¿Somos república?
Fuente imagen: http://www.publico.es REUTERS/Juan Medina

Forcadell abandonó la prisión de Alcalá-Meco el 10 de noviembre a media mañana, tras depositar la fianza de 150.000 euros impuesta por el Magistrado Llarena Conde, instructor de la causa abierta en el Tribunal Supremo (TS) contra los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña que aprobaron llevar al pleno la resolución de independencia votada el 27 de octubre. La fianza fue depositada mediante cheque firmado por el tesorero de la asociación secesionista ANC que la propia Forcadell presidió desde 2012 hasta 2015, y que en conjunción con el gobierno de la Generalitat, los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP, y las asociaciones Òmnium, AMI y ACM han promovido la constitución de un estado independiente en forma de república. Además de la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España, el auto impone a la presidenta la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado de su conveniencia y comparecer ante el TS cuando sea requerida.

Te queremos Carme

Como el Magistrado establece en su auto, Forcadell desplegó “una actuación principal en los hechos que se investigan”, tanto mientras estuvo al frente de la ANC como durante el tiempo que ha presidido el Parlament. Fue precisamente durante esta segunda época que culminó en la fatídica votación, cuando el Parlament “perfiló el método que se iba a seguir para declarar la independencia” y se aprobó “el aparente soporte legislativo que el proyecto necesitaba, fundamentalmente las Leyes del referéndum y de desconexión que condujeron a la declaración de independencia”. Forcadell era plenamente consciente de la inconstitucionalidad de todas las resoluciones y normas aprobadas durante su presidencia, pues  ignoró las repetidas advertencias del Tribunal Constitucional y los informes del Letrado Mayor y el Secretario General del Parlament al respecto, y aplicó con mano de hierro el reglamento reformado ad hoc para aprobar las leyes de desconexión.

Según se desprende también del auto, la hasta ayer inmaculada heroína del secesionismo asumió ante el Magistrado del TS la intervención de la Generalitat en aplicación del artículo 155 y se comprometió a renunciar “a cualquier actuación fuera del marco constitucional”. Protagonista indiscutible de todas las manifestaciones convocadas por las asociaciones secesionistas desde 2012, Forcadell no asistió a la concentración de las linternas en Barcelona el 11 de noviembre (11-N) convocada por la ANC u Òmnium para reclamar la excarcelación de los ‘presos políticos’, categoría que  incluye a los miembros del gobierno de la Generalitat encarcelados, a los miembros de la Mesa del Parlament en libertad condicional y a los ‘jordis’, los cabecillas de los tumultos frente a la Consejería de Economía el 20-21 de septiembre.

Forcadell, aconsejada por su defensa, prefirió ‘desconectarse’ del acto que habría reafirmado su compromiso personal con “la movilización ciudadana” a la que, el Magistrado del TS que instruye su causa, atribuye un papel esencial en el proceso, en tanto que “elemento que forzara el reconocimiento político del estado de hecho”. Mauri, vicepresidente de Òmnium, le dedicó un enternecedor “Te queremos Carme”, y la exculpó por su renuncia en el TS: “nos da igual –dijo– lo que hayan dicho… los miembros de la Mesa ante un Estado que amenaza. Lo único que cuenta es todo lo que han hecho estos años, desde el Parlament y desde las calles”. Forcadell publicaba el siguiente mensaje pocas horas después de abandonar la prisión: “Volvemos a casa. Con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlament, sede de la soberanía nacional”. Este tuit de Forcadell muestra, además de falta de arrepentimiento, ninguna voluntad de respetar nuestra Constitución.

La realidad es que  el futuro de Forcadell y del resto de golpistas, desde Puigdemont al último consejero, así como otros altos cargos cuyas actividades delictivas aflorarán a medida que progresen las investigaciones en curso, es bastante negro. Como subrayó Llarena, la violencia a la que se refiere el artículo 472 del Códido Penal “no hace sino adjetivar el alzamiento que requiere el delito de rebelión. Pero eso no quiere decir que para que el alzamiento sea público resulte exigible que incorpore hechos lesivos o dañosos, bastando para ello hacer ostentación de una fuerza y mostrar disposición para usarla. La presencia de violencia por uso de armas trasciende el tipo básico del delito de rebelión que se convierte en una modalidad agravada”. Querida Carme, más vale que te tomes un respiro porque cualquier actuación que dé pie a pensar que persistes en actuar “fuera del marco constitucional” sólo agravaría tu ya complicada situación procesal.

Un sólo Estado, no dos

A pesar de los denodados esfuerzos de ‘Puigmalión’ en Bruselas por trasladar a los catalanes la impresión de que hay un gobierno en Bruselas, la aceptación por la mayoría de sus consejeros de ir a la cárcel, la claudicación por muy insincera que sea de Forcadell ante el 155, la decisión de todos los partidos, ERC y CUP incluidos, de participar en las elecciones autonómicas convocadas por un gobierno ‘ilegítimo’, y el reconocimiento tardío de que no estaban preparados para poner en marcha la república, desmonta completamente la pretensión de Puigdemont de aparecer como presidente exiliado. Su reunión con dos de las diputadas de la CUP que asestaron el golpe de gracia a Mas, seguida por la visita del propio Mas a Bruselas, da una idea de hasta qué punto el expresidente no sabe a dónde va ni con quién. Su última víctima ha sido su propio partido, el PDeCAT, que abandonó a su suerte en un túnel para subirse al autobús de “Junts per Catalunya”. Claro que un nombre más apropiado habría sido “Dividits per Catalunya”.

A este psicópata de la política le han bastado unos días en Bruselas para dilapidar el escaso crédito con que contaba a su llegada. Ahora, además de denigrar la democracia española, se dedica a desacreditar a los líderes y las instituciones de la UE. Los apoyos que esperaba concitar para su causa en el corazón de Europa brillan por su ausencia. La propuesta presentada en el parlamento de Flandes para reconocer la independencia de Cataluña sólo logró el respaldo de 4 diputados (sobre 99) de extrema derecha. Y Amnistía Internacional reconoció que los dirigentes catalanes detenidos no son presos políticos. En fin, se amontonan las malas noticias para Puigdemont, los ‘jordis´ y demás golpistas porque pase lo que pase en las elecciones del 21-D nadie va a librarlos de sentarse en el banquillo.

La cuestión ahora es saber hasta cuándo tendrán gasolina la ANC, Òminum y la AMI para seguir fletando autobuses y alimentando la ficción de que algunos viernes o sábados por la tarde “somos república”. Aunque el 7 de diciembre planean invadir Bruselas para respaldar a “nuestro gobierno legítimo”, la convocatoria de elecciones ha hecho aflorar diferencias entre los tres partidos secesionistas que les ha impedido alcanzar acuerdos programáticos de largo alcance. La unidad se agota en la agitación callejera y debe resultar descorazonador para los manifestantes escuchar a Alcoberro, vicepresidente de la ANC, recordarles que el ‘pueblo’ de Cataluña se sobrepuso a los desastres de 1714 y 1939. ¿Ése es el desastroso y trágico futuro que espera a la república catalana? Mientras la agenda política esté en sus manos de agitadores mendaces e irresponsables, nadie puede extrañarse de que las empresas hayan paralizado sus inversiones y cerca de 2.500 sociedades hayan abandonado Cataluña. El Gobierno debería prepararse también porque el 21-D no detendrá a los golpistas ni evitará la ralentización económica.

De la farsa constituyente al carnaval electoral

 

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