El ejercicio de la mentira o de las medias verdades como herramientas retóricas fundamentales de la acción de gobierno, se consolida como la base del relato gubernamental. Se contradice a la realidad, más allá de toda sensibilidad. Ello, gracias al aporte de una prensa que se ha entregado en brazos de tales prácticas. El ejercicio periodístico, en este escenario, ha sido cooptado para convertirse en un medio de consolidar la mentira, ensalzar la mediocridad o justificar el latrocinio.
El dilema moral de la prensa se ha roto. Se ha diluido. Los medios en soporte papel o basados en licencias de tramos de ondas, terminaron por convertirse en órganos partidarios o sectoriales frente a su emotiva intención de representar un verdadero control del poder. La opinión publicada resulta menos del ejercicio profesional independiente que, de aquél que terminó cautivo de los fondos empresariales o institucionales. De aquí, la búsqueda de fuentes alternativas para romper esas servidumbres se ha procurado con más o menos éxito. El soporte digital de los medios permite un ajuste de los costes, por ejemplo, verdadero talón de Aquiles de su existencia. Pero su difusión es aún limitada a causa del neoanalfabetismo digital de los consumidores de información en España. Además, sucede que la esa información es costosa en un mercado que requiere fuentes cada vez más sofisticadas para obtenerla.
Por tanto, si se pretende disponer de medios independientes ello supone obtener apoyos económicos para mantenerse on-line. Allí reside el núcleo del dilema moral. Los centros financieros se emplean a fondo en neutralizar la publicación de mensajes verdaderos en un entorno de fake news. Baste observar telediarios y portadas de los periódicos habituales. Todo, porque aún cuando se llevase a la justicia a los emisores de la postverdad, ello no sería enmienda del daño producido por la difamación.
Los mensajeros de la máquina del fango lo saben. Su financiación cubre con creces las probables consecuencias de sus mentiras. Procuran difundir la idea de que “da igual”. Esto produce una sensación de impotencia que desmoviliza. Ese es el objetivo. Producir anomia. Desvalorizar el poder de la movilización y la fuerza del voto. El poder demuestra que puede gobernar con tres de cada diez votos propios. Los votos ajenos que suman a éstos para consolidarse, provienen de traiciones, complicidades o cautividades, sean estas económicas o judiciales. De ello, la «nueva izquierda» sabe mucho.
La cuestión, por tanto, es recuperar el estímulo que supone la recuperación de un periodismo de denuncia para dejar en evidencia la corrupta gestión del poder. Ese es, en definitiva la función ética del periodismo. Evitando que las cortinas de humo cubran los sucesos que dejan a las claras ese modo de gestionar los recursos públicos. Siempre para beneficio de grupos selectos. España se ha convertido en un cortijo del modelo que consolida la desigualdad.
Así, estamos en una contante sucesión de mensajes efectistas, pero vacios de contenidos. Infoxicación. El fenómeno Rivera es un caso. No formula un verdadero Plan Político. No acredita ningún éxito de gestión. Sólo documentos sonoros pero vacíos. Se politiza lo anecdótico, lo inconsistente, basta con que sea emitido con una solemnidad presuntuosa por los medios de la Máquina del Fango. La verdad no importa. Dispone de barra libre en los medios. Sólo justificar los excesos de los oligopolios en su tarea de apropiarse de beneficios que no les corresponden.
Estos medios, convierten a los denunciantes de corrupción en víctimas de sus líneas editoriales. También permiten que organizaciones de corte franquista o fundamentalista religioso, inicien acciones judiciales en un sentido o en otro, bajo el amparo de un ministerio fiscal que protege a grupos y personas de especial interés del partido en el gobierno. Desaparecen pruebas, se dilatan o archivan causas, dentro de una estética del poder que deja al descubierto sus miserias. Desde el exterior llaman al recato. Todo parece inútil. Se sienten impunes.
Podríamos plantearnos que el dilema moral se diluye, si los protagonistas se convierten en apóstoles de la amoralidad. Desde allí, todo es posible, hasta solidarizarse con las víctimas que han producido las propias decisiones. La muerte de más de 200.000 dependientes en 2017, con prestaciones concedidas, se oscurece. Eso es factible, aun cuando se carezca de las más elementales cualidades humanitarias para gobernar, o para gestionar áreas concretas de gobierno, respondiendo al interés común. De tal modo, que pueden efectuar propuestas, como por ejemplo, recomendar un kit de nieve como solución a la incompetencia manifiesta en su gestión de crisis. Su solidaridad de grupo se destaca, porque esa es la única razón en el desempeño de las funciones. Para, luego, conceder retiros diplomáticos dorados o cargos en las corporaciones amigas.
Por ello, frente al rapto institucional al que someten a una mayoría de ciudadanos, la movilización es una legítima respuesta democrática a las arbitrariedades del poder.
