Las recetas de Iceta
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Iceta, primer secretario del consejo nacional del PSC se muestra estos días contenidamente eufórico. El caos en que han sumido Puigdemont y Junqueras a Cataluña durante los dos últimos años ha servido para que este político afable y dialogante pueda presentarse a las elecciones catalanas como la (única) solución para cambiar el rumbo y dejar atrás unos años que han resultado desastrosos para la mayoría de los catalanes en todos los ámbitos: político, social y económico. El 12 de diciembre tuve ocasión de interpelarle en el desayuno que organizó Empresaris de Catalunya (EC) y pude confirmar de primera mano su consumada habilidad para escaparse de las preguntas incómodas. Algunas de sus posiciones políticas quedaron, no obstante, meridianamente claras.

Borrón y cuenta nueva

La república de Puigdemont-Junqueras acabó pocas horas después de que se proclamara en el Parlament el 27 de octubre. El Gobierno de España invocó el artículo 155 de la Constitución, cesó al gobierno de la Generalitat, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. Al presidente y al vicepresidente cesados se les investiga por organizar y financiar el “inaceptable intento de secesión” de Cataluña, y serán probablemente juzgados junto con el resto de consejeros, Forcadell, presidenta del Parlament, y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural. Aunque ninguno de ellos ha mostrado arrepentimiento alguno y varios siguen empeñados en desacreditar la democracia española, el conciliador Iceta se ha apresurado a pedir el indulto para los golpistas.

La marcha de más 3.000 sociedades de Cataluña desde el 1-O, la caída del turismo y la inversión inmobiliaria, la paralización de inversiones empresariales, y la salida de capitales en busca de lugares más seguros, constituyen otro lamentable legado de dos años de desgobierno. No me sorprende que a Iceta le preocupe el informe del BBVA que sitúa a Cataluña en el furgón de cola en sus previsiones de crecimiento para 2018, cuando hace sólo tres años era una de las Comunidades con mejores perspectivas. A todo ello, hay que añadir el aumento sostenido de la deuda de la Generalitat a la que el pérfido Ministerio de Hacienda ha inyectado 72.564,2 millones desde 2012, para hacer frente a las nóminas de empleados, las facturas de proveedores y los vencimientos de deuda. Aduciendo que el peso del ajuste ha recaído sobre las Comunidades, Iceta solicita condonar la deuda contraída.

Más autonomía y mejor financiación

Las propuestas de Iceta para despejar la inestabilidad política y revertir la situación económica en Cataluña son también bastante simples: conceder más autonomía a Cataluña y mejorar su financiación, respetando el principio de ordinalidad. Nada nuevo bajo el sol. La música me retrotrae al primer tripartito de Maragall, cuando el Parlament aprobó la Propuesta de Reforma del Estatut de Catalunya el 30 de septiembre de 2005, con gran alborozo de ERC y CiU; y al segundo tripartito, presidido por Montilla, cuando el PSC negoció el nuevo modelo de financiación aprobado en 2009. A la vista del desastre actual, uno sacaría la paradójica conclusión de que la solución no es precisamente más autonomía y mejor financiación.

En una entrevista reciente en Expansión, Iceta expresaba su intención de nombrar a un consejero delegado (CD) en caso de ser investido presidente. Lo primero que el CD le diría es que un organismo (Generalitat) que presenta un agujero de 12.100 millones en media durante los últimos 6 años está claramente sobredimensionado. En segundo lugar, le recordaría que el déficit puede eliminarse aumentando la financiación, como pide Iceta, o reduciendo el gasto. Y tercero, que se pueden destinar más recursos a sanidad, educación y políticas laborales y sociales, como Iceta desea, cambiando las prioridades. Hay margen: el importe destinado a estas tres secciones presupuestarias asciende a 16.500 millones en 2017 sobre un total presupuestado de 28.000 millones (deuda excluida).

Quizá el problema de infrafinanciación tenga su origen en la pretensión de la Generalitat de convertirse en estado donde, además, sus gobernantes, diputados, policías, funcionarios, etc., cobran más que sus homólogos en la Administración Central u otras Comunidades. No hay razón alguna para que el M.H. President cobre el 80% más que el Presidente de España, ni para que al terminar su mandato tenga derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 80% del sueldo y a disponer de un despacho pagado por los contribuyentes. Pienso, además, que un buen CD podría encontrar sin demasiado esfuerzo varias decenas de millones en otras secciones presupuestarias (82,3 millones al Parlament y órganos consultivos y 673,1 millones a Presidencia, Vicepresidencia y Relaciones Institucionales) que podrían dedicare a mejorar los servicios públicos. 

Talante e intolerancia

Tras unos años de enorme crispación política y social en Cataluña, se agradece el  talante afable de Iceta. Conviene recordar, sin embargo, que la confrontación con las instituciones del Estado se gestó durante los gobiernos tripartitos presididos por el PSC, que prepararon el terreno al soberanismo de Mas y al secesionismo desbocado de Puigdemont-Junqueras. Me alegra comprobar que el programa del PSC ya no incluye el ‘derecho a decidir’ y sus líderes han renunciado a acabar con el PP (“fem fora a Rajoy”). Pero en muchos aspectos, las actitudes sectarias y las posiciones políticas apenas han variado.

Cuando pregunté por qué la bandera constitucional brilla por su ausencia en los actos del PSC, Iceta respondió que le gusta el escudo porque simboliza la España federal pero que la única bandera que le pone es la roja. Cuando inquirí acerca de la inmersión lingüística en la escuela catalana –una práctica reminiscente del franquismo que coarta los derechos de los castellano-parlantes– repitió los tópicos habituales: es un modelo de éxito que facilita la integración y promueve la cohesión social. ¡Por eso, pensé, Montilla llevó a sus hijas al Colegio Alemán! En fin, ahí está la hemeroteca para recordar la furibunda reacción del PSC contra los inocentes decretos de enseñanzas mínimas de Zapatero, nunca aplicados en Cataluña. O la infinidad de resoluciones que el PSC ha promovido o aprobado en Ayuntamientos a favor de la inmersión y en contra del cumplimiento de las sentencias que reconocen el derecho a que el castellano sea lengua vehicular.

En el ámbito económico, además de la inasumible petición de condonar la deuda, Iceta propone que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude todos los  impuestos estatales y el nuevo modelo de financiación no penalice a las Comunidades con mayor capacidad fiscal. En cuanto a la primera propuesta, hay buenas razones para preferir el modelo estadounidense –donde el IRS recauda los impuestos federales– al modelo alemán. En cuanto a la financiación, los socialdemócratas deberían aspirar a que todos los ciudadanos reciban la misma financiación, a igual esfuerzo fiscal, con independencia de dónde residan, ni más ni menos. La Hacienda del Estado no puede ser la suma de las aportaciones de las haciendas territoriales a un fondo de solidaridad.

Ni el federalismo un mero pretexto para frenar la consecución de la igualdad o favorecer subrepticiamente a unos ciudadanos a costa de otros. Para un socialdemócrata, el reconocimiento de Cataluña como nación no puede ser excusa para establecer diferencias en derechos y obligaciones o limitar la solidaridad interpersonal. Como norma, los principios aplicables al conjunto de Comunidades deberían ser también aplicados a los territorios que integran cada Comunidad. Azúa, uno de los impulsores del manifiesto que dio origen a Ciudadanos, decía en una entrevista que el PSC es “primero catalán y luego socialista”. Aunque llevan algunos años soltando lastre, el nacionalismo sigue todavía primando sobre el socialismo. Una pena, porque los socialdemócratas catalanes llevan tiempo huérfanos.

El estado de derecho por encima de todos nosotros

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