El Tribunal Constitucional le da la razón a Francisco Serrano para su nueva etapa como juez y abogado

El abogado Francisco Serrano ha mostrado su “alegría” por “recuperar la toga” tras la sentencia del Tribunal Constitucional que le rehabilita como juez. “Me pondré mi toga y luego pediré una excedencia”, ha adelantado Serrano, que estudiará solicitar un indulto así como acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que el Constitucional haya anulado la sentencia del Supremo que le condenó a diez años de inhabilitación, confirmando no obstante el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que le impuso dos años de inhabilitación

El juez de familia Francisco Serrano era juez de familia del juzgado 7 de Sevilla y tuvo que abandonar su puesto tras la sentencia condenatoria, actualmente ejerce como abogado en Sevilla pero lleva asuntos en toda España. La anulación de la sentencia le permite reincorporarse a la carrera judicial si lo estima oportuno. El abogado Francisco Serrano ha mostrado este jueves su “alegría” por “recuperar la toga” tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que le rehabilita como juez después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le condenara a diez años de inhabilitación por alterar el turno de custodia de un menor para que asistiese a una procesión de la Semana Santa de Sevilla, y ha aseverado que, cuando fue inhabilitado, “era un juez molesto que se atrevió a criticar la ideología de género”.

Serrano considera que su caso es esperpéntico porque el órgano superior a él, la Audiencia de Sevilla, entendió que era competente para adoptar la medida. Así que entiende que fue inhabilitado porque era un juez molesto que había criticado la ideología de género. Serrano piensa que el Poder Judicial está hoy en la UCI, sometido al clientelismo político

En rueda de prensa, Francisco Serrano, que actualmente ejerce como abogado en un despacho profesional de Sevilla, ha lamentado el “calvario y la travesía en el desierto” sufridos tras ser inhabilitado meses después de haberse manifestado “en contra de un determinado concepto ideológico”. Añadió que “nadie en España, ningún juez ni ningún ciudadano, tiene que ser perseguido por razón de pensamiento”.

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