La Ley Mordaza cumple tres años y ni uno más
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El 1 de julio de 2015, entraba en vigor una de las leyes más represivas que se ha aprobado en España, desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978; la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como «ley mordaza», por lo que significa contra la protesta y el derecho a la libertad de expresión e información. Fue aprobada por el Gobierno del Partido Popular y el rechazo de la oposición. Hubo otra, la anterior Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ley de patada en la puerta, siendo ministro del Interior del PSOE, José Luis Corcuera.

El pleno del Tribunal Constitucional anuló el precepto de la ley Corcuera, por el que se permitía a los policías entrar y registrar un domicilio sin autorización del juez cuando persiguen delitos de narcotráfico. Quedó anulado el artículo 21.2, por considerarlo directamente contrario al artículo 18.2 de la Constitución, «El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito».

La «ley mordaza» es una amenaza que recorta derechos y atenta contra la libertad de expresión; ha provocado que se haya perdido calidad democrática en España. El 26 de marzo de 2015, el Congreso −con mayoría absoluta del PP− dio luz verde a la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el rechazo unánime de la oposición. Pocos meses después, la mayoría de los grupos la recurrieron al Tribunal Constitucional. Según la ley, lo que antes figuraba como falta, ahora es una infracción administrativa con multas, que puede oscilar entre muy grave (de 30.001 y 600.000 euros), grave (de 601 a 30.000 euros) y leve (de 100 a 600 euros). Con esta ley, el PP que perseguía limitar el derecho de manifestación.

La Ley de Seguridad del PP, ha dejado un balance de 47.980 multas por «faltas de respeto y/o consideración» a los agentes de la Policía. La Guardia Civil y Policía han multado a 48 personas cada día por este motivo durante los últimos tres años. Los últimos seis meses de 2015, fueron sancionadas 3.130 personas. En 2016, la cifra de sanciones se triplicó y ascendió a 19.497. En 2017 la cifra volvió a crecer hasta las 20.722 sanciones y en los tres primeros meses de 2018, las multas se quedaron en 4.631. En total, 47.980 multas, una media de 48 multas al día. A 31 de diciembre de 2016, el Estado había recaudado 131.470.206 euros por aplicar la dichosa ley.

Amnistía Internacional ha recogido más de 65.000 firmas para acabar con esta perversa ley. Los derechos de reunión, expresión e información no están garantizados, ya que la ley no introduce «mecanismos de control adecuados» a las Fuerzas de Seguridad del Estado. El director de AI, Esteban Beltrán, ha señalado que, tanto la ley mordaza como la reforma del Código Penal, están sirviendo para «procesar penalmente o sancionar administrativamente», por utilizar expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información.

Ni las movilizaciones en contra ni los recursos ante el Constitucional han logrado detener la aplicación de la ley. Colgar en Internet fotografías de la policía en acción, es considerado como una falta grave. Dificultar operaciones de desahucio concentrándose frente a las casas de los afectados o impedir a cualquier autoridad el ejercicio de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales es castigado. Manifestarse frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, es considerado como una perturbación grave de la seguridad ciudadana. Desobedecer o resistirse a la autoridad y no identificarse y no colaborar con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones, también es castigado.

Solo el PP se ha mostrado contrario a una reforma en profundidad que el propio Pedro Sánchez calificó de urgente en el discurso de la moción de censura que le convirtió en Presidente. Sobre la mesa hay dos proposiciones. Una, presentada por el PSOE, que pide la derogación de la «ley mordaza» y vuelta a la ley Corcuera de 1992. La segunda, propuesta por el PNV, plantea trabajar sobre el texto de la actual y modificar sus preceptos más polémicos. Todo está bloqueado en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su compromiso para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Antes, cuando su partido estaba en la oposición, fue uno de los que se sumaron al recurso que presentaron todos los grupos (salvo PNV, CiU y PP) ante el Tribunal Constitucional, para derogar ocho artículos. Ahora, con Sánchez liderando el Gobierno, el compromiso ha sido impulsar la derogación urgente de los artículos recurridos, que limitan desproporcionadamente los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión. Nada se ha dicho de la derogación de otros artículos de la ley no recurridos, que también vulneran derechos fundamentales.

La libertad de expresión y manifestación no son derechos cualesquiera, sino que son derechos humanos y derechos fundamentales, que los tratados y declaraciones internacionales recogen y la Constitución española reconoce y protege. Derecho de reunión y manifestación pacifica, así como «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio».

La ley de Seguridad Ciudadana, coarta la libertad ciudadana, ejerce un mayor control sobre las protestas callejeras, intentando evitar la crítica al gobierno. Si no teníamos bastante con el Código Penal, que criminaliza la protesta, mediante duras penas de cárcel, con la ley mordaza pretenden arruinar a quienes protestamos. Cuando un gobierno se desentiende de proteger los derechos fundamentales que la Constitución promueve, la ciudadanía, desprotegida, adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna. La manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada como lo pretendió el gobierno del PP.

La solución no es volver a la ley de la patada en la puerta. El objetivo de este tipo de leyes debe ser salvaguardar los derechos y no acotarlos, con la Administración como juez y parte. «Tanto la ley mordaza como la ley Corcuera comparten el espíritu de restringir derechos y libertades fundamentales. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), ha advertido que si la derogación del supuesto núcleo duro de la ley, se limita a los artículos recurridos ante el Tribunal Constitucional, se mantendrán en vigor artículos muy lesivos para los Derechos Fundamentales.

La Protección de la Seguridad Ciudadana no puede ser una excusa para continuar con leyes de Orden Público. Eso no es compatible con la democracia. Ni un día más en vigor de la ley mordaza; hay que derogarla

Víctor Arrogante

En Twitter @caval100

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