Estimado Pedro Sánchez:
Aunque no soy votante del PSOE, quiero felicitarle por haber ganado las elecciones del 28-A. Sin duda, el objetivo común de muchos españoles que han votado a partidos progresistas de izquierdas (12.487.879 votantes), era evitar un gobierno de derechas formado por PP, CIUTADANS y VOX (11.169.796 votantes).
De esos 12.487.879 votantes de izquierdas, 7.480.755 votaron al PSOE (28’68% – 123 diputados), 3.732.929 lo hicieron a UNIDAS PODEMOS (14’42% – 42 diputados), 1.015.355 a ERC (3’92 % – 15 diputados) y 258.840 a EH-BILDU (0’99 % – 4 diputados). La suma de todos estos diputados es de 184. La mayoría absoluta es de 176.
En el bloque de derechas el reparto fue de 4.356.023 votantes para el PP (16’70% – 66 diputados), 4.136.600 para CIUTADANS (15’86 % – 57 diputados) y 2.677.173 para VOX (10’26 % – 24 diputados). Alcanzando los 147 diputados la suma de los tres partidos.
En resumen, en el bloque de izquierdas, con esos 184 diputados, aunque habría cuestiones que no obtendrían acuerdos unánimes, dadas las distintas sensibilidades de cada uno de los partidos, seguro que en la mayoría (política social, regeneración democrática y reforma de la Constitución, entre otras) sería fácil llegar a ellos. Y también, por qué no, se podría llegar a acuerdos puntuales con la derecha, siempre que sus representantes abandonen la descalificación permanente y la crispación.
Sr. Sánchez, no defraude a sus electores, sea fuerte y pase a la historia como un presidente valiente que supo anteponer los intereses de la inmensa mayoría a los de la minoría privilegiada. Evite perder el contacto con la calle y luche por su independencia frente a los lobbies. Usted y todos saldremos ganando con ello. No siga el ejemplo de algunos de sus compañeros de partido que, en puestos de responsabilidad, aplicaron y aplican políticas de centro derecha junto a otras de centro izquierda.
Espero y deseo que el nuevo gobierno de la nación haga políticas de izquierdas en todos los ámbitos y ministerios. Que sepa reivindicar, desarrollar y aplicar todos los artículos de la Constitución Española en vigor. Los españoles -todos- merecen algo más que irse a la cama con el runrún del 155 y despertarse con el mismo soniquete. Ya está bien de servirse del conflicto catalán y del patriotismo mal entendido para mercadear votos.
¿Cuántas veces los políticos han exigido el cumplimiento del Art. 31.1?: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». ¿Quiénes reivindican el Art. 35.1?: «Todos los españoles tienen el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo». ¿Por qué para solucionar el problema de la vivienda no se parte directamente del Art. 47?: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». ¿Y las pensiones de los mayores?, ¿por qué desde hace años la propaganda suele asustarnos con mensajes a favor de los planes privados de pensiones? ¿Por qué los políticos no dialogan sobre la base del Art. 50?: «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio». ¿Por qué ha aumentado tanto la pobreza en España en los últimos años, situándose, según los datos presentados a finales de 2018, en cerca de 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que coloca a España en el tercer país de la Unión Europea con mayor desigualdad, por detrás de Rumanía y Bulgaria? ¿Cómo es posible que en nuestro país el 1% de la población acapare el 40% de la riqueza? ¿Acaso el Art. 128 de nuestra Constitución es un mero adorno retórico?: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general… Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».
A la vista de lo expuesto parece fácil comprender que, con independencia de ideologías, sean de derechas o de izquierdas, buena parte de la solución a nuestros problemas está en el estricto cumplimiento de la Constitución.
La jerga política a menudo es confusa, etiquetando actitudes y hechos de manera torticera. Algunos parecen dar más importancia a los símbolos que a la propia realidad. Etiquetas como «constitucionalistas» y «golpistas» no dejan de ser adjetivaciones recurrentes, sin ningún tipo de rigor, para bendecir sus líneas de actuación o condenar las del rival. Autoproclamarse «constitucionalista» por defender a toda costa la aplicación de Art. 155, olvidándose de la aplicación de muchos otros artículos de nuestra Carta Magna, es un ejercicio de petulancia, cargado de falsedad.
Sr. Sánchez, cuando forme gobierno, no olvide las demandas sociales de la mayoría, provengan del ala izquierda o del de derecha. Cumpla con sus promesas y con toda la Constitución. Mejore la vida de todos, especialmente la de los más desfavorecidos, que cada vez son más. Profundice en los valores democráticos y de transparencia. Preserve la independencia de la clase política, de los partidos y de la Justicia. Y apuntale con solidez el Estado del Bienestar.
HAGA QUE PASE que la pensiones mejoren, particularmente las más bajas (mínimas y no contributivas), y que la subida anual sea de acuerdo al IPC, con independencia del gobierno de turno, tal y como se deriva del Art. 50 de la Constitución.
HAGA QUE PASE que las reformas laborales de 2010 del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y de 2012 del gobierno popular de Rajoy sean derogadas, a tenor de la miseria laboral que han creado en España desde su puesta en marcha. Elimine las empresas de trabajo temporal (ETT), creadas en 1994 durante el gobierno socialista de Felipe González, que han contribuido a la proliferación del trabajo basura.
HAGA QUE PASE que los trabajadores de este país sean beneficiarios también de la riqueza que genera España, que en el club de los 28 estados de UE es la economía que más crece en la actualidad, ostentando el 5º puesto como país con mayor PIB (y la 13ª economía a nivel mundial). En cambio, en el tema de salarios de la zona euro ocupamos el 8º puesto (y eso que recientemente el gobierno socialista, empujado por PODEMOS, aprobó la mayor subida del SMI en 41 años, fijándolo en 900 €). Nos superan Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia y Reino Unido, con SMI que van desde los 2.071,10 € a los 1.453,28 €. Conviene puntualizar que de los 28 estados, hay seis que no tienen SMI (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Austria y Chipre), fijando los salarios por Convenio Colectivo y que todos ellos, salvo Chipre, también superan a España.
HAGA QUE PASE que la brecha salarial se reduzca hasta extinguirse, que sea posible la conciliación, que la precariedad laboral deje de ser lo habitual, que los empleos sean de calidad. Que al fin tener trabajo sea garantía de abandonar el umbral de pobreza, lo que desgraciadamente no ocurre así y debería haber hecho saltar las alarmas hace tiempo.
HAGA QUE PASE que paguen más impuestos quienes más riqueza acumulan, pero de verdad. En España el impuesto de sociedades (empresas importantes, corporaciones financieras, bancos) y el de grandes fortunas, por enumerar dos, están muy por debajo de la media de la UE. Tampoco el IRPF que se descuenta de las nóminas se ajusta a la proporcionalidad que figura en nuestra propia Constitución y queda igualmente por debajo de la media europea. Combata los paraísos fiscales, las SICAV, las sociedades pantalla, el fraude fiscal, haga públicas las listas de grandes defraudadores y de quienes se acogieron a la amnistía tributaria del ministro Montoro. Todo este cáncer económico es culpable de que el Estado no recaude lo que debería recaudar. Y también haga posible que los impuestos indirectos (el IVA es el más conocido) bajen en los artículos de primera necesidad y suban, si fuese necesario, en los artículos suntuarios.
HAGA QUE PASE que los privilegios históricos de la Iglesia católica dejen de ser una realidad en un Estado aconfesional que debería haber entendido ya en 1978 que creencias religiosas e ideologías forman parte de la intimidad de los ciudadanos. Respeto por todas ellas, sí, pero prebendas para ninguna. Desde la entrada en vigor de nuestra Constitución no hay en España ningún credo religioso oficial, como tampoco puede haber ninguna ideología con ese carácter. Es lo que el Tribunal Constitucional ha denominado laicidad, o neutralidad ideológica y religiosa de los poderes públicos. Muchos ciudadanos se preguntan qué es la Iglesia católica. ¿Es una confesión religiosa, un paraíso fiscal o un Estado? Si es un Estado, que deje de entrometerse en los asuntos de otro Estado. Si es un paraíso fiscal dentro de nuestro país, que deje de serlo y pague el IVA, el IBI y demás impuestos que pagamos los españoles. Y si es una confesión religiosa independiente, que viva del dinero que aportan sus miembros y no de los presupuestos del Estado. En consecuencia, es un despropósito que el Estado español aporte a la Iglesia católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos una cifra que supera los 11.000 millones de euros anuales, es decir, más del 1% del PIB. Es evidente que el Estado tendría que revisar el Concordato ratificado entre España y la Santa Sede en 1979 y que confiere a la Iglesia un estatus privilegiado.
HAGA QUE PASE que las llamadas «puertas giratorias» sean suprimidas, así como los aforamientos y la inviolabilidad de la figura del Rey, no sujeta a responsabilidad. Que se haga un plan nacional contra la corrupción. Que se reforme la ley electoral a partir del principio «una persona, un voto». Que se redefina la función del Senado con el fin de hacerlo más proporcional y operativo. Que los partidos políticos, por ley, no puedan financiar sus campañas electorales mediante créditos bancarios (que en ocasiones, suelen ser créditos blandos que acaban por condonarse, se supone, a cambio de algo).
HAGA QUE PASE que la despenalización de la eutanasia sea posible. Que la violencia machista sea atajada desde todos los frentes posibles, desde el policial-judicial a la educación. Que el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo sea completamente legal. Que se regule debidamente la nueva droga social, las casas de juegos presenciales y digitales, que amenaza seriamente a nuestros jóvenes, igual que en la década de los 80′ la heroína diezmó a toda una generación. Que la cultura deje de ser principalmente un objeto de consumo. Hay que proteger la cultura en toda su diversidad como lo que es, el legado más valioso que pueden transmitir las generaciones.
HAGA QUE PASE que los 60.000 millones de euros que los españoles prestamos a los bancos en el rescate financiero producto de la crisis, vuelvan a nuestros bolsillos. Las entidades bancarias no se caracterizan precisamente por su generosidad y comprensión. Eso lo saben muy bien quienes tienen deudas hipotecarias: si no pagan la deuda son desahuciados.
HAGA QUE PASE que los medios de comunicación sean realmente independientes, por lo que no podrán ostentar su titularidad ni los grandes grupos financieros ni los lobbies. En materia informativa, debe primar la opinión de los consejos de redacción frente a la de los consejos de administración. Habría que crear un organismo independiente y sancionador que velase por la limpieza informativa, el cumplimiento estricto del código deontológico del periodista y la suspensión de quienes a título individual o colectivo protagonizasen a sabiendas campañas de desinformación, difundiesen informaciones falsas o fabricasen directa o indirectamente pruebas falsificadas.
HAGA QUE PASE que la Ley de la Memoria Histórica se cumpla en todos sus aspectos. El cadáver del dictador no debe permanecer en ningún lugar que sirva para su enaltecimiento. Ningún privilegio para los «golpistas del 36», ni para torturadores, asesinos y fundaciones fascistas.
HAGA QUE PASE que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce en el Art. 10.2 se interpreten, tal y como expresa literalmente este artículo, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. Por lo que es urgente derogar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, comúnmente llamada Ley Mordaza, que limita de forma desproporcionada el ejercicio de derechos humanos.
HAGA QUE PASE que la emigración no tenga que sortear tantos impedimentos administrativos y que soportar maltratos, incomprensión y carencias fundamentales. En un país de emigrantes como ha sido y es España, hay que acoger y solidarizarse con quienes huyen de persecuciones, guerras, catástrofes y hambre. En nuestra historia reciente cientos de miles de españoles se exiliaron como consecuencia del golpe de Estado franquista del 36′. En la década de los 60′, más de un millón de españoles salieron de su país impulsados por la necesidad y por el aislamiento que ahogaba a España, con destinos a Suiza, Alemania, Bélgica, Francia, Gran Bretaña y Holanda. La mitad eran inmigrantes clandestinos. Llegaban sin contratos de trabajo y muchos eran analfabetos. En los últimos años, a consecuencia de los recortes, justificados por el Poder como secuela de la crisis económica, hay alrededor de 2’5 millones de españoles establecidos en el extranjero, de los cuales hay un importante porcentaje de jóvenes, muchos de ellos, universitarios, también de científicos y profesionales cualificados. Un estudio reciente concluye con que más de la mitad de los jóvenes españoles cree que tendrá que emigrar por trabajo en los próximos dos años. A pesar de todos estos antecedentes en materia de emigración, España sigue sin cumplir en la actualidad la Declaración Universal de Derechos Humanos como país receptor. Desde que usted, Sr. Sánchez, ya como Presidente del Gobierno, anunció que el barco con 630 migrantes podía atracar en España, su Administración ha bloqueado dos buques de rescate de migrantes en el Mediterráneo, ha silenciado la actividad de Salvamento Marítimo y ha seguido la línea de la derecha en asuntos como los CIE, las devoluciones en caliente y el mantenimiento de las concertinas en las vallas fronterizas, una medida que fue el proyecto estrella de su ministro Grande-Marlasca, una promesa incumplida más que sumar a la lista.
HAGA QUE PASE que el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo llegue al fin al 0,7 % del PNB (producto nacional bruto). Conviene recordar que esta ayuda oficial tutelada por Naciones Unidas desde 1980 busca la mejora de las economías en vías de desarrollo, lo que de manera indirecta contribuiría a reducir los flujos migratorios. Los países donantes (22 países de los más ricos) acordaron destinar el 0,7 % de su PNB a este fin. Sin embargo, con el paso del tiempo ha disminuido la proporción de la ayuda oficial para el desarrollo. Solo seis países han alcanzado esa meta: Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia. El resto de los países desarrollados ha mantenido su ayuda oficial para el desarrollo en alrededor del 0,3 %. España continúa estancada a la cola de Europa, en el puesto número 20 en el ranking entre los principales donantes de la OCDE, situándose como uno de los países donantes que más vieron caer su ayuda. Entre 2016 y 2017 se pasó de un 0,35 % al 0,19 %.
HAGA QUE PASE que el mercado de la vivienda alquilada sea intervenido y regulado, garantizando un alquiler estable, asequible y seguro, creando un parque de alquiler público, combatiendo los fondos buitres y la especulación, poniendo coto a la excesiva proliferación de los pisos turísticos, prohibiendo los desalojos sin alternativa habitacional.
HAGA QUE PASE que España tenga una inversión en servicios públicos (educación, sanidad y dependencia, sobre todo) propia de otros Estados de la zona euro, con el fin de garantizar, entre otras cosas, la universidad pública y de calidad, así como la extinción de las listas de espera quirúrgicas, los copagos de medicamentos, asegurando el acceso universal a la sanidad.
HAGA QUE PASE que agua y energías sean servicios públicos esenciales, lo que implicará una participación activa del Estado y, si fuese necesario, renacionalizar determinadas empresas.
HAGA QUE PASE que el desarrollo rural sea una prioridad. Frente a la «España vaciada» es necesario implementar leyes y destinar fondos para evitar un mayor deterioro, fijándose como objetivo devolver a esas zonas unas condiciones de vida dignas.
HAGA QUE PASE que las llamadas «cloacas del Estado» dejen de existir, imposibilitando su utilización para fines ilegales e inmorales, como ha ocurrido con los falsos informes creados para perjudicar a PODEMOS y a partidos independentistas catalanes, o con sus actuaciones, propias de la delincuencia organizada, para extorsionar y robar pruebas que inculpaban a miembros del gobierno.
HAGA QUE PASE que España dé el salto de la economía de servicios (basada sobre todo en el ladrillo y el turismo) a una menos fluctuante de carácter industrial, primando la investigación y el desarrollo (I+D). Es preciso recuperar la participación pública en sectores estratégicos y poner en marcha un plan de recuperación industrial en las zonas que han sido deliberadamente desindustrializadas, así como legislar para que no puedan llevarse a cabo más deslocalizaciones. Para los pequeños y medianos productores agropecuarios, establecer por ley un precio sostén. Y en el sector pesquero, elaborar una política que asegure ingresos dignos y sea respetuosa con la sostenibilidad de los caladeros.
HAGA QUE PASE que nuestras comunicaciones por ferrocarril y carretera no se desarrollen casi exclusivamente según las necesidades del turismo. Menos kilómetros de autopistas (algunas de ellas privadas y que ha habido que rescatar con dinero público) y de líneas de AVE, y más inversión en infraestructuras regionales.
HAGA QUE PASE que los españoles podamos utilizar libremente las energías renovables y no contaminantes para lo que sería preciso crear una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Parte de estas nuevas instalaciones estarían promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el «hachazo a las renovables». Las renovables son el futuro y para unos pocos son ya el presente. Con políticas adecuadas e inversión, España podría pasar de ser un país importador de energía a ser exportador. Que nuestro país, con más horas de sol que ningún otro de Europa y con unas condiciones excepcionales para la energía eólica, ocupe el lugar 14º en la UE entre los que usan más energías renovables, por detrás de Suecia, Finlandia, Letonia, Dinamarca, Austria, Estonia, Portugal, Croacia, Lituania, Rumanía, Eslovenia, Bulgaria e Italia, suena a chiste.
HAGA QUE PASE que la Democracia alcance la mayoría de edad, propiciando más participación ciudadana en asuntos de capital importancia mediante referéndums vinculantes. Existiendo hoy la posibilidad de efectuar consultas de todo tipo y con plenas garantías con el voto telemático, que además agiliza los procesos de votación, optimiza costes y, sobre todo, amplía el rango de participación ciudadana a través del pulso de la opinión pública, debería ser una prioridad iniciar un proceso gradual hacia una Democracia cada vez más Participativa.
HAGA QUE PASE que reformar la Constitución sea posible, una vez transcurridos más de cuarenta años desde su promulgación y cuando siete de cada diez españoles quieren hacerlo, según el CIS. De paso, aproveche para que los españoles elijan mediante referéndum entre Monarquía o República.
HAGA QUE PASE que los animales tengan sus derechos protegidos, reconociendo en el Código Civil a estos como seres que sienten. Que se proteja la biodiversidad con un nuevo Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
HAGA QUE PASE que la defensa del planeta Tierra sea un objetivo prioritario a corto y medio plazo. Cuando cada vez son más los expertos que avisan de que la Tierra podría alcanzar un «punto de no retorno» para 2035 si no se frena el cambio climático, hay que actuar drásticamente para evitar la peor de las tragedias que haya sufrido nunca la humanidad, y que de producirse dejaría sin sentido a la mayor parte de las peticiones expuestas con anterioridad. Las palabras de Greta Thunberg, la activista sueca de 16 años que ha iniciado en el mundo una lucha sin cuartel contra el cambio climático y que de modo espontáneo ha sido secundada por miles de jóvenes en muchísimos países, «quienes heredaremos la Tierra queremos que ustedes los políticos hablen con los científicos, que los escuchen, porque solo estamos repitiendo lo que están diciendo ellos desde hace décadas. Queremos que se cumpla el acuerdo del clima de París y del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). No tenemos otras exigencias, sólo seguir lo que dice la ciencia». La joven activista participó hace apenas unos meses en el Consejo Económico y Social de la UE, afeando la actitud de los políticos allí presentes. «Hemos empezado a limpiar su estropicio y no pararemos hasta acabar… Hacemos huelga porque hemos hecho nuestros deberes, háganlos ustedes y escuchen a los científicos», le espetó Thunberg al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En enero de este año había dicho en Davos: «No quiero que estéis esperanzados. Quiero que entréis en pánico, que sintáis el miedo que yo siento cada día. Y después quiero que actuéis». Sr. Sánchez, ¿cómo es posible que los más jóvenes vean que dejamos una herencia de destrucción y miseria y nosotros no seamos capaces de reaccionar de una vez en defensa de la naturaleza que está pidiendo agónicamente ayuda?, ¿no habría que implementar una regulación global del capitalismo salvaje que tiene como único objetivo el rendimiento económico y el consumo, a cambio de ríos, lagos y mares contaminados, especies en extinción, sobreproducción alimentaria (más de 2.000 millones de personas sufren sobrepeso en el mundo y casi 800 millones pasan hambre), desertización galopante, deshielo, sequias, catástrofes climatológicas…?
© Javier Díez Moro
Madrid, 18 de mayo de 2019
