Con tantas negociaciones de investidura, con tantos acuerdos para hacer presidente a un más que dudoso personaje de la política española, nos estamos olvidando de aquellas pequeñas o grandes cosas que nos afectan en el día a día, cuanto menos empezamos a convivir con aquellas injusticias por las cuales nos solamente nos sentimos indignados e impotentes, sino que merman nuestro poder adquisitivo.
Al igual que los corruptos de una manera natural meten la “mano en la caja” nosotros los ciudadanos sufridores de a pie encontramos natural que las grandes compañía de este país nos facturen sus servicios o cuando por los motivos que sean estos se han dejado de prestar, cuando reclamamos, no llegamos más allá de hablar con una computadora. Nos despachan con un “nuestros servicios técnicos están trabajando en la incidencia de su línea y ya les avisaremos cuando este reparada” esto sucede con Telefónica Movistar, no te dan más información ni previsión para dicha reparación, ni te dan más opción, al fin y al cabo estas escuchando una cinta grabada, eso si luego te facturan todo como si nada hubiese pasado. Si reclamas te cuesta más el collar que el perro, ya que te embarcan en una burocracia sin límites.
Hemos caído en las redes de la era de las comunicaciones y topado con los desaprensivos dirigentes de las mismas, en definitiva hemos pasado del monopolio a la dictadura de los grandes oligopolios.
Estamos acostumbrados de hecho, lo vemos con toda naturalidad, que a pesar del trato que recibimos, estas empresas socialicen sus pérdidas, con lo cual nos convierten en sus socios, eso sí sin tener voz ni voto y mucho menos una acción de la compañía.
La clase política pasa de largo, saben que al final muy posiblemente estarán en algún consejo de administración de las mismas. Así que nadie nos defiende ni como usuarios (obligados) ni como ciudadanos, es más, esta clase política da cobertura legal a este tipo de actuaciones con sus decretos y leyes. Esto pasa con las gasísticas, con las eléctricas, con las redes de la comunicación, transporte público y un largo etc. Ahora ya con la sanidad, la educación y la justicia.
Este camino emprendido con la liberación de determinados sectores, con la escusa de generar una competencia entre ellas y con ello un abaratamiento del servicio para el ciudadano se ha convertido en todo lo contrario. El liberalismo actúa a son de mercado y cuando las cuantas no salen, se pide el rescate o la intervención pública para sablear a los ciudadanos de ingresos fijos “nomina.”
Esta filosofía de gestión empresarial, una vez privatizadas, o dada su gestión a empresas privadas, antes en manos del Estado, hacen de sus gestores auténticos mafiosos prepotentes, generadores de selectivas dadivas y corruptelas políticas, mientras se enriquecen.
Como en este país, no inventamos, solo copiamos , esta moda de privatizaciones se impone en todos los ámbitos de la administración a la hora de gestionar servicios por ello le siguen a la zaga algunas instituciones que a través de corporaciones creadas al efecto, consorcios, entes, aéreas metropolitanas, generan políticas muy similares tan dañinas como las anteriores para el ciudadano, seguramente no es porque este tipo de instituciones sean malas en sí mismas, sino porque sus gestores rápidamente aprenden el camino del contrato de ADHESIÓN, con ello la prepotencia, hacen a los ciudadanos consumidores sumisos o mejor dicho esclavos cada día a través del distanciamiento con estos con la retorica barata al uso, el insulto a la inteligencia mientras se parapetan detrás de una cascada de disposiciones legales pero injustas.
Si la factura de la luz no hay quien la entienda, si te cambian el contador, si o si, aunque este sea tuyo, te imponen el asumir los vaivenes de las subasta de la energía, digo yo ¿donde está la bondad de la privatización de determinados servicios? ¿Donde la competitividad?
Otro ejemplo claro son las gasolinas, si suben el precio de suministro para el ciudadano, cuando el valor del barril de Brent esta por las nubes, y este no baja cuando el valor del barril cae por los suelos, una vez más estamos socializando perdidas, no se tiene derecho al correspondiente abaratamiento por esta circunstancia, los precios abusivos permanecen, con ligeros retoques para contentar al martirizado consumidor .Nuevamente estamos socializando perdidas, ¿Qué clase de política es esa? ¿Verdaderamente estamos en un estado social? ¿O en un estado de Socio listos protegidos?
Si anteriormente veíamos como una compañía de esta no se hacía cargo de los daños y perjuicios por incumplimiento de su contrato de suministro o al menos no descontaba la parte proporcional del tiempo en el cual no se ha prestado este, aun peor pasa en determinadas compañías del agua, casi todas ellas en la actualidad dadas su gestión a empresas privadas.
Sirva como ejemplo el caso de Aguas de Barcelona, sin haber consumo factura lo siguiente:
El desglose de dicha factura no deja de ser todo una larde de ingenio para desvirtuar los conceptos de tasas, impuestos.
El coste por suministro de agua, por principio es una tasa, es decir se aplica cuando el ciudadano recibe un servicio, en este caso el del agua y por ello paga un importe o tasa. En este caso el suministro es CERO, sin embargo al ciudadano le cuesta 20,82 €.
Por otro lado se paga en concepto de Canon del Agua una cantidad de 9,36 €, si nos atenemos a lo que dice la Agencia Catalana del Agua
“El canon del agua es un impuesto con finalidad ecológica sobre el uso que se hace del agua, a través del cual los usuarios contribuyen a los costes de los servicios del ciclo del agua. De manera genérica, el canon del agua hace efectivo el principio quien contamina y quien consume paga. De esta manera el objetivo es fomentar el uso eficiente del agua y estimular la reducción de los consumos más elevados.”
Si aplicamos esta definición estamos pagando un impuesto sobre el importe de una tasa de un consumo que no se ha producido.
Pero en el recibo aparece otro concepto TASA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS cuyo importe asciende a 24,53 €, aquí se liga al contrato de suministro de agua, que bien lo podrían haber ligado a la cedula de habitabilidad o al padrón municipal según el nº de moradores de la vivienda, o porque no con la creación de la contribución correspondiente, más clara y correcta, ya que la imposición de esta “tasa” reside en:
“Prestación del servicio metropolitano de gestión de residuos municipales de recepción obligatoria generados en los domicilios particulares, que comprende la coordinación y asistencia de las recogidas selectivas y centros de recogida o puntos verdes de los municipios, y el tratamiento y la disposición final de estos residuos municipales, de acuerdo con lo que establece el Decreto legislativo 1/2009, del 21 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de residuos.
Ni que decir tiene que el cálculo para la imposición de esta tasa se hace según los metros cúbicos de agua consumidos. En el caso que nos ocupa CERO de consumo pero también tendremos que preguntarnos ¿qué relación tiene el consumo del agua con la definición que establece la ordenanza para esta “tasa”?:
“Este servicio que comprende la coordinación y asistencia de las recogidas selectivas y centros de recogida o puntos verdes de los municipios,…….
Como se ve bien a las claras es una manera de retorcer determinados conceptos impositivos, pues no estamos hablando en todo caso de una tasa, sino de una contribución de obligado cumplimiento como el pago que efectuamos por la recogida de basuras o el de las limpiezas de las calles. Por tanto es abusivo y nada tiene que ver con el suministro del Agua. Con este tipo de actuaciones que encubren un doble sistema impositivo sobre un mismo servicio.
Creo que las administraciones no deberían caer en este tipo de argucias para sangran a los ciudadanos, creo que las cuentas de los servicios deberían ser claras, aplicar los conceptos adecuadamente y diferenciar perfectamente entre Tasas, Contribuciones e Impuestos.
