Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. (Francisco de Quevedo)
Cuando Adolfo Suarez confiesa, creyendo que no está siendo grabado, que la monarquía fue incluida bajo cuerda en el referéndum de la Constitución, no hace otra cosa que confirmar que esta España se asienta sobre instituciones concebidas por los grupos del régimen franquista. Esta monarquía fue una de ellas. La Constitución sigue siendo la coartada y referencia para comprobar que el mundo que describe es extraño y escasamente desarrollado en normas adecuadas para su cumplimiento.
Las normas en democracia son pautas sociales aptas para resolver satisfactoriamente las tensiones propias de las relacionesentre personas e instituciones que la configuran. Ahora bien, si sólo se conciben para perpetuarse, consolidarse o beneficiarse de los esfuerzos del conjunto de ciudadanos, entonces, podremos estar hablando de cualquier otrosistema de gobierno pero no de democracia. A lo largo de estas décadas, se dice a voz en cuello que la unidad de España es la fuente de todos los beneficios.Sin embargo, no deberíamos confundir el relato con los hechos. Los dilemas que el Estado tiene con otras instituciones siguen sin resolverse, tal vez porque España ha creado un extraño mundo sin las normas adecuadas para afrontarlos. Aunque ello pudiese parecer ser un impedimento para el normal funcionamiento de las instituciones, en este país tales circunstancias parecen ser la zona de confort para que ciertos grupos sigan medrando. Abundante legalidad, muchas de ellas de origen franquista, en un contexto de cuestionables legitimidades. De allí, las dificultades para prohibir al franquismo por ser responsable de un exterminio masivo. De allí, las laxas medidas para regular el acceso a la magistratura o alas fuerzas armadas. De allí, la incómoda situación del Valle de los Caídos.
El gobierno en minoría de Pedro Sánchez hace una acrobacia electoral y ha cambiado de opinión en su reforma de la Ley Wert. Hasta hoy, 23 de noviembre,la titular del Ministerio de Educación, Isabel Celaá, había apostado por modificar los aspectos más «lesivos», «perturbadores» o»vulneradores» de la Lomce. En el borrador de anteproyecto de la nueva ley orgánica conocido, se la deroga totalmente. Parece que una cosa y la contraria en materia de normas es lo mismo. Según Diario.es, “Celaá reconoció que la Ley Wert no se derogará de forma inmediata sino que se «desactivará por partes».»No podemos derogarla toda de golpe porque nos quedaríamos sin legislación», incidió en una respuesta muy parecida a la argumentación distribuida hace un par de semanas a las entidades educativas….en el posicionamiento público, en el borrador de anteproyecto de nueva ley orgánica educativa elaborado por el Ministerio recogen que «queda derogada la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa [Lomce]». Nadie sabe que norma reemplazará a la vigente. En cuanto a la Reforma Laboral, este gobierno nada dice.
Hoy también, el Banco de España ha publicado los avances en la recuperación de ayudas del rescate financiero. En definitiva, de los 64.953 millones de euros aportados desde 2009 al saneamiento de la banca española, básicamente las antiguas cajas de ahorros.Apenas se han rescatado 5.150 millones hasta el 31 de diciembre de 2017. En ocho años se ha recuperado apenas un 7,9% del total. Bankia y BMN, fusionadas el año pasado, suponen 24.000 millones de los 64.000 millones inyectados. Otros de los principales receptores fueron Catalunya Banc,con 12.000 millones, y Novacaixagalicia, con 9.000 millones.
Recordemos que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo, Sareb, es una sociedad anónima que gestiona los fondos de las entidades rescatadas (BFA – Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco – Banco Gallego y Banco de Valencia), y por las entidades en proceso de reestructuración o resolución según lo previsto en la Ley 9/2012 (Banco Mare Nostrum, CEISS, Caja3 y Liberbank). La Sareb está participada en un 55% por capitalprivado, la gran banca menos el BBVA, y en un 45% por capital público a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Además, la SAREB, prosigue la gestión de su patrimonio, que es de todos los y las españolas, con cierta opacidad.Mientras los especuladores se favorecen, el equipo de Pedro Sánchez persiste en su intención de privatizar Bankia, la única banca saneada. Creo que su patriotismo debiera manifestarse en estos temas. Bankia puede convertirse en referencia para cortar el paso a los abusos del sector financiero.
Mientras el Tribunal
Supremo se permite las acrobacias legales de revisar una sentencia que podría
ser desfavorable a los intereses de la banca.
Tal vez por todo ello, siguen sin
legislar acerca de los abusos usurarios en hipotecas, en libertades, en
derechos, en perseguir el gran fraude y en desregular las actividades de los
grandes grupos económicos. Tal vez por ello, también, los apóstoles de esa
España sin normas adecuadas, hablan ya de proscribir a partidos
constitucionales.
