“La Transición española es el período de la historia de España en el que se llevó a cabo el proceso por el que el país dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una constitución que instauraba un Estado social y democrático de Derecho”. Esta referencia es la más utilizada para definir a esta época, ¿pero realmente se corresponde con la realidad?
Comencemos por analizar la situación actual: Inestabilidad política tras cuatro años de indignación generalizada tanto con el gobierno como con las leyes propuestas, una legislatura basada en leyes como la Ley de Amnistía Fiscal o la tan conocida Ley Mordaza, una legislatura basada en los recortes económicos y en la espectacular subida del patrimonio de los dirigentes de las treinta y cinco empresas del IBEX 35, pero sin un descenso real del paro.
Volvamos a la época de finales de los setenta y analicemos ahora cómo se inició ese proceso de defensa del estado social y democrático de derecho. Solo hay que mirar el día uno de enero -apenas tres días después de publicarse oficialmente la Constitución- para ver leyes como el perfeccionamiento de la exportación y subvenciones a COPISA y FCC, el segundo miembro actual del IBEX y ambos imputados por financiación ilegal a CiU en los tiempos de Jordi Pujol. Ese simplemente fue el primer día del primer año “social”, y desde entonces han habido cientos de concesiones y de facilidades a ese conjunto de empresas para que tengan cada vez más control político y libertades económicas a costa de recortar las libertades del resto de mortales, el 99% de los españoles.
Ahora las arcas del Estado poseen mucho más capital que en ese mismo año, pero la situación en cuanto a desigualdad y pobreza es mayor que en aquellas fechas. Por tanto, tal y como aparece en el título reitero, no considero, al menos a nivel personal, esta época como una transición democrática, la tomaría como una transacción económica, una transacción de poder casi absoluto desde una dictadura militar a una dictadura económica a cambio de un aumento suculento del capital del país, pero no de sus ciudadanos. La libertad no se debería vender ni comprar.
