La necesidad de un Derecho Humano a la Alimentación

La mala alimentación, entendida esta como la alimentación que no aporta suficientes nutrientes para la plena efectividad o realización de los procesos mentales y biológicos, junto con el hambre, son grandes problemas a los que se debe enfrentar, desde la aparición del ser humano en la Tierra hasta hoy mismo, la humanidad.

El hambre en el mundo no es sólo un problema biológico, sino también, por supuesto, social, político y, casi derivándose de estos ámbitos, es un problema de interés jurídico. La pobreza es la causa y también la consecuencia del hambre y la mala alimentación, por lo que erradicarla es un problema esencialmente político, aunque también moral, como bien refleja Peter Singer en su libro Ética Práctica(1), tesis que expande y defiende en sus posteriores obras y conferencias. También la solución de la pobreza, como consecuencia de la reflexión y la obligación moral de luchar para erradicarla, es social, pues no se entiende un cambio de moralidad generalizado sin grandes cambios sociales.

Por último, el derecho debe aparecer de forma subsidiaria, por así denominarlo, para garantizar en última instancia el cumplimiento de las medidas para paliar el hambre y la mala alimentación mediante el reconocimiento como derecho humano en un tratado internacional y como derecho fundamental en las Cartas Magnas de los países del derecho a la alimentación.

Además, este reconocimiento es casi de obligado cumplimiento, pues ya desde el año mil novecientos cuarenta y ocho, en la Declaración Universal de los Derechos Humano, se reconocía, en el artículo veinticinco, el derecho a la salud y el bienestar, lo cual no es alcanzable sin una alimentación rica y saludable, además, por supuesto, de otros factores como la vestimenta y el domicilio.

Existe, por tanto, una ferviente obligación por parte del derecho de reconocimiento expreso de un derecho a la alimentación rica y saludable como derecho humano y que éste se vea posteriormente plasmado en documentos jurídicos del mayor rango, como la Constitución Española, en el caso de España, aunque se haga de manera implícita, ligándolo con otro derecho ya reconocido, como la vida, la integridad física, o principios como la dignidad.

Cabe destacar aquí la importancia de diferenciar entre derecho a estar protegido o protegida contra el hambre y derecho a una alimentación adecuada o saludable, pues estos dos derechos, que aparentemente pueden parecer iguales, conllevan consigo muchas connotaciones tanto jurídicas como morales.

En el primer caso, en la protección contra el hambre, lo que se garantiza jurídicamente es la protección de la vida, se busca evitar que haya muertes por hambre, lo cual de cumplirse al cien por cien ya sería un avance magnífico y necesario, pero no soluciona la problemática sobre la mala alimentación, por lo que no cumple enteramente la función de garantizar el pleno desarrollo de las capacidades cognitivas.

En el segundo, en cambio, se garantiza precisamente esto, el desarrollo pleno de la vida y las capacidades cognitivas, biológicas y sociales de la persona, el desarrollo humano, en síntesis. Este reconocimiento y protección son ideales, puramente teóricos, pues una vez llevados a la práctica se verían las problemáticas derivadas de dicho reconocimiento, como el enorme gasto económico que supondría -aunque quizá este sea el problema derivado más fácilmente salvable mediante donaciones o la redistribución de la riqueza-, la necesidad de crear puntos físicos en los que se proporcionaran los alimentos mencionados, y las diferencias culturales fácilmente palpables en las sociedades, ya que, por ejemplo, se podrían crear conflictos a la hora de proporcionar, por ejemplo, carne de cerdo o vaca, que choca con las creencias del islam o el hinduismo.

Se puede constatar, por tanto, que existe una necesidad moral y jurídica de reconocer y garantizar el derecho a la alimentación, pero no puede quedarse solamente en eso. El reconocimiento únicamente de este derecho no puede entenderse de forma aislada, pues la alimentación -y por supuesto también el hambre y la pobreza- son la base moral que lleva al reconocimiento de otros derechos. No se entiende que se garanticen la mayoría de los derechos civiles y/o subjetivos sin haber tenido en cuenta la necesidad de un derecho a la alimentación rica y saludable, ya que, en caso de que no existiese este tipo de alimentación derivaría en un mal desarrollo psicosocial y humano, como he defendido anteriormente, y, en casos extremos, en la muerte. No se entiende que, por ejemplo, se garantice el derecho a la educación, la vivienda o la asistencia médica sin tener en cuenta los derechos de la alimentación y la vida e integridad física, pues, en caso de que no existan estos últimos no podría ni tenerse acceso a la educación y la asistencia médica, ni se llevaría a cabo el desarrollo de la vida en la vivienda, pues no habría vida y, por tanto, no habría seres humanos que necesitaran que estos derechos se garantizaran.

Por último, de nuevo, recordar que el hecho de que no se reconozca el derecho a la alimentación adecuada y saludable ni se trabaje para conseguirla desde un punto de vista moral y social desembocaría en un conflicto jurídico-político, al menos en los países que toman como suyo y defienden la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues en ésta se reconocen el derecho a la vida, la integridad física y el desarrollo humano correcto, además de que parten del principio de dignidad de la persona como valor moral supremo. La vida, la integridad física y el desarrollo humano, junto con el resto de la dignidad de la persona, no se consiguen sin el reconocimiento de muchos otros derechos o principios morales como la asistencia médica, la libertad de expresión e información, la educación, la vivienda y vestimenta, la no tortura y, por supuesto, la alimentación, base del desarrollo humano y elemento tremendamente necesario para la vida. El no reconocimiento de estos derechos y valores, junto con otros muchos, aunque sea de forma doctrinal mediante la interpretación de la propia Declaración entra en conflicto con la misma, pues se convierte, como se suele decir, en papel mojado.

Así pues, se puede concluir que existe una necesidad imperante en nuestra sociedad -y en muchas otras- de un reconocimiento expreso o implícito de un derecho humano a la alimentación adecuada, rica y saludable, más allá de una protección contra el hambre, y de su implementación posterior en los sistemas jurídicos para que este derecho se proteja y se cumpla el objetivo por el que se reconoce, además de existir una obligación moral y política de luchar contra la pobreza y el hambre.

Daniel Conesa Bernal

1 SINGER, Peter: “Ricos y pobres”, Ética práctica, cap. 8, pp. 197-225.

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