“El abuso del poder es una enfermedad, al parecer incurable del ser humano y, claro, que produce desorden.”
Salvador de Madariaga y Rojo
España es, aún hoy, un país de vencedores y vencidos. Que mantiene la creencia en la existencia de derechos. Los unos, basados en la brutalidad de las armas o en la idea del mantenimiento de los privilegios del Movimiento. Los otros, la mayoría, en la convicción democrática basada en las normas contenidas en la Constitución. Esta divergencia, evidenciada en el permanente y destructivo estado de conflicto que se observa desde la denominada Transición, hasta el presente, es la fuente de un resentimiento que se sigue alentando. Las dos España.
Los herederos del 39, abusando del poder de las armas, con su golpe de estado victorioso frente a la democracia republicana, pareciera hacerles creer que todo vale. Inclusive el poner en práctica su cultura de atajos sostenidos en la idea del privilegio. De hecho, la construcción de un Estado respaldado en la concentración de una estructura económica oligopólica, lo que es igual a escasamente competitiva, le ofreció a los vencedores garantías ciertas de continuidad. El modelo aplicado privatizó recursos estratégicos cuando nuestros socios europeos aún hoy mantienen empresas de energía, por ejemplo, en poder del Estado. Así también, paradójicamente en un marco constitucional aconfesional, en la poderosa maquinaria de la Iglesia Católica. Todo, sin dejar de mencionar las indisimuladas simpatías que sectores significativos de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad, sienten por los valores del Régimen. De la Justicia poco se puede añadir más que observar el cúmulo de sentencias severamente confrontadas con principios constitucionales básicos.
En cualquier caso, que es lo que importa a las generaciones de la actualidad, el relato de que España está en peligro de por sí revela una propensión a subvertir los valores constitucionales a favor de las viejas convicciones y los escasamente democráticos privilegios. Prueba de ello es la omisión intencionada que, los que detentan títulos nobiliarios, hacen de su mención. Un anacronismo que induce a que la esencia misma de nuestro sistema se cuestione.
El término “atajo”, por definición, está conformado por la unión de dos términos latinos; el prefijo “a” y el verbo “taleare” con el significado de “cortar” usado especialmente en la tala de árboles y sus ramas. En el atajo el corte se realiza en caminos, buscando un modo de llegar a destino por un sendero más corto, diferenciado del principal, pero a veces más peligroso, pues es poco transitado o está mal iluminado. Es decir, que se pueden considerar dos acepciones. Una, la de la eficiencia. Es decir, la óptima utilización de los recursos para lograr los mejores resultados. Lo cuál sería lícito. La otra, la del “sendero más corto… a veces más peligroso…”.
Esta última tendría que ver con desatender a placer el resultado de las urnas. Producir cooptaciones que contaminen el funcionamiento de las instituciones. Intervenir de modo ilícito en el uso de los recursos públicos para beneficiar a grupos determinados. Eso es corrupción del sistema. Otro caso es favorecer la obtención de títulos académicos sin el merecimiento fruto del esfuerzo. Recientemente y, curiosamente, sin demasiado recorrido judicial, ha habido un centro universitario que extendía con generosidad titulaciones a personas especiales. Cuando se actúa de ese modo también pueden abrirse las puertas de los cuarteles, siempre en nombre de derechos y privilegios adquiridos.
Un sistema democrático es el que defiende la igualdad ante la ley. El derecho a recibir los servicios y retribuciones justas. La vivienda digna. La protección frente a los abusos de los poderosos. Eso es constitucional. Lo contrario es un atajo que no se basa en la Constitución pero sí en los abusos del poder.
Que no te engañen.
