La cortés sospecha como resultado
La Guardia Civil ante la puerta de la empresa Ciegsa. Fuente: lacronicadesalamanca.com

Luego del actual aluvión de corrupción en Valencia, los ciudadanos honrados sospechan de las verdaderas intenciones que han tenido los recortes: mantener los privilegios de grupos que no se han visto afectados. Razones les asisten.

La terrible realidad que soporta el ciudadano común ya no es una amenaza en ciernes sobre su calidad de vida. Se ha convertido en una realidad como consecuencia de la gestión de un gobierno que no gobierna. Simplemente actúa como custodio de los intereses de una mínima porción de sus habitantes y de centros de decisión alejados de Madrid. El hambre y la desesperación no es una sospecha. Se incrementan bajo la desdeñosa mirada de quién gobierna.

La Corona queda bajo sospecha cuando se permite, por intermedio de sus portavoces, reclamar que se acelere el proceso que tiene imputada a una de sus herederas. Todo el aparato del Estado, que debería estar al servicio de la seguridad de los ciudadanos, parece reservarse a la protección sin matices de la figura monárquica.

Es sospechoso que se amenace con reprimir la opinión. Parece ser que las expresiones críticas por los sucesos recientes,  desmienten la garantía oficial expresada frente a la desmesura de los excesos del aparato financiero, empresario y político de este país. La impunidad es un hecho, pese a este avance del conjunto de las operaciones judiciales en curso.

Las autóctonas prácticas empresarias de los exitosos gestores de la burbuja, se han puesto en evidencia en otros escenarios. No todo el planeta se somete a esas sospechosas modalidades. Parece que la Gurtel o la Púnica, son Marca España. Se sigue respondiendo blandamente a los embates de la voracidad por el beneficio empresarial, siempre por encima del beneficio común. Esta avaricia y los hechos, demuestran la existencia de servidumbres inconfesables.

Los medios de comunicación eluden el tratamiento de aquellas noticias que resulten incómodas para el poder gobernante. Esto hace sospechar a los ciudadanos sobre la calidad de la libertad de expresión ejercida en España. La cortesía se exige por encima de la necesidad de la verdad.

Una parte de la oposición también está bajo sospecha. Deja traslucir en su comportamiento cortés una debilidad manifiesta para crear instrumentos que dejen al descubierto a los responsables. Pareciera que se está en presencia de un pacto que garantice la impunidad de actos pasados, presentes y futuros que afecten a sus dirigentes. La clase política no supera el aprobado en encuestas nada sospechosas de manipulación. Muchas palabras pero pocas concreciones.

También es sospechosa la novedosa coartada que ofrece el gobierno español, para garantizar la estabilidad del posible nuevo gobierno, al escudarse en las conclusiones de los organismos internacionales, que apoyan los beneficios de las medidas que sin matices siempre terminan afectando de manera grave a la vida de los ciudadanos. Ni siquiera se tiene el valor de enfrentar a la sociedad civil. Por el contrario, se utiliza la palabra ambigua, la declaración confusa o el silencio artero.

Como ejemplo, este gobierno en funciones, acaba de extender la concesión en sesenta años de una factoría de pasta de papel, a orillas de la hermosa ría de Pontevedra, a la sombra de una ley aprobada por el señor Arias Cañete. Todo, a contrapelo de la voluntad expresada electoralmente por el presidente de la Xunta, de la Diputación de Pontevedra y del Ayuntamiento de la misma ciudad, todos en contra. Queda claro quién manda sobre este gobierno.

Jean Jacques Rousseau ya incluía a la reclamada cortesía, cuando dijo: “Los temores, las sospechas, la frialdad, la reserva, el odio, la traición, se esconden frecuentemente bajo ese velo uniforme y pérfido de la cortesía.”

La cortés España bajo sospecha. Toda.

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