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Patriota, extremista, radical, constitucionalista, secesionista, independentista, golpista, populista, comunista, proetarra, antiespañol, antisistema, facha o derechona forman parte de la jerga que nuestros políticos utilizan con demasiada frecuencia con el fin de descalificar a sus rivales, al tiempo que crean desasosiego y miedo en amplios sectores de la ciudadanía. Argumentar sobre propuestas propias ha dado paso a descalificar las propuestas de los demás, para lo cual basta con invocar mantras cargados de simbología y que la mayor parte de las veces desvirtúan el significado de dichos fonemas. Se califica sin ningún rigor lo que representan y dicen los adversarios. Un ejemplo extremo de esta manera de actuar se lo debemos a un Pablo Casado (PP) vitriólico que en una comparecencia ante los medios, en el tiempo record de 42 segundos, se despachó con un total de 19 insultos dirigidos a Pedro Sánchez (PSOE): «…traidor, felón, ilegítimo, chantajeado, deslegitimado, mentiroso compulsivo, ridículo, adalid de la ruptura en España, irresponsable, incapaz, desleal, catástrofe, ególatra, chovinista del poder, rehén, escarnio para España, incompetente, mediocre, okupa».

La jerga política en nuestros días, cada vez más mediatizada por las estrategias y    el argumentario de cada partido, se ha convertido en una especie de «LEPROSERÍA NEURONAL» donde se mezclan algunas verdades y muchas mentiras. Muy a menudo se manejan conceptos de manera tramposa y se acude a eufemismos amables y/o ambiguos para confundir a la ciudadanía.

Los discursos políticos, ya sean en mítines o en debates televisivos, han introducido en la sociedad una serie de conceptos e imágenes lingüísticas que con solo invocarlos producen de inmediato sentimientos de ciega adhesión o de visceral rechazo. Ejercer el liderazgo político actualmente, en muchos casos, es más un ejercicio de verborrea que apela a los mitos y a los sentimientos colectivos asociados a los mismos, que una manera de ofrecer soluciones estructuradas a los problemas reales de la sociedad.

Si entendemos por mito «aquella narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico» (definición de la RAE), descubriremos como los discursos políticos recurren de manera machacona a ellos. Los mitos en sus distintas formas, así como en sus simplificaciones, funcionan como los gritos de guerra. «¡Por Dios y por España!» fue el mantra que escucharon los soldados españoles, en distintos momentos de la historia, para lanzarse al combate. Este grito y otros muy parecidos han sido repetidos durante siglos en países diferentes. «Allahu Akbar» (en árabe: «Dios es grande») gritado por los guerreros musulmanes y terroristas yihadistas. «Dieu le veut» (en francés: «Dios lo quiere») de los cruzados franceses. «¡Santiago y cierra, España!», un lema ampliamente incrustado en la tradición cultural española, inspirado en un grito de guerra pronunciado antes de cada combate por las tropas cristianas durante la Reconquista, las españolas del Imperio y de época más moderna. «Sieg Heil» («Salve la victoria», en alemán) utilizado por las tropas alemanas durante el Tercer Reich. «Za Stalina» («Por Stalin», en ruso) de las tropas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. «Hurra» (derivado del verbo «matar» en turco) lo gritó el ejército británico, el ejército ruso y fue copiado más tarde por los ejércitos y unidades militares de otros países.

Pero descendiendo a la arena política de la España del siglo XXI, una arena tan a menudo embarrada por culpa de la creciente tendencia, especialmente de los partidos de derechas, de no debatir las propuestas del contrario, prefiriendo la desautorización personal en base a lo que ellos suponen que representa dicha persona o la agrupación política a la que pertenece. Hoy, salvo excepciones, prevalecen los mensajes cortos, incluso subliminales, el eslogan, la descalificación, los sobreentendidos con malas intenciones, las consignas, el «y tú más», la negación de lo evidente, la confusión, o la propia mentira, frente al debate de los datos y los argumentos. Como muestra, baste ver algún debate televisivo o asistir al espectáculo del «¿quién da más?» en una campaña electoral.

La jerga que nuestros políticos utilizan se compone fundamentalmente de palabras y frases fetiches que buscan la complicidad de quienes las escuchan, así como el establecimiento de un código que determina lo positivo y lo negativo en términos absolutos, convirtiendo la rivalidad política en un juego maniqueo entre «buenos» y «malos».

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Expresiones como «PATRIOTA» o «por España», tan cargadas de imágenes heroicas  y, al mismo tiempo, de abstracción, son dos paradigmas que evidencian ese maniqueísmo al que aludimos. La definición de «patria» de la RAE es «tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos» y que, en el fondo, significa lo mismo que nación, solo que con una deliberada carga emotiva. Pero a lo largo de la historia, este vocablo se ha enfatizado en exceso al tiempo que se iba cargando de intenciones épicas, hasta convertirse más en un mito que en una simple definición lingüística. Se mata y se muere en nombre de la patria.

Pero la palabra «patria» no siempre ha tenido idénticas connotaciones a lo largo de los siglos. Para los romanos la expresión «terra patria» hacía referencia al lugar de procedencia de los padres de alguien, es decir, a la tierra paterna. Con el vocablo latino «patria» se designaba el lugar de donde provenía un individuo, y el término viene de «pater, patris», que respectivamente quiere decir padre y antepasado. Siglos más tarde, para mucha gente de Europa, tanto en la Edad Media como en la Moderna, la «patria» principal, o acaso única, era el Paraíso o cuando menos la Cristiandad. «Nuestra tierra y patria, por la cual somos creados, a la cual debemos dirigir nuestros pasos, nuestros deseos y afectos e intenciones… es la Ciudad del Paraíso… Esa ciudad es la casa del Señor y en este lugar no existe el hambre ni la sed ni necesidad alguna», es un extracto de un libro catalán, publicado en 1515. En la Edad Media, a diferencia de los tiempos actuales, la única patria que existía para el buen cristiano era el cielo o el paraíso y el patriotismo era una mera extensión de la virtud de la caridad. Curioso, ¿no? En el siglo XVI, el término latino «patria» fue rescatado por los humanistas renacentistas y de ellos pasó al lenguaje común.

En el siglo XVIII, la Ilustración le dio a «patria» una significación política de enorme trascendencia. Así, en L’Encyclopédie, se define no solo como el lugar donde se nace sino como «el estado libre del que somos miembros y cuyas leyes garantizan nuestras libertades y nuestra felicidad». No puede haber patria, por tanto, «bajo el yugo del despotismo», concluye. En España, los ilustrados adoptaron la serie «patria», «patriota», «patriótico», «patriotismo» como parte esencial de su lenguaje. Para ellos, el amor de una persona por su patria significa «amar su propia felicidad en la felicidad de aquella porción de hombres con quienes vive, con quienes se comunica, con quienes le ligan unas mismas leyes, unas mismas costumbres, unos mismos intereses y un vínculo de dependencia mutua, sin la cual no le sería posible existir».

El nuevo significado que para los ilustrados tenía «patria», acabó convirtiéndose en un concepto clave de las revoluciones de la segunda mitad del siglo XVIII tanto en Europa como en América, junto con una larga serie de voces afines: república, nación, soberanía, libertad, felicidad, ciudadanía…​ En julio de 1792, cuando las potencias absolutistas amenazaban a la Revolución Francesa, un decreto de la Asamblea Nacional Legislativa ordenaba que se alzaran en cada municipio altares de la patria que llevarían la inscripción: «El ciudadano nace, vive y muere por la patria».

En una época más reciente, en España, la utilización del concepto «patria» acabó por adquirir nuevos tintes que poco a poco fueron despojando de contenido al vocablo hasta transformarlo principalmente en un símbolo que apela a la abstracción para producir exaltación. «Patria», durante el franquismo, el postfranquismo y el neofranquismo  -en el que muchos políticos parecen querer vivir a día de hoy-, es un grito que evoca automáticamente los símbolos, entre otros, de la bandera y el crucifijo, y equivalente a «¡Por Dios y por España!».

Siguiendo el hilo, la RAE define «patriota» como «amor a la patria». Y generalmente suele denominarse «patriotismo» al pensamiento o sentimiento que vincula a un individuo con su patria. En nuestros días dicho significado suele estar unido a connotaciones políticas o ideológicas, y por ello es objeto de diversas interpretaciones, así como de uso propagandístico.

Hoy, gracias a los partidos de izquierdas, el concepto «patria» no se entiende si no es de manera concreta. De ahí, que líderes como Pablo Iglesias o Alberto Garzón, traten de poner mayor énfasis en los patriotas que en la idea de patria como abstracción. Frente al concepto franquista y postfranquista de «patria», tan sentimental, tan inmaterial y sin ningún contenido social, estos dos políticos prefieren reivindicar a los patriotas que cumplen con sus obligaciones para con el Estado frente a los que se les llena la boca de España, exhibiendo y venerando banderas, sin tener en cuenta a los españoles.

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Cuando Albert Rivera (CIUTADANS), Pablo Casado (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) se autodenominaron como «CONSTITUCIONALISTAS» en los días convulsos que rodearon al 1 de octubre de 2017, ¿qué querían expresar exactamente? ¿Pretendían decirnos que sus partidos defendían la Constitución vigente en el Estado español frente a los que querían romper España? Según pudimos ver, el empleo masivo de este adjetivo surgió como una reacción al desafío independentista catalán. Pero para los «constitucionalistas», lejos de apostar por el cumplimiento íntegro de la Constitución, fue una manera de defender la aplicación del artículo 155. Y desde entonces, la mayor parte de las veces que ha sido utilizado el término en la arena política ha sido para marcar distancia con posturas que reclamaban independencia y autodeterminación.

A raíz de la moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy (31 mayo y 1 junio de 2018), cuyo resultado fue la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la aplicación del término «constitucionalista» comenzó a variar de derrotero. A partir de ese momento, el PSOE de Pedro Sánchez, en opinión de los otros dos partidos, dejó de formar parte del club de los defensores de la Constitución. Tras el triunfo electoral de la derecha en las elecciones andaluzas (2 de diciembre de 2018), PP, CIUTADANS y VOX se consideraron los únicos partidos constitucionalistas del espectro político, pese a que la formación de extrema derecha planteaba propuestas que chocaban y chocan con nuestra Carta Magna. El controvertido art. 155 volvía a planear como un estandarte del constitucionalismo, olvidándose quienes defendían y defienden su aplicación de la defensa del resto del articulado legislativo del 78.

Las formaciones de Pablo Casado y Santiago Abascal proponen ilegalizar partidos en función de las ideas que defiendan en su programa electoral, como por ejemplo a los independentistas, comunistas y populistas. Albert Rivera mantiene una lucha contra las lenguas cooficiales, protegidas por la Constitución y los estatutos de autonomía. En resumen, los del «trío de Colón» están inmersos en una estrategia que consiste en trazar una línea que les sitúe a ellos dentro de la Constitución y al resto fuera, o incluso en su contra. Fue el presidente del PP, Pablo Casado, quien inauguró dicha estrategia después de que José María Aznar le iluminase la senda que debía seguir. El pasado mes de diciembre, el expresidente del Gobierno dijo en una entrevista que «un Gobierno de un partido en minoría en el Congreso apoyado por independentistas y la extrema izquierda radical no se puede calificar de partido constitucional». Y justo al día siguiente, Casado acusó a Pedro Sánchez de «gobernar contra la Constitución». Por otro lado, el líder de CIUTADANS llegó a calificar al presidente del Gobierno de «verdadero obstáculo para la Constitución», dejando muy claro que para él Sánchez estaba fuera de ese bloque constitucionalista del que, sin embargo, no excluía a VOX, la formación de extrema derecha, que en boca de Iván Espinosa de los Monteros, su vicesecretario de Relaciones Internacionales, llegó a definir a Íñigo Errejón como uno de los «enemigos más peligrosos porque combina una cara de niño bueno con una bilis antiespañola y radical». Según el dirigente de VOX, «algún día tendríamos que estudiar si tienen derecho a estar en el juego político los que no creen en la unidad de España o no renuncian del marxismo, que tantos muertos ha dejado en la historia». VOX, que tiene varias propuestas de difícil encaje constitucional, se permite decir quiénes pueden y no pueden estar en el llamado club de los constitucionalistas. Curioso, ¿no?

La "leprosería neuronal" de la política

En resumen, el término «constitucionalista» para las formaciones de la derecha española -y de vez en cuando, cuando los vientos le son favorables, también para el PSOE- es un arma arrojadiza de lectura sesgada y torticera. Si alguien dice ser «constitucionalista», desgraciadamente, eso no implica defender TODA LA CONSTITUCIÓN, sino aquellos artículos que en ese preciso momento les son rentables electoralmente.

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Examinemos ahora dos conceptos que se utilizan con demasiada frecuencia sin ningún rigor y que para muchos el uno es sinónimo del otro. Son «EXTREMISTA» y «RADICAL». La RAE define «extremista» como «tendencia a adoptar ideas o actitudes extremas, especialmente en política». Los partidos políticos considerados extremistas, también suelen recibir el calificativo de «ultras». Como concepto aplicable a cualquier ámbito, «extremismo» («extremista» y «ultra») es la actitud, y la condición personal, grupal o institucional, similar a la intransigencia, y se contrapone al posibilismo y al consenso. «Extremista» tiene que ver más con el eje acción-reacción que con la propia posición ideológica. En las sociedades y regímenes políticos democráticos el extremismo se asocia a la sustitución de la democracia por el autoritarismo o totalitarismo en un extremo u otro del espectro político (extrema derecha y extrema izquierda). En España, un partido claramente «extremista» y «ultra» es VOX. Pero sería erróneo decir que es «radical», que viene del latín «radix» (raíz) y que según la RAE «es aquello perteneciente o relativo a la raíz». Por lo que deducimos que un radical es aquel que va a la raíz del problema, en contraposición con el extremista que adopta una postura extrema en relación al mismo. Hace unos años la Fundéu lo dejó meridianamente claro cuando dictaminó que los términos «extremista» y «radical» no son equivalentes. Según la Fundéu, a veces estos términos se usan indistintamente, a causa de la cercanía de sus significados, pero conviene reconocer que cada una de estas palabras tiene connotaciones distintas. Resumiendo, un individuo (o partido político) extremista no es radical, y viceversa.

Si me lo permiten les contaré una anécdota personal. Hace algunos años conocí a un anciano neuropsiquiatra, dicharachero y cabal, que me contó que en su hospital un grupo de colegas y él se organizaron para defender la medicina radical. A mí, entonces, eso de medicina radical me sonaba terrible y seguramente así debí manifestarlo en mi semblante, por lo que él se apresuró a darme una lección sobre lo que significaba y era eso que él y sus colegas defendían. No sólo me explicó los principios lingüísticos, científicos, éticos e, incluso, filosóficos, que regían esa pequeña organización de colegas, además me brindó algunos ejemplos prácticos… «Hace bastantes años me topé con un enfermo que había sufrido las consecuencias de las medicinas extremistas, en su caso de especialistas de psiquiatría. Él hombre llevaba más de diez años con una depresión de caballo, de tipo endógena, según yo mismo le diagnostiqué dos años después. Aquel infeliz fue tratado primeramente por un psiquiatra de renombre, que no viene al caso ahora recordar, quien le sometió durante meses a sesiones de electroshock, suministrándole además fármacos de dudosa efectividad y de demasiados efectos secundarios. Aquel modo de proceder yo lo tildaría de medicina extremista, y de derechas. Al no obtener mejoría alguna, el pobre desdichado se fue al otro extremo, a la medicina extremista de izquierdas. Aquí se topó con un seudopsicólogo, que tenía más de gurú místico que de hombre de ciencias, y que le llevó por unos caminos exotéricos que lo convirtieron casi en un zombi. Las dos pautas médicas habían fracasado al intentar combatir solo los síntomas de la enfermedad, en vez de ir a las causas, a la raíz del problema. Yo, como defensor de la medicina radical, primero hice un diagnóstico lo más certero posible a partir de largas sesiones de observación, y una vez establecido éste, procedí a ir a la raíz del problema. La causa de esa larga depresión no era otra cosa que un problema químico. Esa persona, como les ocurre a muchas más, padecía una depresión endógena. En el caso de mi paciente, los bajos niveles de serotonina eran los que provocaban la depresión. Así que el problema químico lo corregimos totalmente con química. Mi postura radical hizo que llegase hasta la raíz de la enfermedad y así pude curar a aquel hombre».

En base a estas reflexiones, un partido palmariamente «extremista» de derechas, o de ultraderecha, sería VOX. Mientras que un partido «radical» de izquierdas sería PODEMOS.

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Existe un cajón de sastre llamado «POPULISMO» donde políticos y periodistas han arrojado tanto a Syriza como al Brexit, a Trump y a Evo Morales, a Salvini y a Hugo Chávez, o a los Le Pen junto a los Kirchner. En España, muchos han metido también en ese cajón a PODEMOS y sus confluencias. Como si la renovación del neoliberalismo, encarnada en CIUTADANS o en Macron, no estuviera aplicando, tal y como señalan expertos e incluso sus mentores, recetas populistas.

A la vista de que PODEMOS suele ser blanco favorito de la derecha, con calificativos como «populista», «comunista», «proetarra», «antiespañol», «antisistema», amén, aunque últimamente algunos socialistas también han sido tildados de lo mismo por la derecha recalcitrante y cavernícola, es por lo que merece la pena poner un poco de cordura en toda esta retahíla de epítetos de fines descalificadores.

El igualitarismo o defensa de igualdad de oportunidades y del reparto de la riqueza como forma de atajar las graves desigualdades sociales derivadas del capitalismo y de la crisis económica, fueron señas de identidad de PODEMOS en sus comienzos. El comunismo, la socialdemocracia, la democracia participativa o el republicanismo​ han sido otros rasgos de la ideología del partido morado destacados por analistas políticos. También la firme determinación de atender a demandas «compartidas ampliamente por la ciudadanía, como la restitución del decoro ético y social del Estado a través de un paquete de reformas legislativas, constitucionales, que evite y reprima los desmanes y omisiones de partidos e instituciones y que haga posible una regeneración democrática». El catedrático de Filosofía, José Luis Villacañas, señaló que PODEMOS «no parece una mera formación populista porque ha dado señales claras de querer ser también una organización de oferta, y no un grupo que sólo parasita y recoge las demandas populares» y añade que su apuesta teórica no se identifica con un líder, sino con la formación de un colectivo. ​«La aceptación por parte de PODEMOS del sistema representativo y de participación, a diferencia de los populismos de izquierdas, construidos en torno a la personalidad de un líder carismático so pretexto de combatir a las oligarquías, junto con su renuncia a representar a la totalidad de la sociedad, para dirigir su discurso a un determinado sector del espectro social, alejarían al partido de los populismos latinoamericanos», explican los catedráticos Norbert Bilbeny y Àngel Casals. Otros importantes analistas rechazan directamente la utilización del término populismo en relación con PODEMOS, por entender que se trata de «un recurso manido y perezoso ante cualquier propuesta que amenace el statu quo»,​ como de hecho ocurrió con las novedosas respuestas de la formación morada a las demandas ciudadanas, mediante un discurso transversal que rompió con la lógica «izquierda-derecha», sustituyéndola por el eje «arriba-abajo». PODEMOS, para bien y para mal, es una confluencia de sensibilidades políticas diferentes, donde conviven marxistas, comunistas, socialistas, socialdemócratas, liberales, anticapitalistas, republicanos, ecologistas, activistas en pro de los Derechos Humanos, plurinacionalistas, europeístas, feministas, pacifistas, etc.

«Populista», para la RAE, «es aquella tendencia política que pretende atraerse a las clases populares». Para algunos politólogos, el «populismo» es concebido como una ideología que se basa en la diferenciación y la oposición maniquea entre el pueblo (que es visto de forma positiva como una comunidad sana) y la élite (concebida como una entidad egoísta y deshonesta). Para otros, el uso del calificativo «populista» se hace habitualmente en contextos políticos y de manera ofensiva, sin que del término se desprenda por sí mismo una evidente identificación ideológica, sino estratégica, dentro del espectro izquierda-derecha. El término «populismo» se suele usar de manera retórica en sentido peyorativo con la finalidad de denigrar a los adversarios políticos, hasta el punto de identificar «populismo» con «demagogia». Curiosamente ha sido tachado de populista hasta el propio papa Francisco. Pero si hay algo común en la mayoría de las teorías e interpretaciones que suscita este término es el énfasis que ponen unos y otros en la preponderancia de la estrategia frente a la ideología, proponiendo discursos fáciles en los que se le dice al posible elector lo que quiere oír.

Con estos antecedentes, ¿es PODEMOS un partido «populista»? Posiblemente en sus comienzos sí utilizó algunas estrategias populistas, propias de la mayoría de las nuevas formaciones que luchan por hacerse un hueco en el espectro político, sumado a la escasa experiencia en el sistema de partidos. Pero si analizamos el programa de gobierno de la formación morada de las últimas Elecciones Generales, la mayor parte de sus medidas son socialdemócratas y, muchas de ellas, están argumentadas y defendidas desde el punto de vista de la Constitución. Por tanto, PODEMOS no puede ser calificado de partido «populista». ¿Y VOX? En sus maneras es populista y también en determinadas ideas reivindicativas, que aun sabiendo que no podrían poner en práctica con la actual Constitución y tampoco por la dependencia de España con la UE, las pregonan con éxtasis en sus mítines. VOX es «populista» pero también responde a la tipificación «nacionalista» (entendida en este caso como la exaltación de la nación española, la españolidad, lo tradicionalmente español, la raza, la patria, la fe católica, la bandera, etc.), al fascismo en sus distintas vertientes (incluyendo naturalmente el franquismo y el postfranquismo integrado en el juego democrático) y, por supuesto, al neoliberalismo económico, que también defienden CIUTADANS y PP. Los nuevos liberales, creyentes fervorosos de los mercados (sin ninguna o con muy poca intervención), venden la idea de «libertad económica» como paradigma de «progreso y bienestar».  Pero existen varios ejemplos a lo largo de la historia más reciente de cómo este capitalismo salvaje ha hecho prosperar a los de siempre, mientras el resto, la inmensa mayoría, se tenía que conformar con las migajas o, peor aún, apretarse el cinturón como consecuencia de la última gran crisis económica que fabricaron los de siempre. Pero volviendo al «populismo», hay quien dice que no hay mayor populismo que el que demostró el PP de Mariano Rajoy durante la campaña que le llevó a la Moncloa. A sabiendas de que no sería posible, ante la crisis económica que sacudía a medio mundo, regaló el oído de sus posibles votantes con cantos de sirena que prometían bajada generalizada de impuestos, mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la creación de 1 millón de puestos de trabajo, etc. Justo lo contrario de lo que hizo al ser presidente.

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«SECESIONISTA», «INDEPENDENTISTA» o «NACIONALISTA» son términos que aparecen de continuo en la boca de ciertos políticos. Pese a que no significan lo mismo, se utilizan con demasiada ligereza, de manera peyorativa, como si fuesen sinónimos. Lo que representa cada uno de estos vocablos es una opción política, una noción de convivencia y de soberanismo totalmente legítimos, amparados, entre otros, por el Art. 20 de nuestra Constitución, que recoge «el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». Cualquier persona o partido político puede tener en su ideario cualquiera de estos conceptos. No es ilegal luchar por la independencia, siempre y cuando dicha lucha se enmarque dentro de los cauces de la ley. La Constitución se acata pero no hay obligación de suscribirla al cien por cien. Se pueden manifestar ideas independentistas y también proponer reformas constitucionales que vayan en esa dirección, o en cualquier otra.

Ciertas facciones del independentismo suelen relacionarse con la violencia. Pero no se puede generalizar aseverando que todos estos grupos la utilizan para lograr sus objetivos. Quienes acuden a la lucha violenta suelen hacerlo contra los bienes del Estado o contra sus ciudadanos, como en el caso de la mayoría de los atentados de Terra Lliure (organización terrorista española de ideología independentista catalana y socialista fundada en 1978 y disuelta en 1991) o la violencia callejera, pudiendo llegar incluso a atentar contra personas, ya sean civiles, militares u otras, como ocurrió en los casos de ETA, el IRA, el FLNC corso o el Frente Polisario. En cualquier caso, el independentismo suele rechazar mayoritariamente el uso de la violencia, como es el caso del independentismo en Quebec, el Tibet o en Irlanda, como bien muestra el hecho de que el Sinn Féin se convirtió en la fuerza católica más votada en Irlanda del Norte tras el abandono de las armas por parte del grupo terrorista IRA. ​Similar es el caso de la izquierda abertzale, que desde principios de 2011 rechazó abiertamente la vio­lencia ejercida por ETA. El independentismo en Cataluña hasta la fecha ha sido un movimiento pacífico, a pesar de que haya dirigentes catalanes encarcelados y juzgados, y también huidos.

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La definición que hace la RAE de «GOLPISTA» es «perteneciente o relativo al golpe de Estado… Que participa en un golpe de Estado o que lo apoya de cualquier modo». Hasta la fecha, los dos únicos golpes de Estado que los ciudadanos recuerdan por haber vivido en propia carne son el que dio Franco en julio de 1936, dejando más de 1 millón muertos y 40 años de dictadura, y el del teniente coronel Tejero en febrero de 1981, tomándose de rehenes a los diputados y sacando tanques a la calle. Aunque, durante la Transición, el 23-F no fue el único golpe de estado fallido; en 1978, la Operación Galaxia (intento de secuestrar por parte de militares ultras a Adolfo Suárez y al resto del Gobierno durante el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa); en 1985, el Zambombazo (militares y civiles ultras planearon matar al Rey y al Presidente del Gobierno durante un desfile en La Coruña); además de otras tramas, pertinaces ruidos de sables, actos subversivos y asesinatos, todos ellos claros ejemplos de rebelión armada y violenta con el fin de perpetrar un golpe de Estado.

«Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para, entre otras instancias, declarar la independencia de una parte del territorio nacional» (art. 472 del Código Penal español). El delito de sedición se aplica a «los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales» (art. 544 del Código Penal español). La «violencia» es la palabra claveen el delito de rebelión y lo que le diferencia del artículo de sedición, que, aunque tiene una redacción bastante similar, habla de aquellos que se alcen de manera «tumultuaria», en lugar de «violentamente». En opinión de muchos penalistas, «la sedición comprende cualquier conmoción y generalmente se presenta asistida por violencia directa». Un matiz parecido fue apreciado por el Tribunal alemán de Schleswig-Holstein, el 12 de julio de 2018, cuando descartó entregar al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont a la justicia española por delito de rebelión al no cumplirse, según las leyes alemanas, el requisito de la «violencia». La mencionada sentencia sostiene además que el orden constitucional no peligró. Parece que en este caso, tanto «rebelión» como «sedición» no tienen demasiada consistencia. Las algaradas y desordenes que hubo (y que se conocieron a través de las retransmisiones televisivas), la mayoría de ellos como consecuencia de la desmedida intervención policial, son más propios de cualquier manifestación reivindicativa que de un intento de golpe de Estado. Estos sucesos, como mucho, podrían ser tipificados de «desobediencia» y/o «desorden público».

Recapitulando, en los casos de «rebelión» o «sedición», el supuesto objetivo (el golpe de Estado o la independencia) no fue consumado. No hubo una desconexión real de Cataluña con España, tampoco existieron los procedimientos jurídicos pertinentes para proclamar dicha desconexión. Todo aquello, en opinión propia, no fue más que una farsa, una huida hacia adelante propia de un exceso de testosterona por ambas partes, o también una cortina de humo que tapó asuntos turbios en un lado y en otro y que su efecto de bola de nieve acabó por convertirse en un asunto que cuanto más rodaba más beneficiaba a algunos partidos electoralmente.

En consecuencia, calificar a diestro y siniestro de «golpista» es una auténtica marrullería, impropia de quienes ostentan un cargo público y representativo. Muchos políticos y tertulianos lanzan este adjetivo sobre el adversario con el fin de desacreditarlo, importándoles muy poco el rigor y la coherencia. Pero, casi lo más grave, es que sin que se haya producido una sentencia condenatoria, insistan una y otra vez en decir «golpista» en vez de «presunto golpista». Parece que muchos solo tienen en cuenta la «presunción de inocencia» cuando se trata de sus amigos.

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Cada vez es más frecuente en la derecha tildar a individuos y a partidos de «COMUNISTAS», utilizando tonos dramáticos, incluso apocalípticos, que sin duda despiertan en muchas personas miedo y rechazo. Existe una tendencia generalizada, por parte de los sectores de derechas, a evaluar el «comunismo» únicamente por la represión a la que ha dado origen a lo largo de su historia, en vez de contemplarlo como la «doctrina que establece una organización social en que los bienes son propiedad colectiva, o como el movimiento y sistemas políticos, desarrollados desde el siglo XIX, basados en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción» (RAE). La palabra «comunismo» en nuestros días está muy devaluada y, para muchos, es solo sinónimo de millones de muertes y nada más que eso. Por el contrario, para estos mismos, el «capitalismo» suele ser una máquina de prosperidad humana, sin culpa ni sangre. El debate entre comunismo y capitalismo es una batalla entre dos teorías socioeconómicas extremas, que representan dos maneras inherentemente opuestas del pensamiento. Ambas doctrinas son como el día y la noche. Una de ellas es sumamente individualista (capitalismo), mientras que la otra (comunismo) antepone la sociedad al individuo. El capitalista ve al comunista como alguien antagónico y viceversa. Pero, curiosamente, en el Manifiesto comunista, de Marx y Engels, se reconoce que «los capitalistas habían creado maravillas que superaban a las pirámides de Egipto, los acueductos romanos y las catedrales góticas». Es innegable que el capitalismo trajo crecimiento y desarrollo.

Los valores hipotéticos de ambas doctrinas no sugieren ni represión ni asesinatos, pero cuando examinamos sus valores empíricos no tenemos más remedio que reconocer que, en ambos casos, sus respectivas historias están manchadas con millones de muertos. Pues entre la teoría y la práctica están las personas y, por encima de ellas, los gobiernos, interpretando en ocasiones la teoría según sus propios intereses, a lo que cabría añadir factores como el despotismo, la mala gestión y la corrupción.

Actualmente, probado de manera documental, se ha podido saber que el régimen totalitario de Stalin, que él creó y exportó a los países de su entorno, le quitó a millones de personas su libertad y en muchos casos también la vida. Entre 1921 y 1953 fueron fusiladas en la URSS  800.000 personas y se supone que en torno a 600.000 debieron morir en presidio, por lo que las muertes políticas sumaron alrededor de 1.400.000. Tampoco debemos olvidar los entre 23 y 30 millones de vidas que se perdieron en la China de Mao Zedong por los asesinatos y la hambruna, según afirma el economista y premio Nobel Amartya Sen. Aunque no son los únicos casos en que gobiernos comunistas han ejercido la represión, sí son los dos más significativos. De ahí que afirmar, como suelen hacer los detractores acérrimos del «comunismo», que «100 años de comunismo = 100 millones de muertos» es totalmente falso. En torno al comunismo existe demasiada leyenda negra, creada y difundida por los «vencedores» (ya sean «capitalistas» o «franquistas», como en el caso de España en los 40 años de dictadura).

Pero el «capitalismo» es también un sistema económico manchado con la sangre de innumerables millones de personas. En cambio qué político español de derechas, defensor de las teorías de Adam Smith (fundador intelectual del «capitalismo»), es capaz de reconocerlo. Por el contrario, ¿utilizan los partidos de izquierdas el calificativo «capitalista» como sinónimo de criminal? La respuesta es «no», aunque muchos de ellos sepan que la praxis del capitalismo ha traído, junto a la libertad y el progreso, guerras económicas feroces, hambrunas, asesinatos, bloqueos económicos, invasiones militares, desolación, genocidios, golpes de estado, masacres, sabotajes, actos terroristas, barbarie, muerte, contaminación de ríos y mares, cambio climático, riesgo a corto plazo de convertir la Tierra en un planeta inhóspito y algo después en inhabitable. A lo que habría que sumar una desigualdad endémica que sufren en mayor o menor medida todos los continentes, con una tendencia preocupante: «los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres».

Los cimientos del «capitalismo» fueron construidos sobre los cadáveres de millones de personas. Desde el siglo XVII en adelante, el tráfico de esclavos a través del Océano Atlántico se convirtió en un pilar del capitalismo emergente. Mucha de la riqueza de Londres, Bristol y Liverpool -que llegó a ser el mayor puerto de esclavos de Europa- nació del trabajo de los africanos esclavizados. También se realizaron exterminios indígenas. Y el colonialismo trajo el saqueo brutal de recursos (genocidio en el Estado Libre del Congo), mientras que la rivalidad existente entre las grandes potencias imperialistas europeas por el reparto de Asia y África sería la causa principal de la Primera Guerra Mundial, que se saldó con 9 millones de muertos y alrededor de 30 millones de heridos. La Segunda Guerra Mundial provocaría 80 millones de víctimas. Pero ¿quiénes financiaron a Hitler y al nazismo? Los capitalistas alemanes, como los capitalistas españoles lo hicieron en el golpe de estado de julio del 36. Tampoco se pueden olvidar las guerras de Vietnam, Afganistán, Iraq, Libia, Siria, Yemen, etc. y el reguero de muertos provocados por los golpes de estado y dictaduras apoyadas en todo el mundo por regímenes capitalistas, o por las transiciones de países del bloque socialista al capitalismo.

El número total de víctimas, directas o indirectas, del capitalismo, debido a guerras, dictaduras, masacres y genocidios, se calcula en cientos de millones de muertos, incrementándose cada año en varios millones de muertos por hambre y pobreza y, cada vez más, a causa de la contaminación y el cambio climático, dos consecuencias del capitalismo salvaje que impera entre las grandes potencias, y que acabarán por convertir la Tierra en un planeta inhabitable, además de acarrear 8’8 millones de muertes anuales en el mundo. Todo esto es también el «capitalismo».

Y por todo esto es por lo que no se puede calificar alegremente, con intenciones puramente difamatorias y actitud histriónica, de «comunistas» a los rivales políticos. Ser «comunista» no es sinónimo de criminal, totalitario, estalinista, bolchevique… El  «comunismo» es mucho más complejo que todas sus etiquetas, además de que no es una doctrina homogénea. A lo largo de la historia el «comunismo» ha tenido distintas lecturas, surgiendo corrientes con entidad propia y, como otras ideologías, ha ido evolucionando, también adaptándose a nuevas circunstancias históricas. En los países de la UE siguen existiendo partidos comunistas que hace tiempo comprendieron que la URSS ya no era su modelo, así como que la construcción del socialismo debía ser en paz y libertad, aceptando el sistema pluripartidista. El caso del eurocomunismo, surgido a partir de los años 70′ en Europa occidental, que tanto entusiasmo provocó     -así como críticas muy duras dentro de la propia y variada familia comunista-, es un ejemplo de cómo han entendido muchos comunistas europeos el contexto sociopolítico y económico del siglo XXI. Estos comunistas admiten que es muy difícil hacer una revolución en los países capitalistas, razón por la que la única vía de llegar al gobierno sería mediante elecciones libres y no mediante una revolución. Los eurocomunistas renuncian además a la dictadura del proletariado.

Como explica Alberto Garzón, militante comunista y actual coordinador federal de IU, «tiene sentido ser comunista siempre que exista el capitalismo, un sistema económico amoral regido solo por la ganancia». Gracias a las influencias del «comunismo», en los países capitalistas (no en todos), junto con la propiedad privada, se han salvaguardado bienes públicos de máximo interés general, como puedan ser la sanidad, la enseñanza, el sistema de pensiones, etc.

En suma, el «comunismo» en los estados democráticos es una opción política tan respetable como otras, y su nombre no debería ser usado tan a la ligera ni de manera genérica con el fin de confundir y descalificar a adversarios políticos.

Si Manuel Fraga (AP) y Santiago Carrillo (PC), entre otros, fueron capaces de aprobar la Constitución Española actual, demostrando que en democracia el partido conservador del primero y el partido comunista del segundo podían ser compatibles, ¿por qué los líderes actuales de la derecha -y de la izquierda- se niegan a dialogar con el contrario? ¿Por qué, si Fraga y Carrillo, habiendo vivido una guerra civil cruenta y 40 años de dictadura en bandos opuestos, supieron renunciar a las descalificaciones gruesas, los actuales dirigentes, especialmente los de la derecha, no son capaces de hacerlo?

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La utilización que nuestros políticos de derechas hacen del término «PROETARRA» lo convierte en el peor insulto que se pueda dedicar a un adversario. Decir de alguien que es «proetarra» equivale a decir que es cómplice y defensor del terror y del tiro en la nuca. Junto con «comunista», «independentista» o «antiespañol», este calificativo, puesto en boca de los políticos de derechas, forma parte en la actualidad de lo que podríamos llamar etiquetas demoníacas. Cuando Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de apoyarse y pactar con los «proetarras» de EH BILDU, los «comunistas» y «populistas» de PODEMOS y los «independentistas» y «antiespañoles» catalanes, parece que quiere decirnos que el líder socialista ha vendido su alma al demonio. Otras veces, optando por una mayor brevedad, se despacha con el calificativo guerracivilista «rojos», que Franco utilizó para meter en el mismo saco a todos los que no pensaban como él. El PP de Pablo Casado, que últimamente había competido con VOX para ocupar el espacio de la extrema derecha, nos ha recordado muchas veces en sus soflamas la jerga que utilizaban los franquistas durante la guerra y en la posguerra para meter miedo a la población.

La satanización que tanto PP, como CIUTADANS y VOX, hacen de EH BILDU, la argumentan simplemente sobre calificativos del tipo de «proetarras», «antiespañoles», «comunistas» o «independentistas», todos ellos cargados de imágenes atroces de sangre que forman parte de la memoria colectiva, que buscan el impacto inmediato en quienes los escuchan y, lo peor de todo, henchidos de tergiversación y mentira.

Entre junio de 2011 y junio de 2015, el alcalde de la capital de Euskadi era Javier Maroto (PP), quien alcanzó acuerdos con EH BILDU. Maroto y Antxon Belakortu, por entonces líder de EH BILDU en Vitoria, mantuvieron una buena relación política y personal, que el propio Maroto manifestó públicamente. Borja Sémper, líder del PP en Guipúzcoa, afirmaba que «el futuro de la sociedad vasca, guste o no, en determinados sitios, se tiene que construir también con EH BILDU». Una posición similar a la que mantuvo la ex secretaria general del PP en Euskadi, Arantza Quiroga, y que acabó dimitiendo por las presiones del partido. Pero no son estos los únicos casos de «confraternización con el enemigo» por parte del Partido Popular, existen incluso fotos que atestiguan estos acercamientos. Hay una que publicó en 2018 Arnaldo Otegui, coordinador general de EH BILDU, del popular Jaime Mayor Oreja en compañía de miembros de HASI, KAS y HERRI BATASUNA. La fotografía aparece en la cuenta de Twitter de Otegui, con el siguiente texto: «Mira, Pablo Casado. Vuestro admirado Jaime Mayor Oreja cenando con mi admirado Txomin Ziluaga, secretario general de HASI, miembro de KAS y de la Mesa Nacional de Herri Batasuna… (1986) ¿Lo expulsarás del partido?». En fin, una vez más, estamos ante un caso de hipocresía política por parte del Partido Popular. Cuando les conviene, pactan y confraternizan con EH BILDU, a quienes ellos mismos califican de «proetarras», pero si lo hacen los demás, es ilegítimo y una traición a España.

Arnaldo Otegui, como actual coordinador general de EH BILDU, en ocasiones, suele ser el blanco predilecto de los furibundos ataques de la derecha, debiendo soportar todo tipo de exabruptos contra su persona. Pablo Casado ha dicho hace poco, en un acto en Tenerife, que Arnaldo Otegi fue «condenado por secuestrar a nuestro compañero Javier Rúperez y por intentar secuestrar y casi asesinar a nuestro compañero Gabriel Cisneros, a quien le metieron un tiro en la tripa cuando intentaba huir en el Retiro de un secuestro seguro».

Arnaldo Otegi fue juzgado en la Audiencia Nacional y en ambos casos fue absuelto de todos los cargos. Sí fue condenado a seis años de prisión en 1989 por el secuestro en 1979 del director de la fábrica Michelin de Vitoria, Luis Abaitua. Otegui ha sido encarcelado en cinco ocasiones; la última en 2009 por un delito de pertenencia a banda armada en el polémico «caso Bateragune», juicio que en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que «no fue justo y que careció de imparcialidad». Al líder abertzale nunca se le probaron delitos de sangre y pagó con varios años de cárcel los delitos probados. Así que, tal y como ordena la ley, tiene derecho a la reinserción social y a su rehabilitación política y personal.

Otegui es una de las figuras más controvertidas del tablero político español. A pesar de su inicial militancia en ETA, años más tarde intentó lograr el final de la violencia de la banda terrorista, participó muy activamente en la firma del Pacto de Estella, que conllevó a que ETA declarase una tregua «incondicional e indefinida», y también se reunió en secreto en varias ocasiones con Jesús Eguiguren, del PSE-EE, para facilitar un proceso de paz que llevase al fin de la violencia. Otegi fue una figura decisiva en el proceso que en 2011 llevaría a ETA al anuncio del cese definitivo de su «actividad armada». Ha sido el principal impulsor del debate interno que ha finalizado con una izquierda abertzale desmarcada de la violencia y «comprometida con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas». En 2012, en el libro El tiempo de las luces, pidió «sus más sinceras disculpas» a las víctimas de ETA y afirmó que sentía «de corazón» si desde su posición política había añadido «un ápice de dolor, sufrimiento o humillación a sus familias». Asimismo se manifestó a favor de la disolución de ETA, que se produjo en mayo de 2018.

Algunos políticos, entre otros Pablo Iglesias (PODEMOS) o Josu Erkoreka (PNV), han identificado a Otegi como un elemento clave para la paz en el País Vasco, sin el cual no habría sido posible. El líder de la izquierda abertzale también ha sido comparado con la figura de Gerry Adams en Irlanda del Norte.

Con todos estos antecedentes, llamar «proetarra» a Arnaldo Otegui y a su formación EH BILDU es una infamia. A veces uno tiene la impresión de que determinados partidos (PP, CIUTADANS o VOX) parecen añorar los años de la violencia en Euskadi; es como si el «fantasma de ETA», como está resultando ser el «fantasma del independentismo catalán», fuese el mejor de los caladeros de votos. Es innegable que muchos de los votos logrados por el PP en varias elecciones fueron fruto de situaciones difíciles en Euskadi y más recientemente en Catalunya. CIUTADANS, que también ha sabido sacar réditos electorales al independentismo catalán, nació como un partido vocacionalmente antiindependentista y sigue siendo su principal caballo de batalla. Y VOX irrumpió bajo el reclamo de «quieren romper España».

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A exámenes lingüísticos, históricos y sociales parecidos podríamos someter a otros muchos términos de la jerga política. Los resultados serían similares: «se califica a los contrarios sin apenas rigor, mediante términos engañosos, descontextualizados o     falsos, con el fin de desacreditarlos y de obtener beneficios propios o ajenos». Por eso, prefiero dejar a los lectores con la inquietud de fisgar por ellos mismos en «LA LEPROSERÍA NEURONAL DE LA POLÍTICA».

© Javier Díez Moro

Madrid, 18 de junio de 2019

Haga que pase, señor Sánchez

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