Mario Pascual Vives, el defensor del cuñadísimo, ha reconocido ante las cámaras de Europa Press, que Urdangarin no está bien. Independientemente de estar totalmente de acuerdo con esa definición, porque a la mayoría de españoles decentes sus conductas estuvieron lejos de ser ejemplares, cabría dar un margen de comprensión al ex duque “empalmado”, a tenor de las demás conductas percibidas como habituales en su familia política. En cualquier caso, al letrado, la entrada en prisión del marido de la Infanta Cristina le ha llevado a unirse a otro abogado en Madrid para preparar un recurso que intentará sacar de la prisión de Brieva a Urdangarin. Consecuencia que no deja de ser verosímil, en el marco de los despropósitos en los que parece haber incurrido la clase política, judicial y económica en esta pobre España que nos toca sufrir. El señor Villar Mir parece burlarse de la justicia falsificando justificantes médicos para eximirse de declarar ante el tribunal. Sin ninguna consecuencia, por lo visto.
Lo que está en entredicho desde hace mucho tiempo es la legitimidad de estas legalidades que han ido construyendo los conspicuos del statu quo.
Parece hacerse honor al dicho popular que dice “nos mean y dicen que llueve”. El grupo de escribidores u opinadores en nómina, ya que “ad honoren” hay pocos, ya salen en tropel a ocupar los espacios mediáticos en defensa y justificación de sus respectivos patronos. En tanto, la pobre gente sigue observando como la EPA del segundo trimestre es menos optimista de lo que se pretende. En realidad, para desgracia de los creyentes en cambios equitativos en las tendencias de la distribución de la renta, la devaluación salarial prosigue y la brecha se profundiza entre los que contratan y los contratados.
La precariedad laboral, entendida como la ausencia de un trabajo de calidad que garantice unas condiciones dignas de vida, afecta a la mayoría de la clase trabajadora, ya sea en su grado máximo de precariedad, es decir en paro y sin ingresos o en diversos grados según la calidad de las condiciones laborales. El paro que caracterizó al modelo de Rajoy, con la existencia de altas tasas de desempleo, de paro de larga duración, parados sin prestaciones o de población desanimada excluida de las estadísticas, es el indicador más grave de la elevada precariedad laboral. Otros indicadores son la creciente tasa de temporalidad, el empleo a tiempo parcial, la brecha salarial de género, las horas extras no pagadas o el deterioro de los indicadores de accidentes de trabajo y salud laboral.
Los datos de la EPA, según los análisis más serios, confirman que la reducción del desempleo en la recuperación se logra a costa de aumentar de nuevo los niveles de precariedad laboral de una población trabajadora ya muy castigada tras años de paro masivo, reformas laborales, despidos, expedientes de regulación de empleo, devaluación salarial. Este gobierno debería dejar el marketing político y crear mesas de trabajo más allá del Parlamento, para elaborar acciones sensatas junto a los agentes sociales verdaderos, que no son precisamente sindicatos y organizaciones patronales. Desde allí, junto a la gente, es desde dónde se podrá crear un Plan Nacional de Reconstrucción. Porque esta España que nos han dejado da pena.
La pobreza se impone aunque este Gabinete de ministras nos diga que “llueve”, la legislación laboral del régimen continúa, la represión en la libre expresión persiste y el ocultamiento de las raíces de la corrupción no se afronta. En tanto, el teniente Segura sigue apartado por denunciar la corrupción en las Fuerzas Armadas, los beneficios penitenciarios se otorgan a los que producen alarma social con su libre deambular. La ministra de Defensa apoya la expansión del gasto militar, el ministro del Interior sigue impertérrito en la gestión de los casos más mediáticos, como la cuestión de la migración, y la ministra de Hacienda evita afrontar el esclarecimiento del fraude parapetado tras la amnistía inconstitucional. Luego se sorprenden de que las abstenciones, más por errores propios que por traiciones ajenas. El señor Sánchez, que persiste en confundir las razones de Estado con las tramoyas indecentes, movió ficha con su iniciativa con la moción de censura pero, como ya expuse en un artículo:
“Las fuerzas denominadas progresistas tienen un escaso margen para justificar las expectativas creadas en las almas de sus millones de votantes. Muchas esperanzas para tan pocos recursos disponibles luego de la aplicación del modelo de Rajoy. El criterio de realidad que recuerda Pedro Sánchez a cada momento no es menor. La elección de algunas figuras del statu quo para ocupar carteras clave ministeriales ensombreció la esperanza de esos votantes”( http://diario16.com/entre-expectativas-y-frustraciones/).
Es el caso de la alarma social que despiertan las últimas sentencias, con posicionamientos de ciertos magistrados y magistradas, cabría preguntarnos si estas se basan en una interpretación de la legalidad filtrada por creencias personales o de grupo que pueden llegar a contradecir las creencias o convicciones que subyacen en la esencia del actual marco constitucional de libertades. Pero, entonces, la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado de la adjudicación de la plaza número 36, de la convocatoria pública de 35 plazas de fiscal, a la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, resulta poco menos que cuestionable. Pareciera que las instituciones que deben proteger a todas y todos los ciudadanos, sólo responden a los grupos a los que pertenecen.
Entonces cunde la sensación de que unos y otros nos mean… pero dicen que llueve.
