La ley que redefina la democracia

“El pueblo tiene derecho a la rebelión” expresó el jefe de la bancada opositora de la Asamblea Nacional Venezolana, Borges (que bien podría ser el doble del notable literato Argentino, recordemos cuando se despachó con la furibunda sentencia que la democracia era un abuso de la estadística) , quién logró además que el cuerpo colegiado se expida “convocando al pueblo de Venezuela a la defensa activa” de la Carta Magna “hasta lograr la restitución del orden constitucional” y “solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos” para el retorno de la “democracia”. Para los organismos internacionales, que son interpelados, y para todos los que tenemos la posibilidad de leer lo que ocurre en otras partes del mundo, en el país caribeño, aún viven bajo las reglas democráticas, más o menos torcidas o en menor  o mayor cumplimiento efectivo, pero democracia al fin. Sin embargo, desde la “oficialidad” (porque una minoría opositora es parte sustancial del régimen al que se opone) de la oposición, se aproximan, cada paso más, a disolver la contradicción democrática, que venimos denunciando sistemáticamente, quiénes la estudiamos teóricamente.

“Es increíble como un pueblo, en cuanto está sometido, cae tan repentinamente en un profundo olvido de la libertad, tanto que no puede despertarse para recuperarla, sometiéndose tan fácil y voluntariamente, que se diría al verlo que no ha perdido su libertad, sino ganado su servidumbre. Es verdad que al comienzo se somete obligado y vencido por la fuerza; pero los que vienen después sirven sin disgusto y hacen voluntariamente lo que los anteriores habían hecho obligados. Por esto, los hombres bajo el yugo, alimentados y educados en la servidumbre,  se contentan con vivir como han nacido sin cuidarse de nada; y ni piensan en tener otro bien ni otro derecho que el que le fue dado, y toman por natural el estado de su nacimiento. (“Discurso de la Servidumbre voluntaria”. Étienne de la Boétie. Pp 38-39. Editorial Colihue).

La única herramienta válida, tanto legal como legítima para que exista la representación, es la manifestación de la voluntad del voto soberano, en el marco de elecciones libres que de tal forma constituyen la democracia expresada en su sentido lato.

Sí hablamos de legitimidad, no sólo debemos hacerlo, diferenciándola, de la legalidad, sino estableciendo una meridiana diferencia entre la legitimidad parcial versus la legitimidad absoluta, la primera que es la válida y la única razonablemente cierta que puede otorgar el ciudadano a sus mandantes y la segunda, la que cree tener el representado cuando absorbe la cesión de la ciudadanía, para luego cometer los latrocinios por todos conocidos, que supuestamente, controla o controlaría, estos excesos, otro poder de un estado constituido que sería el poder judicial, cuyos miembros no son elegidos, paradigmáticamente por el voto de la gente. Esta razón de la legitimidad parcial, podría encontrarse observada explícitamente, en que el ciudadano al delegar su representatividad, lo haga no sólo por el término de una elección a otra, sino también bajo ejes conceptuales, que vayan más allá de lo temporal. Un ejemplo concreto sería que los representantes, no puedan, es decir tengan su legitimidad parcial o vetada, para introducir reformas constitucionales o electorales. Los mismos que conducen el juego, no deberían, asimismo estar posibilitados para cambiar esas reglas a su antojo o discrecionalidad.

La democracia sí ha caído producto de los desmanejos de cierta clase política en un juego maquinal, como lo puede ser una tragamonedas o cualquiera que estipule el azar como factor determinante, debe re-escribirse, re-interpretarse, de lo contrario, sostener que lo político, mediante lo democrático es un juego adictivo de cierta clase dirigente para con las mayorías no tiene razón de ser, pues así como alguien sostuvo que dios no pudo haber jugado a los dados con nosotros, no podemos seguir siendo siervos, de quiénes, muy probablemente, hasta no puedan estar libre de afecciones que les nublen en buen entendimiento.

Partimos desde la triste y penosa convicción que la democracia está en serio riesgo, que la misma, de un tiempo a esta parte, viene siendo horadada, por quienes dicen ser sus defensores y propulsores y son precisamente los únicos beneficiados, materiales, de un sistema que cada vez resulta menos contenedor e inclusivo para las masas olvidadas, apartadas y segregadas. Masas que no invocarán, sí es que no actuamos antes, a nivel teórico y responsable, un consabido derecho a la resistencia y a la revolución, derecho a la desobediencia civil. Sí no actuamos antes, quiénes tuvimos la posibilidad de alimentarnos y leer, las masas, adquirirán cierta uniformidad de criterios de rechazar cualquier tipo de sistema. En términos claros, sobrevendrán no sólo sobre las instituciones, sino sobre todo tipo de hogar o lugar, en donde esté garantizado lo que a ellos se les viene birlando en nombre de la democracia.

Con todas las ganas de estar equivocados, creemos tener una última oportunidad, constituir un último bastión, para que los libros y los papeles no se nos sean quemados, producto de generaciones enteras que vienen haciendo todo lo contrario que dicen pregonar en relación a los caros y sacrosantos principios democráticos.

Las libertades políticas y en concreto, la libertad de expresión política pueden resultar contraproducentes sí, realmente, incluyen el derecho a la expresión subversiva, es decir, el derecho a la resistencia y a la revolución, el derecho a la desobediencia civil. Este es un tema que siempre ha puesto en difícil aprieto a todos los teóricos de los gobiernos representativos y legítimos.

“El derecho de sedición debe ser respetado, salvo en el caso de peligro claro y presente, el cuál obligaría a restringir las libertades políticas” J.Rawls.

El bien jurídico mayor de cualquier ciudadano ante un derecho colectivo es que le sea garantizado una vida en democracia, y cuando esto no ocurre, el mismo ciudadano debe agotar las instancias para llevar adelante este reclamo en todas las sedes y ante todas las instancias judiciales. No podrían objetarse ante esto, cuestiones metodológicas o de fueros, la justicia en cuanto tal, debe preservar y hacer cumplir el precepto democrático por antonomasia que el único soberano es el pueblo, pero la traducibilidad de esto, debe manifestarse mediante un cambio de lo democrático, tal vez redefiniéndolo o disolviéndolo en sus partes más oscuras, lo más democráticamente posible, sería que quiénes pretenden vivir bajo sociedades más democráticas, planteen en sus parlamentos o asambleas, mediante diputados, legisladores o ciudadanía común, proyectos que cambien el eje de las democracias, y que no sólo sea semántica, de lo contrario y tal como lo venimos observando, más temprano que tarde, se impondrá de hecho y no seguramente en forma pacífica o armoniosa, el cambio, nodal, radical y substancial, tan necesario e indispensable.

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