La Gran Banca y el Tribunal Supremo
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El
establishment del Estado español estaría formado por las élites
financiera-empresarial, política, militar, jerarquía católica,
universitaria y mass media que serían los herederos naturales del
legado del General Franco y que habrían fagocitado todas las esferas
de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía
financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero
Manuel Puerto Ducet), iniciando asimismo una deriva autoritaria que
habría ya convertido a la pseudodemocracia española en rehén del
establishment y que tendría como objetivo último la implementación
del Estado Tardofranquista.

El Tardofranquismo sería hijo del Tejerazo o golpe blando de 1.981 en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el establishment asociado al sistema monárquico, al sistema político bipartidista y a la “unidad indisoluble de la nación española” y estaría plasmado en la todavía vigente Constitución de 1.978, Carta Magna que estaría blindada ante cualquier cambio institucional que se pueda producir en el Estado español con lo que se cumpliría una vez más la profecía : “Todo está atado y bien atado”.

La Gran Banca devenida en líder del establishment

Tradicionalmente,
la finalidad de la banca era canalizar el ahorro privado hacia la
inversión, pero dada la ausencia de cultura de ahorro doméstico y
público, ha originado que el proveedor de recursos para dinamizar la
economía en forma de inversiones se haya trasmutado en un parásito
hematófago que succiona todas las ubres del Estado para saciar el
apetito insaciable de sus accionistas y altos cargos directivos. La
casta dirigente bancaria se habría transmutado así en una camarilla
de poder (equivalente a un miniestado dentro del Estado), que
utilizaría el nepotismo para perpetuarse en el poder con carácter
vitalicio, recurriendo a los llamados “contratos blindados” para
asegurarse un retiro dorado.

Así,
la cartografía de la corrupción abarcaría a todas las Comunidades
Autónomas estando los políticos presuntamente implicados en casos
de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias protegidos en un
primer estadio por el status de “aforado” y en segunda estancia
por la benignidad de los magistrados del Supremo a la hora dictar
sentencias condenatorias, de lo que sería paradigma el llamado
“Master Casado” o el reciente esperpento jurídico en el que el
TS anula su propia sentencia que obligaba a la Banca a pagar los
impuestos de las Hipotecas y que hubiera supuesto para la Gran Banca
una sangría estimada por Moddy´s en 4.000 millones €.
Asistiríamos pues a la escenificación de una
lucha enconada entre un Tribunal Supremo, devenido en garante y tabla
de salvación de las élites político-financieras del establishment
inmersas en el top-ten de la corrupción, el nepotismo y el tráfico
de influencias y el Tribunal Constitucional convertido en la única
salvaguarda de los valores primigenios de la democracias formales.

GERMÁN GORRAIZ LÓPEZ-Analista

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