La Comisión del Pacto de Toledo ha cerrado un preacuerdo en
el que recomienda que la revalorización anual de las pensiones sea en base al
IPC real. Pero no está claro lo que va a ocurrir, aunque viene a desautorizar
la reforma de las pensiones del PP que tanto nos ha hecho retroceder. La
vinculación de las pensiones al IPC queda en manos del Gobierno. La ministra
Valerio ya ha adelantado que las recomendaciones «no son vinculantes»,
y la Seguridad Social ve «perverso» vincular el alza de las pensiones
a un único indicador. Alguien nos está engañando y no parece que esta decisión
vaya a calmar los ánimos reivindicativos de las personas pensionistas y de las
que pronto serán.
La Comisión del Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo de
principio de mínimos, para que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme
al IPC real, sin estar supeditada esta subida a ningún otro parámetro. El
acuerdo fue refrendado por todos los grupos representados en el Congreso, salvo
ERC, que quiere analizar el documento ante las dudas de que no garantice
realmente la ganancia de poder adquisitivo. El texto del acuerdo establece que
«la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de
mejora encaminada no a conservar, sino −cuando lo permita la situación
económica y con la oportuna cobertura legal−, aumentar dicho poder
adquisitivo».
Los grupos se felicitaron por haber «desatascado»
las discusiones en la Comisión, que lleva dos años siendo incapaz de concluir el
trabajo que tiene encomendado: revisar cada cinco años las 21
recomendaciones del Pacto de Toledo, La subida tiene que sortear aún las
reticencias de la patronal. El Gobierno negociará el tema con los sindicatos y
los empresarios en el diálogo social. Pero la CEOE tiene dudas sobre si la
subida debe vincularse al IPC o si han de tener en cuenta más criterios. PP,
Ciudadanos y PDeCAT, los partidos más reacios a volver a la indexación a los
precios, defienden que se pueda condicionar la subida a la situación económica.
Todo está por ver.
El sistema público de pensiones es cuestionado a menudo.
Desde hace años se nos amenaza con la dificultad de sostener unas prestaciones
con un número creciente de jubilados y una población activa cada vez más
reducida y con peores condiciones de trabajo que sus padres. En España, desde
la firma del Pacto de Toledo, se trataron de poner en marcha políticas a largo
plazo para garantizar que cuando la vejez nos llegue tengamos un sistema que
nos permita vivir con dignidad. (El Plural 27 de septiembre)
Los partidos políticos hacen lecturas distintas del «consenso
de mínimos». Los grupos se basan en el acuerdo de 2011 para pactar un
borrador que les permita mantener sus posiciones de partida: PP y Cs defienden
que el IPC se matizará con otros indicadores y la izquierda dice que ese método
se han descartado. El Gobierno deberá consultar al Congreso si desarrolla o
modifica la recomendación que garantiza el poder adquisitivo.
CCOO y UGT han convocado cerca de medio centenar de movilizaciones en todo
el país los próximas 1 y 2 de octubre, con motivo del Día
Internacional de las Personas Mayores que se celebra el 1 de octubre, en
defensa de sus derechos y para reclamar pensiones dignas. El manifiesto conjunto, exixge al conjunto de poderes públicos
que se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la
sostenibilidad del sistema de pensiones y su poder adquisitivo, además de
derogar los recortes en materia sanitaria, completar la implantación de la ley
de Dependencia o poner un IVA reducido a los suministros básicos del hogar,
entre otras cosas.
También la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de
Pensiones, lleva tiempo reivindicando la revalorización de las pensiones
según el IPC. Los pensionistas prometieron un septiembre caliente y lo están
cumpliendo. Según la Coordinadora, las movilizaciones continuarán porque sus
reivindicaciones aún no han sido atendidas: «No vamos a permitir que nos
roben nuestras pensiones y las de nuestros hijos con reformas y recortes de
gobiernos que solo favorecen a una minoría social». Están cansados de
esperar. Critican que las pensiones, se está estancando y que la llegada de
Pedro Sánchez a la Moncloa no ha traído ningún cambio. Todo sigue igual más
allá de buenas palabras, lamentan.
La Coordinadora mantiene como principales reivindicaciones
la defensa de «pensiones dignas», con su revalorización de acuerdo al
IPC, la anulación de las reformas de 2011 y 2013, que «provocan una
disminución progresiva de las pensiones futuras y dificultades para acceder a
ellas; la eliminación de la brecha de género en las pensiones; y la garantía de
las pensiones con los Presupuestos del Estado según lo establecido en el
artículo 50 de la Constitución y el artículo 109 de la Seguridad Social».
El artículo 50 de la Constitución establece que: «Los
poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera
edad…». Hay quién dice que el blindaje de las pensiones en la CE queda
garantizado con este artículo, pero que no nos confundan. El artículo, efectivamente,
está incluido en el Título I. De los derechos y deberes fundamentales, pero no
es menos cierto que se encuentra en el Capítulo tercero. De los principios
rectores de la política social y económica; por lo que no dejan de ser
orientaciones constitucionales hacia los poderes públicos para que sus
políticas tiendan ha cubrir determinados objetivos. En todo caso, no cabe
considerarlos como normas sin contenido ya que es obligado tenerlos presentes
en la interpretación, tanto de las normas constitucionales como de las propias leyes.
El Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, del
29 de diciembre de 2010, sometido al Pleno del Congreso de los Diputados y
aprobado el 25 de enero de 2011, en su Recomendación nº 2 relativa al
mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, decía: «La
Comisión (…) defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los
pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de
medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de
pensiones en el futuro. «Considera, además, que la sostenibilidad del
sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad
Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones, y que toda subida por encima del IPC (o del
índice que, en su caso, pudiere adoptarse) sea sufragada con cargo a otros
recursos financieros».
La Mesa
Estatal por el Blindaje de las Pensiones −MERP−, exige proteger las
pensiones públicas. Y para ello propone blindarlas en la Constitución,
elevándose a la categoría de derecho fundamental, prohibiendo su privatización
y la pérdida de poder adquisitivo, a través de un mandato que comprometa a
todos los gobiernos y al conjunto de la Administración. Solo así las pensiones
públicas estarán verdaderamente protegidas. Las pensiones son el pilar esencial
de la cohesión social y reformar el Sistema, como lo hizo el Gobierno del
Partido Popular, representó una amenaza para el presente y el futuro.
Para la MERP, son bienvenidos todos los avances, mejoras y
acuerdos que beneficien a las pensiones. Pero es necesario alcanzar una
solución permanente que impida ponerlas en cuestión por oportunismo político.
El blindaje de las pensiones debe traducirse en mandatos explícitos que
protejan de forma efectiva el sistema público de pensiones en la Constitución,
como ocurrió con el blindaje del pago de la deuda pública, con un mandato que
compromete a todos los gobiernos, mediante la reforma del artículo 135. Las pensiones merecen igual protección que el
pago de la deuda a los bancos.
Unidos Podemos sostiene que las pensiones subirán según lo
haga el IPC real, sin que se module con otros indicadores, como los salarios y
el PIB, o que el ritmo de subida sea distinto, según la cuantía de la pensión o
que se distinga entre periodos de crecimiento y recesión económica. Tanto el PP
como Cs y PDeCAT sostienen que el principio de acuerdo permitirá añadir otros
indicadores al IPC real para revalorizar las pensiones. Para el PSOE, lo
destacable del principio de acuerdo es que se haya regresado al IPC real
después de siete años. Ahora debe ser el Gobierno el que diseñe al detalle el
mecanismo para subir las pensiones. Esperemos que sea pronto y coincidente con
las reivindicaciones de sindicatos, colectivos y pensionistas.
El Gobierno y el resto de fuerzas políticas, deben promover
una reforma de la Constitución que recoja las pensiones como derecho
fundamental, otorgándoles el blindaje constitucional que no tienen en la
actualidad. Una reforma que incluya la prohibición expresa de que cualquier
gobierno, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema
Público de Pensiones; que recoja como obligación constitucional el
mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones públicas, y por tanto
la imposibilidad de que ningún tipo de medida, pueda afectar a las pensiones
Queda todo por conocerse y el acuerdo de
mínimos es sólo un paso más que debe formalizarse mediante ley. Es preciso un
cambio de orientación en la política económica y social para hacer posible un
aumento de la protección social, reducir el empobrecimiento y garantizar las
mejores condiciones de vida para las personas mayores. «El 60% de los pensionistas cobran prestaciones por debajo de 800 euros«.
Las pensiones son una línea roja que no debemos permitir que se cruce.
Víctor Arrogante
En Twitter @caval100
