Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía, acaba de pedir su absolución en el caso ERES. Su razón es porque «ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades» vinculadas a la tramitación de estas ayudas sociolaborales. Su defensa pretende rebatir las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, se le pide una pena de 10 años de inhabilitación especial por prevaricación administrativa. Este caso, que investiga el reparto supuestamente ilegal y discrecional de 855 millones de euros desde 2001 a 2009. Los imputados con responsabilidades políticas en los gobiernos de ese período han recurrido su procesamiento y piden su absolución, Griñan incluído. Banalizan la corrupción, causa principal del desastre ético, político, económico y social en el que se encuentra España.
Según adelantó el diario digital Vozpopuli, Rato se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y fue incluido en una lista de 705 personas, elaborada por el Ministerio de Hacienda, que fue enviada al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) para su investigación. El padre de Rato, titular del Banco de Siero, ya en los años 60 creo una sucursal en Suiza para captar el ahorro de inmigrantes españoles en ese país, además de Alemania. Por estas operaciones fue condenado a la cárcel por evasión de capitales. Incluso le supuso pagar una multimillonaria multa por los bienes acumulados en el extranjero. Estos fondos en parte podrían haber acabado formando parte del patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno.
Rato habría regularizado su situación con la amnistía de Montoro recién llegado al gobierno. Operación nada transparente, habida cuenta de la cantidad de procesados que se sospecha están en ese beneficio. Esto suma a que Rato está imputado ya por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia y en la pieza separada en la que se analizan las tarjetas black opacas al fisco en la que los ex consejeros de esta entidad y de Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros. La mayoría de estas personas banalizaron sus conductas en el manejo de fondos. Fondos que se han socializado a la deuda que soportamos todos los españoles. Los vericuetos y chicanas judiciales no deben prevalecer a la hora de hacer justicia.
En 2012 Mariano Rajoy ante los medios dio algunas explicaciones sobre el caso Bankia. Entonces las acciones de la entidad nacionalizada cayeron un 13,38% y la prima de riesgo cerró en 511 puntos básicos, el límite más alto desde que España estaba en el euro. En una rueda de prensa, Rajoy repitió que no tenia voluntad de saber lo que había ocurrido en Bankia. Como justificación expuso que el Gobierno socialista no quiso averiguar por qué tuvo que intervenir Caja Castilla-La Mancha en el 2009 y él “para ser coherente”, tampoco pensaba abrir una investigación pública para depurar responsabilidades y saber cómo la cuarta entidad financiera del país había acabado con un agujero de 23.465 millones que va a tener que cubrir el Estado. Esto, para los que se preguntan las razones del pacto de la Gestora con el PP.
Qué decir de Granados. Correa, la trama valenciana o el llamado caso Bárcenas. Sé fuerte Luis.
La legislación vigente parece banalizar la importancia de las consecuencias de no penalizar adecuadamente estas prácticas. Suponen de facto una elusión de las obligaciones que el resto de los ciudadanos de este país no podrían disfrutar. Es más, manifestar la discrepancia por la corroboración de los efectos de esas prácticas corruptas, puede verse disuadida por la aplicación de multas administrativas desde todo punto de vista desproporcionadas. Preguntar a la señora Cifuentes.
Mientras tanto, el futuro de las próximas generaciones ha sido liquidado por el voto mayoritario de los españoles mayores de edad. Personas a las que ya no les pertenece ese futuro. Pobre España!!
