“Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas o por cohecho o soborno están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos.”
Emiliano Zapata
La presidenta de la Comunidad de Madrid pone en práctica el infantil y, hasta ahora, efectivo método de negar su competencia en la protección de las vidas de los ancianos residentes en su comunidad que practicó Esperanza Aguirre. Para colmo, el Gabilondo que habita el parlamento de esa comunidad la exime de tal responsabilidad, al centrarla en el consejero de sanidad autonómico. Estos episodios de ambigüedades modelo “transición” son comunes a los hermanos Gabilondo. Lo cierto, es que el número total de muertes por “confinamiento”, ordenado desde la Presidencia, aún no ha sido suministrado. Los desastres en la gestión se acumulan y la oposición no existe en Madrid. En tanto, la acción judicial iniciada por los colectivos afectados por la gestión de las residencias está en manos del juez Marchena. Interesante.
También es curioso que se haya perdido el decoro en las sesiones parlamentarias nacionales. Fiel reflejo de las carencias que no disimulan los sastres y modistas contratados por sus señorías. Tampoco los gabinetes de imagen. Cuando se exceden ciertos límites, se pierde la elegancia y se manifiestan las limitaciones de una adecuada formación para representar la voluntad de los electores. Entonces, en lugar de “dar la cara” por el interés de las personas a las que se representa, se termina realizando esas funciones “por la cara”. Es territorio de audaces y arribistas. En general al servicio de intereses particular que colisionan con el interés general. No aplican patriotismo. Sólo justifican su financiación.
Se suele llamar “por la cara” al dicho de aspirar a algo o de hacerlo de modo atrevido y sin cumplir los requisitos para ello. Sin vergüenza, sin miramientos. De tal modo, la actuación parlamentaria es zafia, las actitudes tabernarias y el discurso paupérrimo. El nivel intelectual penoso. Mucha lectura de papeles con textos elaborados por los asesores de comunicación respectivos. En el mejor de los casos correctamente leídos. En general, muestran una escasa formación retórica. Además de una nula capacidad de asumir responsabilidades.
Se opta por las amenazas. Por las mentiras. Por la difamación. Todo vale. Como no hay consecuencias. Sirve todo. Cada acto impropio es “por la cara”. Se elude la argumentación propositiva. Se exhibe el rencor improductivo. Toda la prensa dependiente del núcleo financiero y corporativo se enerva al son de las medidas para restablecer la justicia e instaurar la honestidad. Hay preocupación. Parece que no se intimidan los miembros del gobierno de coalición. Ello los asusta. Por tanto, incrementan su agresividad. Se les aproxima la continuación de los casos de corrupción del PP.
Un dirigente agrícola se atreve a la amenaza más o menos explícita, dirigida a una ministra. Inaudito. Probablemente debido a la tarea de inspección que se lleva a cabo para comprobar las precarias condiciones del trabajo en ese sector. Por cierto, los medios de prensa, directa o indirectamente financiados por los fondos buitre y las corporaciones, se montan en el tren de los bulos, la difamación o las acusaciones más diversas que se puedan imaginar. Todo “por la cara”. No hay consecuencias. No interviene la Justicia.
Donde sí interviene, es ante la denuncia de Víctor Valladares, el letrado que ha llevado ante la Justicia al Gobierno y a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis del coronavirus y por no prohibir concentraciones como las del 8M. Es bueno conocer que Valladares ha sido condenado y sancionado por quedarse con el dinero de algunos de sus clientes sin llevar a cabo el trabajo para el que le habían contratado o no dar cuenta de él. Según documentación y testimonios dados a conocer desde la Cadena SER, el Colegio de Abogados de Madrid le sancionó en dos ocasiones y un juzgado le condenó a devolver el dinero a una clienta en 2018, estando a la espera de otro juicio en Madrid este mes de junio. Otro juzgado, en sentencia no firme, le ha condenado hace dos meses por un delito leve de estafa por engañar a otro cliente. Este letrado es el promotor de otra denuncia contra el presidente Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo.
Es más, un buen número de analistas, entre los que se cuenta quién escribe esta columna consideran que, con todo ello, hay suficientes pruebas para considerar que estaba en marcha una “Operación Derribo” para acabar con el legítimo gobierno de coalición. La instrucción del 8M es el ariete que completaría el uso masivo de recursos afines a la derecha y ultraderecha españolas. En ese sentido, la cuestión de Pérez de los Cobos es un asunto determinante. Él es la cabeza visible de un grupo de altos mandos de la Guardia Civil que han sido el origen de los informes bajo sospecha desde los tiempos de Fernández Díaz y más atrás. El mismo Pedro Sánchez, en sede parlamentaria expuso que “el ministro del Interior está destapando toda esa mal llamada policía patriótica y está colaborando con la Justicia y, por eso, ustedes le atacan”. Lo aparentemente cierto, es que en algunos círculos se considera aplicar la figura de la prevaricación a la instructora de la denuncia sobre las consecuencias de la realización del 8M. Entre otras causas, porque una orden del gobierno de M. Rajoy obligando a la Guardia Civil a informar al Ministerio del Interior sobre las investigaciones judiciales sigue en vigor. Esto, habilitaría al ministerio a reclamar ser informado.
También, explicando estos intentos de desestabilización, basados en el Lawfare, en la misma sesión parlamentaria, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias le respondió a la oposición “… ustedes, (partido)popular, no van a volver a gobernar porque la mayoría social no va a apostar por las amnistías fiscales, la corrupción ni las privatizaciones. Si algo ha producido esta pandemia es solidaridad, defensa de lo público, y la fraternidad”.
En esta España que alberga importantes focos de poder militar, económico, político y religioso, la democracia representativa es un pretexto para mantener las mismas dinámicas que protegen la corrupción, la colusión y otras prácticas que distorsionan la gestión pública de los recursos de toda la sociedad. Así se vinieron comportando, “por la cara”, para beneficio de unos pocos.
Ante esto, hay que “dar la cara”.
