La mesa del Congreso a menudo suele mostrarse confundida e inoperante entre la libertad de expresión y las faltas de respeto, y no parece saber, o no querer, frenar el estado de crispación casi permanente. Otro tanto ocurre en los Parlamentos autonómicos, muy especialmente en aquellos donde VOX tiene representación.

La irrupción de VOX en la vida política ha supuesto una manera embarrada de concebir la discusión. Provocaciones, desplantes, insultos, groserías, mentiras, amplificación de bulos, amenazas, matonismo; todo vale. Amparándose en la impunidad que da el aforamiento, los diputados y senadores no escatiman en proferir exabruptos, así como en hacer alarde de conductas que, de no tener tal privilegio jurídico, podrían ser constitutivas de delito.

¡Guarro!, ¡hijo de puta!, ¡basura!, ¡miserable!, ¡cerdo!, ¡gerontocida!, ¡banda criminal!, ¡golpista!, son algunas de las delicadezas que VOX dedica a sus adversarios políticos, contribuyendo de manera sustancial a la creación de un clima violento y prebélico en las cámaras de representación, donde se hace casi imposible el diálogo y la argumentación.

Recientemente hemos asistido a un nuevo ataque personal de VOX contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, lo que ha supuesto la queja unánime del resto de los grupos parlamentarios, así como de grandes líderes políticos internacionales, además de ocupar portadas de prensa europea. Irene Montero, referente internacional por su lucha para sacar adelante la legislación en derechos sociales más avanzada del mundo, es menospreciada e insultada por los voceros de Santiago Abascal. La diputada de VOX, Carla Toscano, además de llamar a la ministra “libertadora de violadores”, la descalificó al asegurar que “su único mérito es haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias”. Es un hecho que desde la aparición de Podemos, el acoso y la difamación que ha sufrido y sigue sufriendo esta formación política de izquierdas y, muy especialmente, Pablo Iglesias e Irene Montero, no tiene parangón en la historia de nuestra reciente democracia.

Los ataques de sesgo machista de VOX a cualquier diputada que defiende desde la tribuna posiciones feministas han sido la tónica general de la legislatura, siempre con especial fijación en el caso de Irene Montero, a la que le han dicho de todo: “inútil”, “incompetente”, “boba”, “degenerada”, “defensora de la pederastia”, “obsesa sexual”, “destructora de la naturaleza humana”, “rompedora de familias”, “corruptora de menores”, etc. La ministra también ha sido el objetivo de graves descalificaciones, además de por los acólitos de Abascal, por los de Núñez Feijóo y los de Arrimadas en relación a la ley del “solo sí es sí”.

Quienes ejercen el papel de árbitros, tanto en la cámara baja como en alta, deberían sacar más a menudo la tarjeta amarilla y también la roja, velando de ese modo por el juego limpio en el césped político. Deben ser estos árbitros quienes muestren su autoridad a los equipos contendientes, sin dejarse influir o amedrentar por las hinchadas ni por los medios sensacionalistas y cómplices de estas actitudes. Resulta peligroso mostrar tanto guante blanco con quienes no son capaces de respetar al adversario. Sinceramente, la reiterada pasividad para atajar las faltas y el juego sucio por parte de la Presidenta de la Cámara Baja, ostentada por la socialista Meritxell Batet, y por su sustituto, vicepresidente primero de la mesa, el también socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, son muy preocupantes. Esa “prudencia” contribuye a blanquear a la formación de ultraderecha de corte fascista.

El ruido y la furia

Existen artículos del reglamento de las cámaras que bien aplicados podrían corregir en parte este clima de violencia parlamentaria. El art. 103.2: «cuando profieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de la Instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad», el art. 104.1: «el orador que sea llamado al orden tres veces en una misma sesión le será retirada la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión. Y si el diputado sancionado no atendiere al requerimiento de abandonar el salón de sesiones, el presidente adoptará las medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión», y el art. 105: «el presidente de la cámara, en el ejercicio de los poderes de policía a que se refiere el art. 72.3 de la Constitución, velará por el mantenimiento del orden en el recinto del Congreso de los Diputados y en todas sus dependencias, a cuyo efecto podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas, poniendo incluso a disposición judicial a las personas que perturbaren aquel».

Pero antes de aplicar cualquier apercibimiento o sanción, los responsables de mesa deberían aclararse un poco sobre lo que es insulto y no lo es, sobre lo que es una verdad incuestionable y sobre lo que es una media verdad o mentira, y también sobre lo que es hablar con propiedad, llamando a las cosas por su nombre.

El ruido y la furia

En base a estas definiciones, asegurar que en España hay actualmente un gobierno social comunista no es verdad; es una afirmación inexacta. Pues hay miembros que pertenecen al PSOE (que dejó de ser socialista de manera oficial con Felipe González) y los hay de Unidas Podemos, donde coexisten distintas ideologías políticas (socialistas, socialdemócratas, ecologistas, comunistas, anticapitalistas, etc.). ¿Y decir que VOX es una formación fascista? Es una constatación de la ideología que profesan. Y nada más lejos de ser un insulto. Del mismo modo que decirle a Alberto Garzón, ministro de Consumo, que es comunista tampoco es un insulto. Las ideologías son una cosa y los insultos son otra bien distinta.

El ruido y la furia

Que la ideología fascista está presente en nuestros días en partidos políticos y en capas de la sociedad es algo que muchos historiadores, sociólogos y periodistas vienen denunciando desde hace tiempo. Quienes lo niegan bajo la premisa de que en la Europa actual es la democracia el sistema de gobierno, se equivocan o no quieren ver la realidad. Dos de los más grandes dictadores del siglo XX, Adolf Hitler y Benito Mussolini, fueron escalando cotas de poder a través de las urnas. Plegarse al juego democrático, cuando no hay otra alternativa por el momento, no significa ser demócrata. Los líderes de VOX ni respetan ni desean un Estado democrático en España. Su ensalzamiento del golpe de estado que dio origen a la guerra civil española, su veneración al dictador Francisco Franco y a José Antonio Primo de Rivera y a Falange (partido de ideología fascista), su no condena a los crímenes de la dictadura, su minimización del holocausto o, incluso, su negación, les emparenta con otros cuadros fascistas y nazis europeos.

El fascismo, el nacionalpopulismo y el populismo autoritario desde hace años gobierna o ha gobernado en algunos países europeos, Hungría, Polonia, Eslovenia, Austria, Países Bajos, Finlandia y, recientemente, en la Italia de Giorgia Meloni (seguidora confesa de Mussolini). En otros, por el momento, se limitan a tener una presencia de mayor o menor intensidad: España, Francia, Suecia, Noruega, Suiza, República Checa, Alemania (donde recientemente se ha desarticulado un complot neonazi que pretendía dar un golpe de estado), etc. En el continente americano los dos ejemplos más claros de fascismo están en el trumpismo y en el bolsonarismo.

El ruido y la furia

Etiquetar de fascistas a Santiago Abascal, Jorge Buxadé, Cristina Seguí, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega-Smith, Rocío Monasterio o Juan García-Gallardo no puede considerarse como insulto. Simplemente, es llamar a las cosas por su nombre; y como ya hemos dicho, el fascismo es una ideología y no un insulto.

No deja de ser curioso que hace poco el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (VOX), retirase la palabra al procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, por acusar al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (también de VOX) de “profesar la ideología fascista”.

García-Gallardo (VOX), elegido directamente por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y con el beneplácito de Núñez Feijóo, no tiene reparos en cargar contra el PSOE y Unidas Podemos. “Banda criminal sostenida por golpistas”, “comunistas”, “amigos de filoetarras”, son algunos de los piropos que este político fascista utiliza a menudo. También, en otra ocasión, llamó “imbécil” y “presunto delincuente” al exvicepresidente de la Junta y actual procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, mientras este estaba en la tribuna de oradores. En cambio, VOX no permite que se les llame fascistas.

El ruido y la furia“Juan García-Gallardo profesa con fruición y con delectación la ideología fascista”, dijo el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, por lo que fue sancionado. Resulta escandaloso que bajo la presidencia de VOX en las Cortes ellos puedan llamar a los representantes de izquierdas desde “asesino” a “hijo de puta” y no pase nada, pero no se pueda llamar fascista a un fascista.

Los políticos “civilizados” deberían aclararse un poco para no caer en lo fácil: abroncar a todos los partidos por igual o prohibir términos que son veraces y que nada tienen que ver con insultar. Cuando una concejala de Ciudadanos en Zaragoza dice que “Irene Montero está donde está porque la ha fecundado un macho alfa”, o cuando VOX dice las mismas cosas, es evidente que estamos ante una grosería machista intolerable. Y cuando la ministra de Igualdad se defiende, llamando fascistas a los de VOX, está calificando una ideología incuestionablemente fascista.

La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, se equivoca cuando muestra una evidente disparidad de criterios para frenar el clima de crispación, lo que ha provocado las quejas de varios grupos, entre ellos de Unidas Podemos. Su portavoz, Pablo Echenique, ha criticado a la Presidencia del Congreso por “prohibir” que se diga “fascista” en el hemiciclo.

El ruido y la furiaSegún ese criterio, por ejemplo, debería prohibirse el término “comunista”. Tampoco desde los grupos a la izquierda del PSOE se entiende que Batet reprendiese a Irene Montero cuando esta acuso al PP de promover “la cultura de la violación” durante la sesión de control al Gobierno. Montero hizo esta crítica al referirse a las campañas publicitarias que culpabilizan a la mujer por las agresiones sexuales en comunidades autónomas gobernadas por los populares, caso de Galicia con el eslogan “No debería pasar, pero pasa”.

Conviene recordar que el término “cultura de la violación” está en el debate feminista desde los años 70’, existe multitud de trabajos sesudos sobre ello y se utiliza en la prensa,El ruido y la furia en sociología, y es utilizado por la ONU para referirse a la idea primordial de que “la mujer es solo un cuerpo que está constantemente al servicio de satisfacer el placer de los hombres, sin tener en cuenta sus propios deseos”. Pero Batet, o bien desconoce el significado de este término o se mostró en exceso condescendiente con el PP, cuando dijo a Montero que la expresión no era adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario.

Esta desafortunada actuación, y no es la primera, de Meritxell Batet, ha sido criticada por la mayoría de los grupos, excepto por los de derechas. PNV, ERC, EH Bildu o Unidas Podemos han manifestado su rechazo por la bronca generalizada de Batet a todos los grupos. La presidenta socialista, en una reflexión compartida, no se centró en el principal grupo que contribuye a elevar el tono en la cámara, sino que “riñó a todos”, como reconoció después el portavoz socialista Patxi López.

Mentiras e insultos son las armas de quienes no tienen o no son capaces de argumentar basándose en datos probados. Lo fácil, además de miserable, es gritar “bolivarianos”, “comunistas”, “golpistas”, “filoetarras” o “etarras” para evitar el diálogo. Lo más cómodo, además de manipulador, es utilizar este tipo de descalificaciones sin querer entrar en lo

que cada uno de estos términos significa de verdad, negándose a contextualizarlos, a analizarlos históricamente y etimológicamente. “Echa mierda que siempre algo queda” es la manera de como entienden las tres derechas (VOX, PP y Ciudadanos) de llegar al poder. El ruido y la furiaRecientemente en Pandemia Digital, Oskar Matute, diputado de EH Bildu, una vez más ha tratado de explicar el porqué de la eterna etiqueta de “etarras” que les cuelga la derecha: “En el Estado español se ha alimentado un relato que consistía en mantener el fantasma de ETA para tapar cualquier otro tipo de problemas y miserias… En EH Bildu hay un compromiso inequívoco con la paz, con la no violencia y con la garantía de no repetición, es decir, hacer todo aquello que esté en nuestra mano para que jamás vuelvan a existir expresiones de violencia”.

Dejar que en aras de lo que se entiende por libertad de expresión todo valga en la arena política es un grave error que puede acabar por destrozar el sistema democrático. Si no queremos vernos abocados dentro de no mucho tiempo a un escenario irreversible y prebélico, caldo de cultivo de crímenes e intentos de golpes de estado, se debería atajar de raíz esta vergonzosa situación. Es preciso legislar para que no sea gratuito mentir, difamar o insultar, y esto también debería ser extensivo a los medios de (des)información.

En España existe una exquisita protección para diputados, senadores, cargos judiciales y casa real, entre otros, que a día de hoy resulta excesiva y que es vista por muchos ciudadanos y juristas como un verdadero privilegio. Además de la inviolabilidad del Rey, nos referimos al aforamiento, una posición jurídica por la que los otros mencionados tienen un fuero distinto y no son juzgados por los tribunales ordinarios que correspondería, sino por otros. El aforamiento no hay que confundirlo con la inmunidad parlamentaria que existe en todos los países democráticos. Sin embargo, en España donde diputados y senadores también gozan de inmunidad, cuando estos son acusados de un delito y sus compañeros acuerdan levantar la inmunidad atendiendo el suplicatorio expuesto ante la Cámara respectiva, no son juzgados por los tribunales ordinarios, sino por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esta prerrogativa es minoritaria en el derecho constitucional europeo, existiendo únicamente en Grecia, Países Bajos, Bielorrusia y Rumania. En opinión de algunos juristas, expertos en Derecho Penal, el aforamiento no tiene ninguna justificación, salvo la de obtener ventaja al proteger al investigado, haciendo que los juzguen tribunales más cercanos al poder ejecutivo. El juez decano de Palma y portavoz de los 47 decanos españoles afirma: “No entendemos adecuado que los aforamientos hayan alcanzado la extensión que han logrado. Crea suspicacias entre los ciudadanos”. Cayo Lara, quien fuera portavoz de Izquierda Unida, dijo: “No debería haber nadie aforado”. También Podemos se ha manifestado en varias ocasiones contrario a los aforamientos.

En conclusión, ALGO HAY QUE HACER si no queremos que se repita de manera reiterada la violencia política que asola las instituciones y que amenaza seriamente el ejercicio democrático en España.

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