La finalidad noble de la política
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La honestidad política debe ser un vehículo de mejora en la calidad de vida de los demás. Es un requisito. Los actos tienen que ser contribuyentes a ese propósito. Esto, tanto como ciudadano, cuanto como representante político, empresario, dirigente social o funcionario. El fin de la labor de todos será la de contribuir al bien común. Respetando las equidistancias y recompensando los esfuerzos para lograrlo. Ahora bien, cuando el sistema democrático se convierte en el soporte de camarillas que logran beneficios desmesurados, apropiándose de los esfuerzos de las gentes por medio de legalidades a medida, justificando la violencia para defender esa situación de injusticia, entonces, el sistema se resquebraja, la entropía se amplifica y los que quedan atrapados en esa perversión del sistema se sienten legitimados a cuestionar dichas legalidades. La Historia tiene múltiples casos de esa relación causa efecto. 

En la Comunidad de Madrid, la iniciativa ciudadana contra los desahucios y la pobreza energética, que había recogido más de 70.000 firmas durante los últimos meses, no ha sido tomada en consideración, por lo que no se tramitará. En el seno de su parlamento regional, el partido en el gobierno y su socio ideológico Ciudadanos, han impuesto el veto, legítimamente, por sobre Podemos y el PSOE, a la posibilidad de evitar sufrimientos y víctimas, innecesariamente, a un estado de cosas francamente poco democráticas. La finalidad noble de la política está ausente de esta gente. 

El ministro de la amnistía fiscal inconstitucional, que según él mismo no tuvo lugar, contrariamente a lo dictaminado por el Tribunal Constitucional, pero que benefició a buena parte de los corruptos de este país, ha hecho uso del Art. 155. Artículo que se derivaba del de la Constitución alemana de Weimar, y que Hitler puso en práctica para pulverizar a la oposición y llevar al país a la más sangrienta guerra de la historia de la Humanidad. Ese mismo ministro ha tenido la osadía de intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. Esto es legal, pero francamente cuestionable desde la legitimidad democrática. 

Nada dice de que, según datos del propio ministerio de Hacienda, la Administración central  ha incumplido tres de los cuatro años que lleva en vigor, desde 2013. La Administración central gastó en 2016 un 2,8%, un punto más de lo estipulado, que un año antes. Y si no se hubiesen descontado las ayudas a la banca, el incumplimiento habría sido todavía superior, un 5,7%. Es la idéntica regla de gasto por la que Hacienda justifica el intervenir al Ayuntamiento de Madrid, corporación que logró rebajar la deuda acumulada por Gallardón y Botella. La deuda del Ayuntamiento de Madrid se situaba en los 3.567 millones, un 1,2% inferior al del trimestre precedente.

La finalidad noble de la política
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En un año, la deuda de la corporación que dirige Manuela Carmena se ha recortado en casi 1000 millones menos, un 21,8%. Por comparar, la deuda de la Comunidad de Madrid en el segundo trimestre del año era de 32.555 millones, un 2,9% más que al finalizar marzo de este año, y unos 2.400 millones más que un año antes, un 7,99% más que el año anterior. Parece que Manuela Carmena hace gala de aplicar la finalidad noble de la política. Nada diremos del hecho que parece una ironía propia del personaje, al designar como interventor a un ex alcalde del PP, cuya gestión dejó casi quebrado a su ayuntamiento. Busquen en la hemeroteca.

En el BOE número 272 del 9 de noviembre de 2017, se publica el decreto que nombra a Carmen Lamela titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. El puesto lo ocupaba como sustituta desde finales de 2015. Accede ahora a él de forma definitiva luego que su anterior titular quedara en situación de excedencia voluntaria hace un par de semanas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 era Javier Gómez Bermúdez, que presidió entre otros el juicio del 11-M, fue declarado en servicios especiales para pasar a ser juez de enlace en Francia. Así es como esta magistrada, condecorada por este gobierno, que es la que confronta criterios con el Tribunal Supremo en el tema catalán, entenderá en casos muy sensibles al PP. Todo legal.

Los comportamientos sectarios, avalados por resultados de la gestión pública, cuyos responsables políticos insisten en no ser responsables de los resultados de sus decisiones, porque atribuyen a otros esa responsabilidad, parecieran justificar cualquier despropósito. Parecen avalarse por la cobertura de la interpretación que hacen los jueces del sentido de la responsabilidad. En esa línea, el juicio de Nürenberg no hubiese tenido responsables ya que prácticamente ninguno de los encausados asesinó a una sola víctima de los exterminios.

La ciudadanía debe influir en la necesidad de restituir el fin noble de la política, rescatándola de las manos de todas estas personas que la han envilecido, por acción u omisión, prostituyendo los valores esenciales de la sana convivencia. 

Por el bien de todas las personas honestas que son mayoría.

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