraderecha se atrincheren en el inmovilismo, permitiéndoles un control por vía indirecta de las decisiones legítimas de las Cámaras y del Gobierno.
La gravedad de la situación actual en España no hace presagiar nada bueno. Lo ocurrido en el Constitucional es una puerta abierta para futuros atropellos a la Democracia. Los intereses de la derecha y la extremaderecha en todo el mundo son iguales: desmantelar los servicios públicos, propiciar cada vez más la brecha social y salarial entre ricos y pobres, recortar libertades y, llegado el caso, patrocinar los golpes de Estado, ya sean totales o parciales, de una vez o a plazos.
En la historia se han producido Golpes de Estado con relativa frecuencia en todos los continentes, y muchos de ellos muy cruentos y con unos resultados terribles para el devenir de los países. África, Asia y América Latina han sido los territorios donde más han proliferado y proliferan este tipo de levantamientos contra el orden establecido. En la memoria colectiva de los españoles todavía resuenan los que se perpetraron en Chile (1973), Argentina (1976) y España (1981), este último fallido. Nuestro país, solo en el siglo XX, ha sufrido más de media de docena de intentos de Golpe de Estado, unos bien conocidos, como “la Sanjurjada” (1932), “el 36”: inicio de la Guerra Civil (1936) o “el 23-F” (1981), y otros no tanto.
En el siglo XXI es un hecho que muchos de los Golpes de Estado y de los intentos de desestabilización gubernamental ya no precisan de la colaboración de fuerzas armadas golpistas. Para acorralar a un Gobierno o secuestrar la Democracia ya no es necesario que salgan los tanques a la calle, ahora es suficiente con tener de aliados a los medios de comunicación y a los jueces. El ejemplo más evidente y repetido lo tenemos en el continente americano, pero no solo en Latinoamérica, también en Estados Unidos cuando el derrotado en las urnas Donald Trump alentó a sus partidarios a tomar el Capitolio.
Ante semejante atropello de nuestra Democracia, ante este golpismo judicial, la ciudadanía tendría que estar reivindicándose en la calle, visibilizando su malestar, como lo hizo tras el 23-F o tras las mentiras del Gobierno de Aznar sobre los atentados del 11-M.
Las ideologías de extremaderecha (el PP actual y Vox), con el beneplácito y apoyo del poder económico, no dudan en recurrir a cualquier subterfugio para controlar todo aquello que perdieron en las urnas.
NOTA.- Unas horas después de publicarse este artículo, el martes 27 por la tarde, saltó la noticia en el CGPJ con la elección de dos magistrados para el Tribunal Constitucional. En declaraciones de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, el Tribunal Constitucional se renovará en los próximos días y se iniciará una nueva senda de “recuperación del prestigio” del propio tribunal y de todos sus magistrados. El nuevo escenario cambiará en breve, logrando 7 magistrados el ala progresista y 4 los conservadores. Pero el quebranto a la Democracia ya está hecho. Políticos de la izquierda reclaman al Gobierno que aborde con efecto inmediato la renovación del sistema de elección del Poder Judicial, una vez concluida la remodelación del Constitucional. Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, subraya el carácter prioritario del movimiento al tener delante a un PP “echado al monte” con su “golpe blando” para bloquear organismos durante una legislatura entera. De manera parecida se ha pronunciado Íñigo Errejón de Más País.
