Volver a pensar: un regreso consciente a la filosofía

“Si la república es la cosa del pueblo y no existe pueblo que no esté fundado sobre derechos reconocidos, y no hay derecho donde no hay justicia, síguese que donde no hay justicia no hay república” (San Agustín, La Ciudad de Dios, Lib. XIX, Cap. XXI, 1).

La historia política se constituye en el encadenamiento de los términos citados. Se agregaran otros, que vincularan significados iguales para representaciones idénticas. “Sólo el sujeto público, esto es, el Estado es capaz de asegurar, y de ahí la distinción entre lo que es justo y lo que no lo es” (Hobbes, T., Del ciudadano, Cap. X).

La acumulación o sedimentación de conceptos y argumentaciones, establecerán una inmanencia o performatividfad de la noción estado, como factor determinante e ineludible de la organización (política) de lo humano. “Cuál sea o haya sido el origen histórico del estado en general o de un estado particular, de sus derechos y disposiciones, si han surgido de relaciones patriarcales, del miedo o la confianza, de la corporación, etcétera, y cómo ha sido aprehendido y se ha afirmado en la conciencia aquello sobre lo que se fundamentan tales derechos –como algo divino, como derecho natural, contrato o costumbre–, todo esto no incumbe a la idea misma del estado”  (Hegel, G. W. F. Tercera parte: La eticidad. III. El Estado, parágrafo 258).

Indiscernible lo legal con lo legítimo, bajo la figura de estado, que detenta entre otros usos exclusivos el monopolio de la fuerza, el formato, la disposición de lo político debe administrarse (lo que implica que no puede ser modificado en lo dispuesto/impuesto) de forma tal que aquel demos etimológico, tenga sentido de ser y pueda intervenir en la otra definición de la cosa pública, para que acontezca la consolidación de lo común o al menos mayoritario.

El Estado, se constituirá en detentador de esa vaga “idea abstracta de universalización de la democracia y de los derechos humanos” (Habermas, J. Identidades nacionales y postnacionales, trad. de Manuel Jiménez Redondo, Tecnos, Madrid, 1989, p. 102).

La democracia como ultima ratio de la continuidad del estado (suple a la violencia o al ipso facto) no exhibe debilidad alguna en cuanto a su legalidad, establecida en la historicidad jurídico-normativa o incluso filosófica. Sin embargo, precisa, a los efectos de ser comprendida en sus tiempos, sus desfasages y el orden simbólico (las faltas y carencias) que propone, un discernimiento en razón de las fuerzas, emocionales, racionales y argumentales con las que legitima su razón de ser y la continuidad de la misma como lo mejor de los sistemas posibles.

La representación vía el voto directo de los ciudadanos, en su calidad de tales, independientemente, es decir sin que importe la condición en la que se encuentren los mismos, desde nuestro aquí y ahora, en donde la preponderancia de la cantidad, del número, de lo que se tiene o deja de tener (y que arrincona a tantos en los márgenes, de la marginalidad e indignidad de la pobreza) desvirtúa la noción no sólo de igualdad sino del espíritu del contratismo que es la esencia de lo democrático, que reviste la noción de estado, y el concepto fundante de lo justo que alumbra la cosa pública.

“En cuanto a la igualdad, no debe entenderse por tal el que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que el primero esté al abrigo de toda violencia y que no se ejerza jamás sino en virtud del rango y de acuerdo con las leyes; y en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre para verse obligado a venderse, lo cual supone en los grandes, moderación de bienes y de crédito, y de parte de los pequeños, mesura en la ambición y la codicia” (Rousseau, J. J. Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Bs. As.: Fabril Editora, l963, p 189).

Necesitamos, imperiosamente, quiénes habitamos en la noción formal, como en lo subyacente de lo democrático, instituciones que surjan, desde una representación aún no instituida que brinde una legitimidad de argumentos o de razones, extraviada hace décadas por la pérdida de consistencia ideológica de los partidos políticos que se convirtieron en aparatos o maquinarias electorales, procedimentales y robotizadas. Muchas veces estas, regodeadas en las prácticas más aberrantes de cosificar la necesidad de las  mayorías desposeídas, mediante prácticas como la dádiva o la prebenda, o justificando el accionar corrupto de sus integrantes en situación de privilegio.

Inspirados, sin que implique una mismidad, en el planteo platónico de un valor singular de quiénes persiguen, per se, sin especulaciones que condicionen tal búsqueda, la sabiduría, el conocimiento o las primeras o las últimas causas, la filosofía debe constituir para luego instituir un parlamento que emita dictámenes a la sociedad toda, incluyendo a sus integrantes en su individuación como sus instituciones constituidas. El impacto que tengan tales resoluciones quedará a vista del ineluctable devenir, sin que ello no implique lo que hagan o dejen de hacer para ellos los integrantes de tal congreso o parlamento filosófico.

Un parlamento, congreso, asamblea filosófica, que trate un tema, general y puntual, un día y una hora determinada, mediante una plataforma virtual que pueda posibilitar la sesión más allá de lo territorial, y que en la misma, luego de la exposición de quiénes integren tal ámbito (que serán quiénes se dedican a la filosofía, validados por sus pares) para emitir un dictamen será de una contribución impensable para el conjunto del significante democrático.

Camino a constituir tal experiencia, a los efectos de contar con el apoyo de lo que puedas hacer o dejar de hacer al respecto, el próximo 10 de junio lo intentaremos.

Francisco Tomás González Cabañas

Por una Asamblea Filosófica.

 

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