La sociedad civil catalana ante el 6-D
Fuente imagen: https://www.elconfidencial.com EFE

Hasta hace pocos meses, la mayoría de ciudadanos catalanes que se sentían demócratas e inequívocamente constitucionalistas guardaban un prudente silencio, entre anestesiados y atemorizados por la todopoderosa y desafiante Generalitat (Gobierno, Parlamento, Diputaciones y Ayuntamientos) que controla, además del ingente presupuesto del sector público, cercano a los 40.000 millones, casi todos los órganos rectores de instituciones públicas y semipúblicas y los omnipresentes medios de comunicación, siempre prestos a difundir las consignas del régimen nacional-secesionista, y a descalificar y estigmatizar a quienes osan oponerse a su plan de constituir un estado independiente en forma de república. La situación ha cambiado notablemente este otoño pero las amenazas a la libertad e igualdad de los españoles seguirán muy presentes tras las elecciones autonómicas del 21-D.

El despertar de la sociedad civil catalana

El pasado 30 de septiembre, las asociaciones cívicas Espanya i Catalans, Somatemps, Regeneración Democrática, Movimiento 12-O y Profesores por el Bilingüismo desafiaron una vez más al poder establecido y convocaron una manifestación en Barcelona que alcanzó un notable éxito de asistencia. Fue el pistoletazo de salida de las tres manifestaciones multitudinarias que se celebraron los días 8, 12 y 29 de octubre, en las que centenares de miles de catalanes tomaron las calles de Barcelona para reclamar libertad, democracia y respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Las secuelas de esas movilizaciones se han dejado sentir también en infinidad de manifestaciones y concentraciones en otras ciudades de Cataluña, las últimas en Badalona y Gerona el 25 y 26 de noviembre, respectivamente.

Estas movilizaciones recientes hacen más meritoria si cabe la tenaz labor de resistencia que estas modestas asociaciones han venido desarrollando desde 2012 para mantener vivas en Barcelona las celebraciones de la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre (12-O) y el aniversario del refrendo de la Constitución Española el 6 de diciembre (6-D). Así cayera un sol de justicia o chuzos de punta, sin apenas recursos y conscientes de que su esfuerzo tenía un valor meramente testimonial, algunos catalanes se empeñaron en mantener encendida la llama de la libertad y la justicia, la igualdad y la pluralidad en Cataluña, haciendo oídos sordos a las siempre inmisericordes descalificaciones de los medios de comunicación, y sobreponiéndose a la incomprensión de otras asociaciones y partidos.

En 2014, publiqué un artículo titulado “Ausencias significativas” (Crónica Global, 9 de diciembre) en el que lamentaba que “casi todos los partidos políticos y algunas asociaciones decidieron que sus líderes tenían cosas mejores de las que ocuparse ese día, y en lugar de movilizar a sus bases celebraron la efeméride por separado, bien ese día bien unos días antes”. La situación ha mejorado mucho desde entonces y las manifestaciones del 8, 12 y 29 de octubre en Barcelona contaron con el respaldo de todas las asociaciones constitucionalistas. Pese a que un medio de comunicación anunció hace unos días que Sociedad Civil Catalana (SCC) renunciaba “a manifestarse el día 6… para no enfrentar a los partidos constitucionalistas”, deseamos y esperamos que los actos que la asociación planea hacer en Bruselas, Washington y Tarragona no sean obstáculo para adherirse a la manifestación convocada por Espanya i Catalans y otras asociaciones en Barcelona el 6 de diciembre. En ningún caso, la celebración del refrendo popular de la Constitución debería ser motivo de enfrentamiento entre partidos constitucionalistas.

Peligros tras el 21-D

La aprobación de la Constitución de 1978 constituye un hito sin precedentes en la historia política de España porque, gracias a ella, los españoles hemos podido vivir en libertad, concordia y prosperidad por primera vez durante casi cuatro décadas ininterrumpidas. La Constitución es para los ciudadanos de a pie la principal garantía con que cuentan para detener las arbitrariedades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para los catalanes, la Constitución cobra incluso más importancia por la inclinación de la Generalitat a saltarse el ordenamiento jurídico. Paradójicamente, esa misma Constitución y el resto de normas democráticas que pretendían derogar las llamadas ‘leyes’ de desconexión son las que ahora amparan el derecho de Puigdemont,  Junqueras y el resto de sediciosos a tener un juicio justo. Contrariamente a lo que afirman los secesionistas, en España no hay presos políticos porque nadie va a la cárcel por expresar ideas a menos que cometa actos tipificados como delitos.

Hay una segunda razón de peso para celebrar el XXXIX aniversario de la Constitución este 6-D. Como las setas en un otoño lluvioso y benigno, cada día aparece una nueva propuesta para reformar la Carta Magna con la excusa de ponerla al día. Algunos se muestran escandalizados porque han pasado 39 años y nos hemos adentrado en el siglo XXI con una Constitución del XX. El asunto lleva años coleando y hay tantas propuestas sobre la mesa y con fines tan variopintos que resulta difícil augurarles mucho futuro. Algunas afectan a detalles relativamente nimios que en nada impiden el normal funcionamiento de las instituciones pero hay otras que podrían ahondar las desigualdades entre españoles, limitar subrepticiamente la libertad de circulación y aumentar, en lugar de reducir, las disfunciones administrativas y los conflictos competenciales.

Hay reformistas que abogan por aplicar el principio de proporcionalidad de manera estricta, otros partidarios de convertir el Senado en una ‘auténtica’ cámara territorial y hasta algunos que pretenden eliminar la Cámara Alta. Hay quienes desean acabar con aforamientos y Diputaciones, otros introducir derechos sociales y algunos reformar el Título VIII para precisar las competencias de cada instancia ejecutiva y legislativa; etc. A casi nadie parece habérsele ocurrido pensar que los principales problemas a los que nos enfrentamos los españoles en el siglo XXI, incluido el auge del secesionismo en Cataluña, podrían no ser culpa de la Constitución ni tampoco resolverse con su reforma. Siendo realistas, las únicas reformas imprescindibles son aquéllas que podría compartir una mayoría cualificada de nuestros representantes políticos y acordarse, por ende, con suma facilidad.

No se me malinterprete: animo a los expertos constitucionalistas y administrativistas a seguir avanzando propuestas de reforma y a los ciudadanos a estar muy atentos para impedir que les den gato por liebre. Por ello, propongo someter cada propuesta a un sencillo test: ¿servirá para reforzar la libertad e igualdad los españoles o para blindar y reforzar los privilegios de unos ciudadanos a costa de otros? Pónganse sobre aviso en cuanto escuchen al reformista de turno defender la superioridad del “modelo federal” para sustanciar la noción de ‘nación de naciones’; o apelar a los ‘derechos históricos’ y ‘singularidades nacionales’ de tal o cual ‘pueblo’ para justificar el establecimiento de un “régimen jurídico singular’ sobre la base de una ‘relación bilateral con el Estado’.

Me explico. La reciente propuesta avanzada por un equipo de diez catedráticos –cinco de ellos adscritos a Universidades catalanas– sugiere que para evitar conflictos competenciales “los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico” y aboga por “reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y la Unión Europea”. ¿Qué habría sido de los ciudadanos constitucionalistas en Cataluña si la Propuesta de Reforma de Estatut aprobada por el Parlament el 30 de septiembre de 2005 se hubiera convertido en ley sin pasar por los filtros del Congreso y del Tribunal Constitucional? Y, ¿podrían funcionar con normalidad las instituciones del Estado y de la UE con participación de gobiernos cómo los que ha tenido Cataluña en los últimos 5 años? Al parecer, los líderes de Podemos y los secesionistas catalanes no son los únicos empeñados en acabar con España y con la UE: cuentan con la inestimable ayuda de algunos eminentes juristas.

Barcelona celebra la Constitución el 6-D

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