MIGRANTES DE SEGUNDA CLASE

La reciente tragedia del pasado viernes 24 de junio en la frontera de Melilla ha puesto de manifiesto una vez más que España y Europa clasifican la migración en dos categorías: «migrantes de primera clase» y «migrantes de segunda clase». De los primeros existe un ejemplo por todos conocidos: los ucranianos que huyendo de la guerra están siendo acogidos en los países europeos. De los otros, los migrantes de segunda, desde hace bastantes años, hay infinidad de imágenes que ponen de manifiesto la ominosa situación de estas personas, su total desamparo y la falta de empatía de las autoridades policiales y políticas que la civilizada Europa tiene con ellos.

El viernes 24, alrededor de 2.000 migrantes subsaharianos, escondidos en los aledaños del monte Gurugú de la ciudad fronteriza de Nador, a unos 20 kilómetros de Melilla, trataron de acceder a la frontera desde las 6:40 horas; solo unos 500 llegaron a alcanzar el paso fronterizo de Barrio Chino, donde rompieron una de las puertas de acceso y 133 accedieron a la ciudad de manera irregular.

Los vecinos de Nador afirman que nunca vieron un episodio así, con tanta gente y tanta violencia. Los migrantes subsaharianos, provistos de una radial, palos, piedras, algunos cuchillos artesanales, y sin comida, ni agua, ni nada que perder, decidieron en un intento desesperado buscarse una oportunidad. Morir o pasar a España, ese era el objetivo de esos 2.000 seres humanos, que pretendían únicamente dejar atrás países en guerra, persecuciones, hambre. 

La actuación de la policía marroquí, con un amplio dispositivo para frenar la avalancha de subsaharianos, según distintos testigos, fue brutal. Utilizaron gas, pelotas de goma, porras, piedras lanzadas con hondas. El resultado de este pulso fue una tragedia con más muertos y heridos que nunca. Las autoridades de Nador cifraron el número de muertos en 23, aunque las organizaciones de protección de los migrantes hablan de 27 (Asociación Marroquí de Derechos Humanos) y de 37 (la ONG Caminando Fronteras), siendo esta última cifra la que por el momento se ajusta más a la realidad, en espera de que pudiera ser incluso mayor. Los heridos se han contabilizado por centenares.

Como dice la periodista Patricia Simón, lo ocurrido no es una excepción: «es la cara más visible de la guerra que España y los Estos miembros de la UE libran contra las personas migrantes y refugiadas usando a Marruecos como matón, un país corrupto que no respeta los derechos humanos».

En esta ocasión, como casi siempre, los gendarmes marroquíes actuaron brutalmente, ante la pasividad de la Guardia Civil y Policía Nacional fronterizas. Y una vez más, el Gobierno español miró para otro lado (da lo mismo que sea el PSOE o el PP quien gobierne). Encima, Pedro Sánchez calificó lo ocurrido de «un asalto bien resuelto». Y añadió: «Es importante reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla en la lucha contra la migración irregular y también reconocer el trabajo que ha hecho el Gobierno marroquí para tratar de frenar un asalto violento que pone en cuestión nuestra propia integridad territorial». ¿Se puede ser más cínico? Pedro Sánchez, una vez más, demuestra que con tal de tener el poder es capaz de hacer o decir lo que haga falta. Sus políticas migratorias no distan en absoluto de las que ejercía el gobierno de Rajoy y que él tanto criticó desde la oposición. A Sánchez y su «trio calavera» (José Manuel Albares, en política Exterior, Grande-Marlaska, en Interior, y Margarita Robles, en Defensa), cuesta mucho reconocerles como políticos de izquierdas. Pese a que no corresponde ahora hacer un análisis de las políticas y leyes aprobadas por este gobierno, si conviene puntualizar que los aciertos más importantes en materia social, laboral y libertades han sido iniciativa de su socio minoritario, Unidas Podemos.

Regresando a la tragedia del 24 de junio, donde Sánchez vio «un asalto bien resuelto», los videos que se publicaron mostraron a cientos de personas huyendo del territorio marroquí, donde son víctimas de agresiones y explotación y los gendarmes les persiguen, robándoles comida y pertenencias, agrediéndoles, amenazándoles y, posteriormente, ya el día 24, disolviéndoles de manera criminal. Mientras muchos de los migrantes se revolvían en el suelo, la policía les golpeaba con porras y les pateaba como si fueran fardos humanos; muertos, heridos y vivos, hacinados en el suelo, sacudidos con la punta de las porras y bastones con el fin de cerciorarse de si aún respiraban o se movían. Un investigador de Amnistía Internacional obtuvo imágenes inéditas en las que se ve como policías españoles entregan a posibles refugiados -la mayor parte de Sudán, un país en guerra- a gendarmes marroquíes, sin ningún tipo de averiguación o trámite acerca de su situación. ¿Es ese «el extraordinario trabajo que están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla», al que alude Sánchez?

El reconocimiento que Sánchez hizo del trabajo realizado por el Gobierno marroquí (aunque pasados unos días matizase sus palabras, alegando que desconocía el contenido de los videos que ya eran de dominio público), así como la actuación del ministro Grande-Marlaska (también negando la evidencia, mintiendo en el Congreso: «es falso que agentes marroquíes entraran en territorio español el viernes 24»), deja a ambos en evidencia. En las pruebas documentales -videos y fotografías- se ve cómo la policía marroquí pasaba a territorio melillense para secuestrar a personas ante la mirada impasible de policías y guardias civiles españoles y llevárselas extrajudicialmente a un paradero desconocido. Donde todos los testigos presenciales vieron a gendarmes marroquíes cruzar la valla de Melilla para golpear y devolver en caliente a varias personas migrantes que habían logrado superar el vallado (probado en videos y fotografías), Grande-Marlaska debió ver a unas hermanitas de la caridad uniformadas invitando a los negros intrusos a regresar.

Cerca de 1.000 migrantes, de los detenidos en el asalto a la valla melillense, ya han sido trasladados por la policía marroquí de manera forzosa a las ciudades de Juribga y Kelaat Sragna, entre otras, situadas a 600 y 800 kilómetros respectivamente de la frontera española. Son traslados ilegales, según las organizaciones de derechos humanos, pero una práctica habitual tras las redadas en los montes o los intentos de salto a las vallas fronterizas con España. Seguramente para Grande-Marlaska, estos traslados no son otra cosa que viajes turísticos.

La afirmación de que los hechos del día 24 fue «un asalto bien resuelto», dicho por un gobernante elegido de manera democrática, es más propia de los supremacistas de la ultraderecha internacional. Justificar de una manera tan impúdica la matanza de hombres negros y pobres, procedentes de países en guerra, contrasta con esas fotos del Presidente dando la bienvenida a los refugiados ucranianos y, además, naturaliza la diferenciación de derechos en función del origen y la etnia.

Como si se tratase de sepultar lo ocurrido en el viernes negro, Marruecos se dispone a enterrar los cuerpos en fosas comunes, sin hacer autopsias ni la investigación exhaustiva e independiente que han solicitado numerosas ONG internacionales, entre ellas, AMDH-Nador. Para las autoridades del país alauita y, por extensión, España y la UE, que miran para otro lado, estos muertos no cuentan, tampoco importa si sus familias saben o no dónde están sus cuerpos enterrados, y eso en el caso de que alguien les comunique la tragedia.

Lo ocurrido, además de inhumano, cruel y degradante, es ilegal. Incumple la Declaración de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951: un refugiado es una persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresara él». Recordemos que la mayor parte de estos migrantes subsaharianos pertenecían a Sudán, Sudán del Sur o Chad, países con conflictos armados, por lo tanto, susceptibles de recibir protección internacional. Ni los que lograron cruzar ni los que fueron devueltos en caliente pudieron solicitarlo, ya que solo podían llegar a la oficina habilitada para ello saltando la valla. Y eso por qué, se preguntarán algunos. Pues porque esas personas no pueden solicitar asilo en las embajadas de sus países, o mediante procedimientos telemáticos, o tras coger un avión o un ferry de manera regular. Todos ellos son «migrantes de segunda clase» para el mundo civilizado.

Resulta lamentable escuchar a Pedro Sánchez que los responsables de estas escenas atroces sean las mafias. Si existen las mafias es porque las autoridades no dejan otra posibilidad para escapar de la guerra, la persecución o el hambre a personas como estas. Imaginen por un momento que los ucranianos que huyen de la guerra se encontrasen en las fronteras con vallas de 7 u 8 metros, ¿qué harían? Saltar la valla, enfrentarse a los policías que les impidieran el paso y su indiscutible reconocimiento de refugiados. España y Marruecos actúan como Estados mafiosos al servicio de unos intereses espurios. El único interés que prevalece es el de rechazar a este tipo de migrantes. Nuestra política de extranjería -y la europea- sostiene que necesitamos una «inmigración ordenada», debido a las necesidades del mercado. ¡Menos cinismo, por favor! Lo que quiere el mercado es mano de obra asustada y clandestina que trabaje mucho por muy poco dinero, a la que se la pueda expulsar cuando convenga.

Esto es una vieja e indecente historia. Entre los tragados por las aguas del Mediterráneo o el Atlántico, los masacrados o asesinados por la policía marroquí o española, los caídos desde lo alto de las vallas, estrangulados por las concertinas, el saldo es de muchos miles de muertos y heridos. Recordemos que, en 2014, con un gobierno del PP, en la playa ceutí de El Tarajal, agentes de la Guardia Civil dispararon pelotas de goma y gases lacrimógenos contra personas que nadaban hacia la playa. Murieron ahogadas 15 personas y la causa se archivó sin que nadie haya rendido cuentas. Pedro Sánchez criticó entonces duramente al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy.

Donde ahora Pedro Sánchez y su ministra portavoz, Isabel Rodriguez, ven mafias como responsables de lo ocurrido, la realidad dice que hay refugiados muertos y malheridos, debido a los pagos multimillonarios que España y la Unión Europea le llevan haciendo más de dos décadas a Marruecos como recompensa por hacer de matón.

Marruecos ahora se siente muy respaldada, además de por Estados Unidos (que agasaja a Mohamed VI, uno de los sátrapas más poderosos del continente africano), también por España y la UE. Sin duda, el rey alauita y su gobierno andan envalentonados desde que Sánchez de manera sorpresiva decidió posicionarse a su lado, dejando en la estacada al pueblo del Sáhara Occidental, contra la opinión mayoritaria del Parlamento y de la judicatura española. En fin, Sánchez a lo suyo, a mantenerse en el poder, traicionando las reivindicaciones históricas del pueblo saharaui, creando una nueva discordia con sus socios de gobierno, Unidas Podemos, cosechando la crítica de todas las ONG internacionales y enfadando a Argelia hasta el punto de suspender el tratado de amistad y buenas relaciones de vecindad firmado con España en 2002, así como a congelar los vínculos comerciales entre ambos países.

No hace mucho la Justicia española ha condenado al Gobierno por las expulsiones ilegales de 55 menores marroquíes no acompañados desde Ceuta a Marruecos el pasado año. Este tipo de expulsiones y devoluciones en caliente ocurren, desgraciadamente, no de manera aislada y encima amparándose en la polémica «ley mordaza» de Rajoy, que Sánchez prometió derogar en cuanto fuese presidente del Gobierno. Todavía, después de 4 años, seguimos esperando que cumpla su palabra. El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migrantes ha pedido a España y Marruecos que abran una investigación inmediata y completa sobre lo sucedido en el pasado 24 de junio, manifestando que los Estados deben garantizar que su Policía y prácticas en frontera respeten sus obligaciones de derechos humanos y garanticen el derecho a la vida y a la dignidad.

En resumen, existen dos tipos de migrantes: los de primera clase y los de segunda. La pregunta es por cuánto tiempo más vamos a permitirlo.