Deberíamos reflexionar sobre si es el conflicto una enfermedad social o representa una fuente de energía para el progreso de las personas, individual o colectivamente consideradas. Ello, porque el conflicto es inevitable tanto en el plano intrapersonal, en el interpersonal o en el sociocultural. La cuestión estriba en si lo vemos como algo disfuncional o como funcional al desarrollo social. Los que lo ven como un fenómeno disfuncional, disociativo, corrosivo y destructor, se alinean con aquellos que lo consideran como un factor de inestabilidad o como un peligro para la estructura de la sociedad en su conjunto. Para estos, la expresión de la discrepancia resulta inasumible, inaceptable. Sólo contemplan la propia hegemonía de los intereses de grupo, premiando esas lealtades internas de manera generosa, pero ignorando o castigando, la dimensión de las diferencias de la visión del modelo de sociedad de los restantes grupos que participan de ella. Toda la serie de reformas acometidas con el único fin de favorecer a las camarillas económicas, religiosas, sociales y políticas, propias no han considerado los efectos que han tenido sobre los restantes sectores de la sociedad. El escenario natural son los regímenes totalitarios.
Dado ello, en el caso de quererse aplicar en una democracia supuestamente madura, no resultaría extraño que surgiese una creciente resistencia militante, proveniente de los restantes grupos excluidos. Traducida esta en actividades de conflicto con el objeto de resistir a la agresión y, así, mantener y asegurar su propia existencia. Claro está, que la otra opción es claudicar a la propia existencia de grupo, como el caso de las organizaciones sindicales o del socialismo de la Tercera Vía, e incorporarse al territorio del grupo hegemónico en términos del poder. Esto ya ha ocurrido, aunque las estructuras sindicales y la militancia socialista, no lo estén aceptando. Han sido cooptadas bajo pretextos de dudosa consistencia democrática.
Por tanto, los grupos en confrontación se reducen, pero la energía en juego se intensifica. De aquí, resulta imprescindible para las posturas intransigentes aportar contenido al enfrentamiento, ello, en modo de cánticos, himnos y banderas. Es la mística escenográfica que necesitan los miembros para justificar sus posibles sacrificios. No es menor recordar que el monopolio de la violencia radica en manos del Estado. La cuestión será entonces si lo administrará de manera proporcional. De hecho ya han surgido voces militares que desean desarrollar acciones para garantizar la seguridad nacional. Quizá convendría saber que esa doctrina, opuesta a la de la defensa nacional, que es la correcta, fue la que incendió toda Sudamérica cuando se puso en práctica la doctrina impartida por la conocida “Escuela de las Américas”. Esta Escuela, ahora llamado Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (SOA/ WHINSEC por sus siglas en inglés) fue establecida en Panamá en 1946, y luego trasladada a Fort Benning, Georgia en 1984.
Si alguien confía en que el 21D resuelva la cuestión catalana, Indra mediante, mucho me temo que no ha valorado rigurosamente los factores en juego, excepto que se introduzcan variables como la proscripción de los partidos de reconocida militancia independentista. Hasta el momento, la incompetencia de los grupos confrontados en la búsqueda de consensos a través de cauces de conciliación y ajuste mutuo, reduciendo así la intensidad del conflicto, es manifiesta. El accionar de la Fiscalía y la peculiar interpretación del artículo 155 por parte de la juez Lamela, ha hecho que constitucionalistas como Javier Perez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, entiendan que se han sobrepasado límites. En principio asegura que los dos presidentes de gobierno de España y Generalitat están inhabilitados para negociar una solución para Cataluña. Luego, “La reprobación por el Congreso de los Diputados es el equivalente de la sentencia firme en el proceso penal. La primera destruye la presunción de legitimidad. La segunda la presunción de inocencia”, refiriéndose a los ministros Montoro y Catalá, con el añadido del reprobado Fiscal General Maza. “La decisión del Congreso de los Diputados es la máxima expresión de la legitimidad democrática que cabe en el Estado Constitucional“, afirma Perez Royo. “Un ministro reprobado o un fiscal general reprobado son delincuentes políticos, son personas que con su conducta se han hecho indignos de ocupar el puesto para el que habían sido designados (…) Esta es la razón por la que en los gobiernos de las democracias no hay ministros ni fiscales generales reprobados. Como dijo el Tribunal Constitucional en la STC 6/1981, el principio de legitimidad democrática “es la base de TODA nuestra ordenación jurídico-política”, concluye.
Dado todo ello, sería adecuado concluir que el conflicto catalán sólo se podrá resolver si se modifican los acuerdos básicos institucionales. Lo contrario, la mera aplicación de la fuerza tan sólo ofrecerá a los independentistas mayor legitimidad, dejándole al gobierno y a sus aliados una legalidad que podrá volvérseles en contra.
No deseo que Cataluña se independice pero, la torpeza en la gestión de esta gente, a este paso y a medio plazo, lo hará realidad.
Veremos.
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