La expresión de la queja perfecciona al sistema
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La sociedad está alarmada. Expresión de ese estado es la queja. El Gobierno se haya con la legitimidad erosionada por los procesos de corrupción. Tal vez por ello ha procurado aplicar correctivos para sustituir su credibilidad. Cree disponer así de más poder efectivo. Olvida que si bien este es atributo de la autoridad, se equivoca en su posición. Porque si se vacía de contenido ético al ejercicio del poder, se incursiona en el territorio de la decepción y la desconfianza. Lo cual terminará alentando mayores expresiones de queja.

Todo parece devenir de la variedad de dimensiones del desprestigio que padece este país, como es la crisis de legitimidad, fruto de la distorsión entre lo que se proclama y lo que se ejecuta. Esta circunstancia no es nada extraña a los partidos de la Triple Alianza.  Ello, porque la lesión en la dignidad de las personas es la fuente de la expresión de la queja que ya advertimos que se incrementaría desde esta columna, por la aplicación de un modelo que no sólo no resuelve los problemas de los españoles, sino que profundizó los ya existentes.

En términos generales, los sistemas que tienden a la mejora continua lo hacen gestionando adecuadamente las quejas y reclamaciones. Esta es la base de la Gestión de la Calidad de cuanta organización se propusiese tender a la excelencia. Es decir, no atender a esas expresiones de disconformidad e insatisfacción, es poner de manifiesto la incoherente práctica de reprimir a los usuarios, en este caso a los ciudadanos. Todo, para ocultar las deficiencias, anomalías y negligencias en la gestión.

La represión es una práctica usual en ciertos círculos fundamentalistas, y sistemas autoritarios, tanto políticos como religiosos o institucionales. Su expresión se comprueba cuando se tiende a instrumentalizar a las organizaciones, que existen para proteger a los ciudadanos, a favor de la defensa de los valores o principios de sectores minoritarios de la sociedad civil española.

El acuerdo del PSOE, el de la Gestora susanista, con el PP, ha colocado en la presidencia del Tribunal Constitucional a Juan José González Rivas Este nuevo Presidente del Tribunal Constitucional, dados sus antecedentes y con la mayoría conservadora que le apoya, no hacen más que presagiar una época de regresión en las sentencias del Alto Tribunal. Algunos anticipan que serán aquellas a favor de las tesis homófobas o del ejercicio laico de las libertades civiles que se han ido logrando, como  en materia educativa o del derecho a decidir de las mujeres. Tampoco se conoce a ciencia cierta las consecuencias de todas y cada una de las conferencias que ha pronunciado, los cursos que ha impartido y los congresos a los que ha asistido y las materias que ha tratado. Es de suponer que su presencia ha sido compatible con sus funciones, tanto como miembro de la judicatura y, a partir del 2012, del propio Tribunal Constitucional. En particular, si ha percibido o no retribuciones por su dedicación a esta actividad académica o divulgativa. Según su biografía disponible en la Web, no se puede concluir nada. ¿Puede ser esta la Justicia “afinada” a la que se refería el ministro Fernández Díaz, según las grabaciones dadas a conocer por el medio digital Público?

Lo cierto es que, según el Informe sobre el Estado Social de la Nación 2017, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, quedan descriptos los rasgos del modelo de sociedad en el que nos encontramos, así como sus consecuencias sobre la vida de las personas y familias, y sobre el conjunto de la sociedad. Según este trabajo, el éxito que se atribuye este gobierno y sus cómplices, sea el que la pobreza se haya instalado en la sociedad española, afectando personas y familias que cada vez ven más difícil salir de su situación. El documento añade que la transmisión intergeneracional dará lugar a nuevas generaciones que van a reproducir la pobreza y que cada vez van a tener más difícil salir de ella. Este hecho trata de consolidarse con la aprobación de unos presupuestos generales, que no harán más que profundizar en los recortes que precarizarán la vida de la mayoría de españoles. Circunstancia que no afectará los beneficios de los grupos que respaldan a este modelo injusto que produce una democracia de baja calidad. Esto es así, cuando se procura al tiempo reprimir la legítima expresión de la queja.

Los datos que se exponen se resumen en que, en 2017, la renta media de los hogares se ha reducido un 13% desde 2009 (30.045€) a 2015 (26.092€). En que más de 8 millones de trabajadores/as están por debajo del umbral de la pobreza o que casi 700.000 hogares, 1,3 millones de personas, no tienen ningún ingreso (4% de los hogares). Esta situación ha producido una mala alimentación por motivos económicos y, en ocasiones, el hambre, son  reales y afectan a más de un millón de personas en España. Por último, en uno de cada diez hogares se pasa frío o excesivo calor por no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada.

Tal escenario será una usina de la indignación. En ese contexto y con la ética en cuestión, malos tiempos nos aguardan.

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