Entre sedición y secesión la justicia, falla

En el “in crescendo” de una disputa que parece más territorial (a la vieja usanza de la Europa anciana del medioevo o antediluviana del primer imperio)  que conceptual (tal como se refleja en los medios de comunicación y la comunicación mediatizada, en donde la “democracia” parece estar en juego), en el jolgorio orgiástico del reparto de agresiones, solapadas y enmascaradas, en honor a las formas dinásticas tal vez o en la aspiración de imitar adolescentes postureos, en el paroxismo lacónico de quiénes parecen enfrascarse en una desquiciada carrera para ver quién impone sus prerrogativas, exponiendo como excusas las supuestas confrontaciones entre la democracia y el estado de derecho, los jirones de esta disputa, parecen estar a la custodia del único poder del estado que siquiera elige sus miembros mediante la escenografía electoral o por el tamiz de una suerte de estructuración con participación ciudadana o referida a lo democrático, tal como lo entendemos.


El judicial es un sistema en sí mismo, que construyó su predominio, en la astucia de venderse, de hacernos creer que debe orbitar en una suerte de tercero en discordia, supuesta como imposiblemente, independiente.


Tal vez por esta razón, sea el poder, en donde obcecan los otros, en donde finalmente se terminan de resolver las tensiones que supuestamente se dirimen, elecciones mediante. El judicial,  que más que poder, en todas y cada una de las latitudes occidentales, superó la denominación de facción, para pasar a ser una conceptualización de lo familiar; en el sentido Italiano, de cómo se entiende “La cosa nostra”, resuelve,  falla, finiquita y sanseacabó.

Ni las encuestas, que ofician como las drogas duras que calman tanto la ansiedad como las carencias de los que se ofertan sean para los ejecutivos como para los legislativos, hacen mella en el judicial. No debe haber poder alguno que ostente los mayores índices de desconocimiento de sus miembros, como de buena fama u honor ante la población.

Sin embargo, ni las encuestas, encuestan al judicial. El judicial es un sistema en sí mismo, que construyó su predominio, en la astucia de venderse, de hacernos creer que debe orbitar en una suerte de tercero en discordia, supuesta como imposiblemente, independiente. Copto para ello toda una profesión, a la que doto del dominio de su integración, para sepultar el supuesto principio de igualdad por el cual se regiría el mismo poder.

Todos somos iguales ante la ley, salvo para el poder judicial. Sí  uno pretende integrarlo, debe ser abogado. Alguien que tenga esta profesión, está en un nivel por encima de cualquier otro que tenga otra profesión o ninguna. Esta es la igualdad consagrada por el judicial que siquiera se sostiene en la tradición o en la historia. Cuando la justicia, tal vez era más justa, era ejercida por hombres probos independientemente de la profesión que tuvieran.

Que la cuestión electoral (una consulta popular no deja de ser tal cosa, independientemente quién la organice, quienes participen y el resultado de la misma), lastimosamente oficie cómo la gran cuestión o la única cuestión democrática, pase por el único poder del estado que no elige o al menos genera tal pantomima, a sus integrantes por consideración pública, que posee los niveles de desconocimiento, siderales de sus integrantes, y que como si fuese poco, siquiera brinda un servicio, medianamente normal para encerrar a un verdadero ladrón de gallinas (ver sino la cantidad de familiares de personas detenidas o en proceso, que plantean la inculpación por el mero hecho de que el sistema detenga a alguien, por más que se pueda tratar de intenciones aviesas y plenamente subjetivas no deja de llamar la atención el incremento de las mismas) es lo más preocupante para nuestro convivir diario.


Todos somos iguales ante la ley, salvo para el poder judicial. Sí  uno pretende integrarlo, debe ser abogado.


Es decir, el estado de derecho que garantiza la justicia, en el cumplimiento irrestricto de leyes, previamente votadas, por quiénes han sido votados, no tiene un clivaje, un anclaje, en nada que tenga que ver con lo democrático, la independencia que dice esgrimir como anhelo, como pretensión, dentro del plano Lacaniano de lo imaginario, sólo ha sido una veleidad intelectual de Montesquieu.

La Democracia tradicionalmente vinculado a la ley -En los estrechos límites de la versión liberal del mundo –termina, se presenta como el logro histórico de un “Estado democrático” que garantiza como tal a través de la institución de mecanismos del ‘estado de derecho’. Esta expresión denota principalmente la necesidad de reinar la ley, para que la ejecución de las leyes sea de la fuerza motriz de la democracia. Por lo tanto, en la concepción jurídico-liberal de la democracia, el orden político se reduce a la administración legal del poder del Estado.” WARAT, Territórios desconhecidos: a procura surrealista  pelos  lugares  do  abandono  do sentido  e  da  reconstrução  da  subjetividade.Florianópolis: Fundação Boietux, 20042004, p. 144).

La última cita responde a la razón de por qué no se disuelve, siquiera se piensa el replanteamiento de algo tan a contramano de lo que se afirma para lo cual fue creado. De acuerdo, y sobre todo por estas razones, en donde el morbo social se acrecienta, en crímenes concomitantes o concordantes a lo sexual, la justicia que no es tal, y que tampoco debería ser poder, muestra su siniestralidad. Se nos presenta de tal manera, en clave Freudiana, dado que lo que creíamos familiar, nuestro, al alcance de nuestra mano y solicito para brindarnos una respuesta, nos otorga, la peor de las mismas, aquella que sólo prevalece ante la indiferencia. Darle vía libre, aboliendo con ello la propia ley dispuesta y su dinámica, a lo que desde los libros se señala como responsable y por ende pasible de ser sancionado. Esta tensión, académica, que los secuestradores de un poder, graduados en leyes que lograron hacer válido legalmente el demarcar su parcela de ocupación de tal poder que no es democrático, como el judicial, es en definitiva el precio de sostenerlos en las discusiones bizantinas a las que dedican sus tiempos pagados por nuestras contribuciones, para que nos impidan acceder, legalmente, a un servicio de justicia, que a todas luces, no es para todos, sino que exclusivamente para ellos, para los que ven normas antes que razones, los que ven leyes antes que necesidades, los que creen en derechos antes que en convicciones.

La ley es prohibición: eso no significa que prohíba, sino que está en sí misma prohibida, es un lugar prohibido… la ley no se puede alcanzar, y a fin de mantener una relación de respeto con ella, no hay que mantener ninguna relación con la ley, hay que interrumpir la relación. Uno debe entrar en la relación sólo con los representantes de la ley, sus ejemplos, sus guardianes. Éstos son tanto elementos interruptores como mensajeros. Uno no debe saber qué es la ley ni donde está.” (Derrida, j. Acts and literatura. Nueva York. Routledge. 1992, p 201.)

¿Por qué no? Porque si no llegara a saberlo, la ley perdería su legitimidad: su fundación en un acto de violencia ilegal quedaría a la vista. (Por eso Kant prohibió poner en entredicho los orígenes del orden legal).” (Zizek, S. Problemas en el Paraíso. Barcelona. Anagrama. 2016, p 103).

http://www.apeironediciones.com/libros/El-acabose-democr%C3%A1tico-Francisco-Tom%C3%A1s-Gonz%C3%A1lez-Caba%C3%B1as-p90834070

¿Será justicia?

El Leviatán o el estado judicial que nos legó Hobbes

La castración democrática

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