Transcurridos más de 40 años desde que se aprobó la Constitución, España ha cambiado mucho en los planos económico, social y político, y también en el religioso. Desde entonces hasta hoy ha nacido mucha gente que no pudo votar el texto constitucional y que seguramente no se identifican con muchos de sus artículos. A la «generación X», le sucedió «la generación Y» («millennials») y a ésta la «generación Z», y desde 2010 para acá ya hay otra generación que se asoma. Todos ellos se han encontrado con unas reglas de juego para las que no fueron consultados. Y a todos ellos se les ha dicho que han nacido libres. Irónico y difícil de conjugar esta contradicción, en la que por un lado te dicen que eres libre pero dentro de un orden constitucional sobre el que tú ni has opinado ni has votado.
Posiblemente muchos sientan que nuestro marco de convivencia, a la vista de lo solemnes que se ponen cuando hablan de él y de lo reacios que se muestran para posibles reformas, es más un libro sagrado e intocable que un texto hecho por personas, por y para las personas, que puede y debe ser reformulado a medida que la ciudadanía tenga nuevas necesidades. Si me lo permiten, cuando los llamados «constitucionalistas» hablan de la Constitución no puedo evitar imaginarme a Pablo Casado, Albert Rivera o Pedro Sánchez, convertidos en el Moisés bíblico, alzando las Tablas de la Ley ante el pueblo. Por ello es por lo que he decidido titular este artículo como: «La Sagrada Constitución».
Julio Anguita, el que fuera secretario general del PCE y coordinador federal de IU, en su libro «Contra la ceguera: Cuarenta años luchando por una utopía», nos dice: «El discurso político es propuesta, es compromiso, lenguaje dulce y duro a la vez, acercarse al pueblo y a veces decirle al pueblo cosas que no le gusta escuchar, como por ejemplo, que la Constitución se ha convertido en un papel mojado con el que PP y PSOE han hecho y deshecho a su antojo y que por eso ha perdido su sentido».
Uno de los mantras que más ha repetido este caballero y honesto político en las últimas décadas ha sido: «Hoy ser revolucionario significa cumplir la Constitución (toda)». Porque como nos preguntamos en el subtítulo del artículo, «¿hay vida después del 155?», parece que los autoproclamados «constitucionalistas» solo invocan la Constitución para aplicar el art. 155 en Cataluña. Y del resto de artículos qué pasa.
A cambio de apoyar la aplicación del artículo 155 en Cataluña, el PSOE solicitó en 2017 al Gobierno de Mariano Rajoy que se negociase una reforma de la Constitución para 2018 que pudiera resolver el problema catalán. Cosa que no ocurrió y que ahora con el gobierno en funciones de Sánchez tampoco ha ocurrido. Los políticos cuando llegan al poder ya no quieren oír hablar de reformas constitucionales. Veremos qué pasa con el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre de 2019.
En la historia democrática del país comprendida entre 1978 y 2019 se ha reformado la Constitución tan solo en dos ocasiones, una circunstancia que diferentes analistas achacan a la supervivencia del franquismo sociológico tras su promulgación.
La reforma de 1992.- Con motivo del tratado de Maastricht se cambió el art. 13.2. para armonizarlo con el texto europeo mediante el cual se precisaba que todo ciudadano de la Comunidad Económica Europea debía poder presentarse a elecciones en los países miembros si residía en ellos. Para su aprobación votaron a favor 332 diputados de distintos partidos, PSOE, PP, CONVERGENCIA I UNIÓ, IZQUIERDA UNIDA y PNV. Dado que ninguna fuerza política consiguió reunir 35 diputados para solicitar un referéndum, este no se produjo.
La reforma de 2011.- Finalizando la legislatura de Rodríguez Zapatero (PSOE) y con la crisis en su punto álgido, desde la Unión Europea se quiso que España aceptará incluir en el art. 135 el «principio de estabilidad presupuestaria», que impedía a las instituciones públicas superar un déficit concreto, limitando así su gasto, lo que priorizaba la estabilidad presupuestaria frente al gasto social.
PODEMOS se había comprometido a derogar el art. 135 si ganaba las elecciones de 2019, por considerar que esta nueva redacción que hicieron con nocturnidad y alevosía el PSOE y el PP del mencionado artículo había traído muchos recortes y sufrimiento para los más desfavorecidos. A tal fin, la formación está comprometida con «revertir» la reforma y «blindar» derechos sociales como sanidad, educación, pensiones, vivienda o trabajo, entre otros, en la Constitución para que no sean simples declaraciones sino derechos subjetivos con el compromiso de su cumplimiento y financiación.
Para José Moisés Martín, economista y consultor internacional, la reforma del art. 135 ha sido de dudosa consistencia económica y ha limitado la posibilidad de llevar a cabo políticas económicas alternativas.
En conclusión: una reforma excesiva, precipitada, un grave error que ha supuesto a los españoles vivir peor.
De las dos modificaciones que ha sufrido nuestra Constitución en 41 años, tanto en un caso como en el otro, éstas fueron reformas que vinieron determinadas por la Unión Europea, por lo que podemos concluir que en realidad no se ha hecho ninguna reforma que vaya en la línea de adaptar el texto a las cambiantes circunstancias del país.
La rigidez de nuestros políticos a la hora de iniciar cualquier cambio constitucional es debida, entre otras razones y en opinión de muchos expertos, a la monarquía (y a sus seguidores), que temen que cualquier reforma pueda implicar necesariamente el cuestionamiento del modelo de la monarquía parlamentaria.
Nuestro inmovilismo constitucional contrasta con la flexibilidad de otros países de la Unión Europea a la hora de cambiar su Carta Magna. Nuestros vecinos portugueses, cuyo texto constitucional fue aprobado en 1976, ya han tenido un total de 7 procesos de revisión constitucional. Austria ha promovido desde 1930 más de 100 enmiendas y revisiones de su Constitución. Alemania, desde 1949, ha retocado la suya más de 60 veces. En Francia lo han hecho en 24 ocasiones, en Irlanda en más de 30, en Bélgica en 13 ocasiones, en Italia en 12 ocasiones… En España, una vez más, estamos a la cola.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en su último barómetro político, a la pregunta de si, tras 40 años de vigencia de la Constitución de 1978, ha llegado el mo-mento de reformarla, un 69’9% de los encuestados respondió que «sí» y un 14’9% que «no». Lo que puso de relieve, como en otras consultas anteriores, que «una mayoría muy importante de los españoles quieren que se reforme la Constitución». Entre los que se decantan por los cambios, un 33’2% precisa que vería bien una pequeña reforma, un 49’3% se inclina a favor de una reforma importante y un 14% demanda un cambio casi total. Así que tomen nota los políticos y no olviden que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (art. 1.2. de la Constitución), lo que quiere decir que desde el Gobierno están obligados a atender las demandas del pueblo, y más en este caso en el que casi el 70% de los españoles han expresado su voluntad de cambio. El Gobierno debería, en primer lugar, hacer un referéndum si quiere que los valores de la encuesta citada se conviertan en demanda oficial. A partir de ahí, mediante campañas informativas y debates, crear el ambiente propicio para la posterior y definitiva consulta. El pueblo debe opinar sobre qué aspectos y artículos de nuestra Carta Magna deben ser reformados.
Pero mientras llega y no llega la ansiada reforma constitucional, al menos se debería velar para que el cumplimiento total de la vigente Constitución sea un hecho. Que no sea solamente el cacareado artículo 155 quien suscite ruido y debates. Que a nadie le quepa duda de que después del mencionado artículo hay vida en la Constitución.
Quienes se han erigido en custodios de la Constitución del 78′, autoproclamándose hasta la saciedad de «constitucionalistas», deberían poner el mismo ímpetu que ponen en el art. 155 en cumplir y hacer cumplir todos los demás artículos.
Entre los artículos que no se cumplen, parcial o íntegramente, cabría destacar nada más y nada menos que hasta un total de 26 de artículos:
Art. 1.- Soberanía Nacional
«España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político…»
La Comisión Europea anunció que España es hoy, junto con Bulgaria, Grecia y Lituania, uno de los países de la UE con mayor desigualdad de renta. Y la OCDE certificó no hace mucho que España es el séptimo país de los 33 de la organización donde más creció la desigualdad en los últimos años…
Art. 6.- Partidos políticos
«Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos»
A día de hoy sigue existiendo un déficit democrático en la mayoría de los partidos políticos. Hay una escasa participación directa de los afiliados y de la ciudadanía en la toma de decisiones, las propias formaciones suelen blindar sus procesos internos y falta una mayor transparencia.
Según el presidente de la Asociación Española de Consultores Políticos, «muchas de las primarias que se realizan en los partidos políticos son una farsa, están escritas de antemano».
Muchos partidos confunden en ocasiones la democracia con los dedazos. Para Fabio Gándara, abogado y uno de los impulsores iniciales de la plataforma Democracia Real Ya, «en la sociedad de hoy día los partidos tradicionales caminan lenta pero inexorablemente hacia la deslegitimación y la irrelevancia».
Art. 7.- Sindicatos y asociaciones
«Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios»
Pero los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, se han visto salpicados con casos que evidencian su falta de integridad. Ambas centrales entraron en el reparto de sillones de los consejos de administración de Cajas de Ahorro y utilizaron las tarjetas black. UGT hizo además uso indebido de fondos destinados a la formación de parados, que gastó en regalos, cenas y fiestas.
Art. 14.- Igualdad ante la Ley
«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»
Multitud de indicadores denuncian que, tras 41 años de Constitución, la mujer sigue claramente discriminada respecto al hombre y en multitud de campos. Pero también es un hecho que no todos los españoles tienen las mismas oportunidades reales, dependiendo de la clase social a la que pertenezcan.
Art. 16.- Libertad ideológica
«Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos… Ninguna confesión tendrá carácter estatal…»
Los datos recogidos por la organización Europa Laica revelan que mediante asignaciones, ayudas, subvenciones directas y exenciones de tributos, este mismo Estado aconfesional de la Carta Magna aporta a la Iglesia unos 11.000 millones de euros al año. La Iglesia, según esta organización, es en España un paraíso fiscal. El informe anual sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo denuncia que «las minorías en España no tienen igualdad de oportunidades frente a los católicos, como por ejemplo en la casilla de la Declaración de la Renta».
Art. 18.- Derecho a la intimidad
«Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial… La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos»
La Agencia Nacional de Seguridad de los EE.UU. espió 60 millones de llamadas telefónicas en España entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013. El uso informático que se hace en internet evidencia en muchos casos que no se garantizan el honor ni la intimidad.
Art. 20.- Libertad de expresión
«Se reconocen y protegen los derechos a la libertad de expresión o a la creación literaria y artística, entre otros»
Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información hasta un grupo de relatores de la ONU, entre otros organismos y entidades, avisan de que en España esos derechos y libertades están en retroceso y en peligro por normativas como la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana («Ley mordaza») o las recientes reformas del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal…
Art. 27.- Libertad de enseñanza
«…Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes»
Desde el año 2008, nuestras universidades han perdido más de 1.240 millones de euros en sus presupuestos, al tiempo que se subían las tasas universitarias de manera exponencial, por lo que cerca de 30.000 universitarios están al borde de la expulsión por impago. La aprobación de la Lomce, únicamente con los votos del PP y el rechazo prácticamente unánime de la comunidad educativa, es incompatible también con este artículo.
Art. 31.- Sistema tributario
«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio…»
Pero la progresividad fiscal, que está en las leyes españolas desde La Pepa (la Constitución de Cádiz de 1812), es incumplida de modo sistemático según multitud de evidencias: las grandes empresas pagan porcentualmente muchos menos impuestos que las medianas o pequeñas, y los ricos y las grandes fortunas muchísimos menos que las clases medias o bajas… El coste del fraude fiscal en España está entre los 27.000 y los 70.000 millones de euros al año.
Según el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda más del 71% de la evasión fiscal anual la cometen las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas de España, costándole a cada contribuyente español 2.000 euros anuales, que debe pagar en forma de impuestos para así tapar el agujero que provocan estos defraudadores a las arcas del Estado.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, dice que la economía sumergida en España supone el 22,1% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, 300.000 millones de euros que ni se declaran ni se tributan. Esa cifra, según advierte Cruzado, significa que «España encabeza la lista del fraude en Europa, muy distanciados de Alemania, Francia o Gran Bretaña, países a los que casi triplicamos». En definitiva, en España se recaudan 7 puntos menos del PIB de lo que se recauda de media en Europa. Llegar hasta esa media supondría 80.000 millones de euros más de recaudación de la Seguridad Social y de Hacienda.
Art. 35.- Derecho y deber al trabajo
«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia…»
Pero alrededor de 1.200.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro, según datos de la EPA. De los casi 3½ millones de personas que están inscritas como paradas en los Servicios Públicos de Empleo, alrededor de 1.660.000 no cobran ninguna prestación.
Parece que la mejora económica seguirá reduciendo el desempleo a lo largo de 2019, hasta lograr que la tasa se sitúe por debajo del 14%. Sin embargo, pese a las mejoras, seguiremos siendo el segundo país de la UE con más parados, solo superado por Grecia, con una tasa que duplicará la media comunitaria.
Además la crisis trajo un fenómeno nuevo: trabajadores con empleo, pero con una remuneración tan insuficiente para satisfacer sus necesidades que ya son considerados técnicamente «pobres». Según datos presentados a finales de 2018, hay cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que coloca a España en el tercer país de la Unión Europea con mayor desigualdad, por detrás de Rumanía y Bulgaria.
Mientras que los salarios no se regularicen, acordes con la carestía de la vida y con el fin de repartir riqueza, en vez de repartir miseria, los «contratos basura» y la precariedad laboral seguirán enquistados en el tejido socio-laboral de España. Extirpar ese arraigado quiste exigiría derogar la Reforma Laboral del PSOE y la del PP.
Art. 40.- Progreso social
«Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo…»
Se hace verdaderamente difícil creer en el cumplimiento de este mandato. España es el país del mundo, junto con EE.UU., donde más aumenta la desigualdad, según datos de la OIT. Solo el 57% de las personas en paro recibe prestaciones por desempleo; el resto no tiene ningún tipo de ayuda pese a estar sin trabajo.
En España, el 10% de los más ricos aglutina más riqueza que el 90% restante.
Art. 42.- Emigrantes
«El Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno»
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España es desde 2009 un país emisor de emigrantes, sumando el número de residentes en el extranjero un total aproximado de 2’5 millones. El mayor aumento de salidas se ha dado en la población juvenil desde el inicio de la crisis. Aunque los gobiernos prefieran utilizar el eufemismo de «movilidad exterior» para designar esta realidad, lo cierto es que muchos españoles -especialmente los más jóvenes- tienen que abandonar cada año el país en busca de trabajo y de mejoras económicas.
Art. 43.- Protección a la salud
«Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto»
Pero la realidad es muy otra. Se privatizan hospitales y servicios, los llamados «sin papeles» siguen sin poder beneficiarse de la Ley de Sanidad Universal (todavía existen supuestos en la inmigración que no dan derecho a la Sanidad Pública), existe el copago de medicinas y servicios. Prueba de todo ello son la «mareas blancas» que llevan años recorriendo las calles de la geografía española en defensa de la Sanidad Pública de calidad y contra los recortes. La OCDE ha emitido un informe que sitúa a España entre los países que más han recortado en sanidad.
Art. 44.1.– Fomento del deporte (cultura)
«Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho»
El IVA cultural del 21% ha dejado a muchos ciudadanos sin un acceso pleno a la cultura, a la vez que un mazazo para el sector empresarial, muy especialmente en el sector cinematográfico, donde se han perdido muchos puestos de trabajo y se han cerrado demasiados cines.
Según el Informe sobre el Estado de la Cultura 2019, elaborado por la Fundación Alternativas, España logra un aprobado raspado de 5 sobre 10 que no alcanzaba desde 2011 (con un 5’1), pero se advierte que continuamos en la «década perdida» de la crisis.
Art. 44.2.- Fomento del deporte (ciencia)
«Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general»
La investigación, pese a ser esencial para el progreso y el futuro, tampoco escapó a los efectos de la crisis. El Centro Superior de Investigaciones Científicas, en apenas dos años, perdió el 15% de su personal. En una economía basada en el ladrillo y el turismo, no se ha hecho hasta la fecha una apuesta decidida por el desarrollo científico.
Art. 45.- Calidad de vida (medio ambiente)
«Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo… Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva… Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas así como la obligación de reparar el daño causado»
¿Quién no recuerda lo del «chapapote y los hilillos de plastilina»? La que ha sido nuestra mayor catástrofe medioambiental de nuestra más reciente historia, la crisis del Prestige, concluyó judicialmente a los 10 años y sin culpables.
La aplicación efectiva de Ley de Costas de 1988 no llegó a producirse en la mayor parte de nuestro territorio costero, señala la Unión Europea. Ahora, con el reglamento actual (Ley 2/2013), se suavizan los niveles de protección de la ribera marítima a favor de la ocupación y las actividades económicas, rebajando la servidumbre de protección de 100 a 20 metros, lo que supone la regularización de 12.800 viviendas situadas en dominio público, que la anterior norma consideraba ilegales y debían ser derribadas. Además unas 140.000 viviendas podrán acogerse a la amnistía de obras.
La praxis del capitalismo ha traído, como en tantos países de nuestro entorno, junto a libertad y progreso, la contaminación de acuíferos, ríos, lagos y mares, especies en extinción, sobreproducción alimentaria (más de 2.000 millones de personas sufren sobrepeso en el mundo y casi 800 millones pasan hambre), desertización galopante, deshielo, sequias, catástrofes climatológicas, contaminación atmosférica, cambio climático, riesgo a corto plazo de convertir la Tierra en un planeta inhóspito y algo después en inhabitable.
Cuando cada vez son más los expertos que avisan de que la Tierra podría alcanzar un «punto de no retorno» para 2035 si no se frena el cambio climático, hay que actuar drásticamente para evitar la peor de las tragedias que haya sufrido nunca la humanidad. «Quienes heredaremos la Tierra queremos que ustedes los políticos hablen con los científicos, que los escuchen, porque solo estamos repitiendo lo que están diciendo ellos desde hace décadas. Queremos que se cumpla el acuerdo del clima de París y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). No tenemos otras exigencias, sólo seguir lo que dice la ciencia», son palabras de la jovencísima activista sueca Greta Thunberg, que participó recientemente en el Consejo Económico y Social de la UE, afeando la actitud de los políticos allí presentes. «Hemos empezado a limpiar su estropicio y no pararemos hasta acabar… Hacemos huelga porque hemos hecho nuestros deberes, háganlos ustedes y escuchen a los científicos», le espetó Thunberg al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En enero de este año había dicho en Davos: «No quiero que estéis esperanzados. Quiero que entréis en pánico, que sintáis el miedo que yo siento cada día. Y después quiero que actuéis».
Art. 47.- Derecho a la vivienda
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación»
Pero los datos son también aquí contundentes y numerosos. Aún quedan en España unos 10.600 gitanos que viven en infraviviendas (chabolas), según un informe de 2016 de la Fundación Secretariado Gitano. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha hecho que cientos de miles de españoles (unos 580.000 en 2014, según un estudio del comparador Kelisto) estén atrapados en hipotecas que valen más que sus casas. Un dato más: en el segundo trimestre de este año se han producido en España 16.859 desahucios, unos 187 de media al día. Y si hablamos del mercado de la vivienda de alquiler es obvio que debe ser regulado para evitar que continúen disparándose los precios. Las administraciones deben garantizar el alquiler estable, asequible y seguro, creándose un parque de alquiler público, combatiendo los fondos buitres, los abusos de algunos arrendadores y prohibiendo los desalojos sin alternativa habitacional.
Muy recientemente el gobierno regional de la ciudad-estado de Berlín aprobó la introducción de un tope al precio de la vivienda de alquiler, que entrará en vigor el próximo año, según el cual los arrendamientos quedarán congelados durante cinco años y a niveles acordes a los arrendamientos de referencia en sus respectivas zonas.
Art. 48.- Participación de la juventud
«Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural»
La renta media de los españoles de entre 18 y 24 años cayó un 20% como consecuencia de la crisis, mientras que la tasa de paro entre los jóvenes de hasta 20 años se situó en torno al 50%, según la última EPA. Por no hablar del número insuficiente de becas para cursar estudios, impidiendo que cualquier joven pueda disfrutar de las mismas oportunidades a la hora de formarse. Todo ello ha provocado que haya una «generación perdida».
Art. 49.- Atención a los disminuidos físicos
«Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos»
Los más vulnerables fueron los más sacudidos por los efectos de la crisis, siendo la Ley de Dependencia una de las que más sufrieron los recortes en la etapa de Rajoy como presidente del Gobierno de España. A día de hoy la aplicación de esta ley todavía tiene lagunas, que por ejemplo hace que mueran ancianos con derecho a prestaciones sin haber recibido ni un solo euro. Se calcula que en torno a 200.000 ciudadanos esperan para recibir la prestación a la que tienen derecho. Por otro lado, los centros de atención se ven desbordados y amenazan todavía algunos con el cierre.
Art. 50.- Tercera edad
«Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad»
Pero las dos reformas recientes del sistema de pensiones, la del Gobierno de Zapatero (PSOE) en 2011 y la del Gobierno de Rajoy (PP) en 2013 han reducido los derechos de los pensionistas o su poder adquisitivo o ambas cosas. Efecto también de la crisis es que haya unas 300.000 familias españolas que no tengan otro sustento que la pensión de los más mayores (padres o abuelos).
Art. 51.- Defensa de los consumidores
«Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos»
Existen demasiados ejemplos de abusos o fraudes al consumidor. El caso de la colza, el Fórum Filatélico, el dieselgate (alteración de los controles técnicos de emisiones contaminantes en 11 millones de automóviles con motor diésel), las cláusulas suelo, las preferentes, las restricciones al libre mercado o a la libre competencia por parte de algunos oligopolios (telefonía, carburantes, luz, etc.), revelan que los poderes públicos no hicieron todo lo que tenían que hacer.
Art. 57.- Sucesión de la Corona
«La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos…»
En el caso de que Felipe VI y doña Letizia tuvieran un hijo varón, la princesa Leonor perdería su condición de heredera a favor del hermano. Pues España es la única monarquía europea, junto con Mónaco y Liechtenstein, que sigue discriminando a la mujer en la línea sucesoria, contrario a lo que ocurre en Reino Unido, Holanda, Bélgica, Noruega o Suecia.
Este artículo, mientras no se reforme, podría estar en conflicto con el Art. 14 de la Constitución («Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»).
Y aparte de todo, en el siglo XXI, resulta arcaico que el puesto del Jefe del Estado sea hereditario. Pero eso -la Monarquía- sería ya otro debate.
Art. 69.- Senado
«El Senado es la Cámara de representación territorial…»
Son muchos los ciudadanos que no saben ni entienden qué funciones tiene el Senado, viéndolo como un gasto superfluo. La propia Cámara lleva tiempo debatiendo su futuro, con la esperanza de que se convierta en la Cámara de primera lectura de leyes y con especial incidencia en las Administraciones regionales y municipales. Pero, pese a que algunos partidos han llevado en sus programas electorales la reforma del Senado, a la hora de la verdad ésta no se produce nunca. Convertir la Cámara Alta en verdadera voz de las Comunidades Autónomas, fin con el que nació, no ha sido posible en cuatro décadas.
Art. 92.- Referéndum
«Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos…»
España es un país con un enorme déficit de referéndums. En más de 40 años de democracia, solo se han realizado tres: el Referéndum para la ratificación de la Constitución española (06/12/1978), el Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN (12/03/1986) y Referéndum sobre la Constitución Europea en España (20/02/ 2005). Ningún gobierno hasta ahora ha sido proclive a hacer consultas sobre sus grandes decisiones. Incluso, la reforma exprés de la Constitución pactada entre el PSOE y el PP en el verano de 2011, mientras los españoles estaban de vacaciones, no llegó a ser sometida a la votación del pueblo.
Art. 103.- La Administración Pública
«La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho…»
Pese al mandato de la Carta Magna, los casos de corrupción en Administraciones Públicas son portada a menudo de los informativos. Hay un buen número de sumarios abiertos donde los investigados son personajes relevantes de la política nacional, autonómica y local. Así, la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, referida a los primeros años de la «trama Gürtel», condenó a sus principales cabecillas, entre otros, a Luis Bárcenas (extesorero del PP), y al propio Partido Popular en tanto que participe a título lucrativo, probándose además la existencia de la «caja B» como una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde el año 1989. La sentencia confirma que el PP se lucró con la trama, y viene a certificar que Mariano Rajoy mintió al tribunal sobre la «caja B».
El Partido Popular, como tal, ha sido acusado de delitos de organización criminal y asociación ilícita y, algunos de sus dirigentes, además por delitos de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública. En el sumario se dice que «el PP creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional por mediación de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido».
Art. 128.- Función pública de la riqueza
«Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general… Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general»
¡Un bonito artículo que sintoniza en esencia con el Estado del Bienestar, pero que no es otra cosa que papel mojado!
Una anécdota que invita a reflexionar sobre la dialéctica progreso-involución es la que protagonizó en agosto de 2012 el entonces diputado de IU Alberto Garzón cuando en su cuenta de Twitter escribió el citado artículo de manera literal como si fuera una idea suya. A Garzón le llovieron descalificaciones, tales como «extremista», «radical» o «comunista irredento». No deja de ser sarcástico que haya gente que, no solo no conozca la Constitución, sino que le parezca subversivo citar textualmente un artículo como éste.
Algunos de los que se autodenominan en nuestros días «constitucionalistas» convendría que recordasen que la Constitución Española fue aprobada el 31 de octubre de 1978 por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, con los votos de UCD, PSOE y ALIANZA POPULAR (AP) -pronto se llamaría PP-, aunque solo ocho de los diputados populares votaron a favor, ya que cinco lo harían en contra y otros tres se abstuvieron.
Una democracia no es plena si no se cumple íntegramente la Constitución, igual que un individuo no es completamente libre si no participa activamente en la toma de decisiones que marcarán las normas de convivencia de su país. Por lo que quienes no tuvieron oportunidad de votar la Constitución del 78′ (que fueron más de 23 millones de españoles), deberían ser tenidos en cuenta. También los supervivientes del referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978, mediante el cual ratificaron aquel texto constitucional, deberían ser tenidos en cuenta.
En aquel lejano 6 de diciembre de 1978, el 59’97% del censo electoral votaba que «sí» a la Constitución elaborada por los siete padres fundacionales. Pero atención, las cifras del censo merecen un análisis por parte del lector. De 26.632.180 con derecho a voto, votaron 17.873.271 (67’11%) y se abstuvieron 8.758.909 (32’89%). Hubo 133.786 (0’75%) de votos nulos. Y el resultado final arrojó un total de 15.706.078 a favor del «sí», 1.400.505 a favor del «no» y 632.902 que votaron «en blanco». A la vista de estos datos, decir hoy, como solemos escuchar muy a menudo en boca de muchos políticos, que la Constitución Española la aprobamos TODOS los españoles es rotundamente falso.
La vida y la sociedad cambian y evolucionan, nada es inmutable. Y desde 1978 para acá ha llovido mucho, llevándose el agua la hojarasca y haciendo brotar gracias a la humedad nuevas plantas a las que cuidar. Precisamente por eso, porque nada es eterno, se hacen las reformas constitucionales, que no son otra cosa que «una herramienta contemplada por la propia Constitución para mantenerse actualizada a la sociedad en la que vive». Las condiciones y el procedimiento legal para tal fin están descritos en los artículos 166, 167, 168 y 169. En estos puntos se determina que la aprobación de una reforma constitucional necesitaría una mayoría de 3/5 partes del Congreso y el Senado. ¿A qué estamos esperando?
31 de octubre de 2019
© Javier Díez Moro
