El concepto de disfuncionalidad puede resultar esclarecedor, si de política nacional hablamos. Así, por tal, entenderíamos algo que no funciona como corresponde, que no cumple adecuadamente su fin, por alguna alteración física, química o conductual. Son muchas las organizaciones que pueden padecer disfunciones. Al menos, todas aquellas que cumplen una función, un servicio o rol, concebido para lograr un objetivo. Así, esto sucede en un organismo vivo, y la sociedad civil lo es, en el cumplimiento de cualquiera de las funciones dentro del ámbito democrático.
Si la política se ejerce con una visión alejada de los intereses generales, entonces se convierte en disfuncional. De la misma manera que una ley, cuyo concepto es que sea una pauta social, se transforme en un medio para legalizar injusticias. Esto es, una norma que responda a resolver las disfunciones que se deriven de la propia evolución de esas personas en comunidad. De su perfeccionamiento. Resultaría inconcebible creer que las normas, es decir las leyes, no atiendan a esas necesidades. Cada conjunto de normas sociales deben ser específicas y particulares a cada comunidad. Por tanto, deben de organizarse de tal manera que respondan a las necesidades e intereses de esa comunidad. Proceder de modo inverso, es decir, entender a las normas para resolver los intereses de grupos particulares en desmedro de los intereses generales, es definidamente disfuncional a los principios democráticos.
La propia Unión Europea se encuentra en esta disyuntiva. Los acuerdos opacos, que están resultando cada vez más frecuentes, atienden a los intereses de los lobistas. Ello, antes que al de muchas de las diversas sociedades civiles que configuran a esta área económica. Porque ya es hora de que se entienda que el proyecto europeo ha fracasado. Fracasa en las orillas de Lesbos, en la valla de Melilla, en las oficinas de esa antidemocrática superestructura denominado Banco Central Europeo. El concepto de esta Europa no responde a los intereses de los ciudadanos. Se ha tornado perversa. Su funcionamiento está comprobándose cada vez más disfuncional a los objetivos particulares de sus estados miembro.
La política española es fiel reflejo de esa distorsión. Tenemos a un jefe de gobierno que ha sido obediente a otros intereses, no a los de los ciudadanos que debió representar. Se debió sostener la misma presión en las negociaciones, para que España no hubiese sido tan afectada como lo ha sido y lo sigue siendo. El gran fraude fiscal. La modificación de las normas, como el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, verdadero punto final para muchos imputados por corrupción. La desoladora reforma laboral que, para colmo, no ha servido para nada. La incompetencia para resolver políticamente los conflictos con las nacionalidades constitucionales. Lo son porque están contenidas en su artículado. Estamos mucho peor que donde estábamos y, lo que es terrible, han puesto a España al borde del colapso. Esta gente se atribuye éxitos falaces, sin asumir ninguna responsabilidad por los desastres que los vinculan a fenómenos tales como las víctimas de la pobreza creciente. Maestros de la postverdad anuncian que la impedirán en las Redes Sociales. Censura lisa y llana, encabezada por el conjunto de políticos más sospechados de corrupción de la historia de España. Muchos de ellos descendientes de aquellos que votaron en contra de esta Constitución que dicen defender, pero de la que incumplen una porción significativa de su articulado.
Bajo el título de norma, todas las leyes, repito, entendemos que se establece para ser cumplida por los sujetos, en general ciudadanos, de un lugar y un espacio determinados. Son portadoras de valores, en nuestro caso, hasta ahora al menos, nítidamente humanistas, que sirven para organizar comportamientos, actitudes y diferentes formas de actuación, de manera de no entorpecer el bien común. Contravenir este requisito, es subversión del sistema. La corrupción no es una de las habituales conductas de los españoles. Todos los tesoreros de Alianza Popular, antes, y del Partido Popular, ahora, incluida la actual, están imputados. Esos comportamientos subvierten los valores. Son disfuncionales a la democracia. Recordemos que una Sociedad Civil se articula en torno a valores comunes que le dan sentido.
El origen etimológico de “subvertir”, lo encontramos en el término latín subversĭo, que derivaría en el verbo subvertir. Es sinónimo de trastornar o destruir. El concepto de subversión, por tanto, se encuentra relacionado a una rebelión, una alteración o un daño, en especial en el sentido moral. La palabra subversión comenzó a adquirir su significado actual, que se refiere a los intentos de socavar los cimientos de un sistema de poder, como por ejemplo, el Estado.
La necesidad de repensar la Constitución es un hecho. La voluntad de impedirlo es disfuncional. El sistema proseguirá alejándose entonces de los valores que nos identifican. Como el símbolo del Abrazo que, finalmente, se ha colgado en el Parlamento. Es la expresión del espíritu de la democracia. Del fin de la oscuridad.
Encontremos la luz. Seamos funcionales a la Democracia. Combatamos la subversión por medio de un ejercicio honesto de la ciudadanía. Defendamos a España. Liberémosla de sus captores.
