¿Es España corrupta o hay corruptos en España?
Fuente: http://diario16.com/

La organización no gubernamental TRACE International y el Think Tank de la Corporación estadounidense RAND, evalúan cada dos años el grado de corrupción que se manifiesta en el mundo. Al informe se lo conoce como el Índice de Riesgo de Corrupción.

Describe cuatro factores: Las Relaciones del sector privado con el sector público, en el que se consideran asuntos como el grado de discrecionalidad del poder político, el nivel de generalización de malas prácticas como los sobornos y la calidad del ámbito regulatorio que los políticos imponen a las empresas. El segundo considera las actuaciones contra la corrupción, que mide el castigo legal previsto para los corruptos y el grado de cumplimiento de dichas leyes. El tercer factor es la transparencia del sector público, incluyendo aspectos como la publicidad de los presupuestos o las leyes de incompatibilidades, también conocidas como conflicto de intereses. El cuarto y último abarca la capacidad de control y supervisión social, en el que se mide la capacidad de la sociedad civil para frenar la corrupción, incorporando indicadores de libertad de expresión y desarrollo socioeconómico.

La ponderación va de cero a cien, siendo mayores las malas prácticas y la corrupción, cuanto más alto sea el puntaje obtenido. La nota del documento anti-corrupción elaborado por TRACE y RAND ubica a España en el puesto 51 dentro del concierto de las 199 naciones del mundo calificadas. A todas luces no es un puesto honroso. El detalle de los factores ha sido el siguiente: en las Relaciones del sector privado con el sector público, el Informe nos otorga 55 puntos. En las Actuaciones contra la corrupción 36 puntos. En cuanto a la Transparencia del sector público 45 puntos. Finalmente, la ponderación de la Capacidad de control y supervisión social: 19 puntos. Este último factor indica la creciente respuesta social, aunque no penalizada en la misma proporción en los votos de castigo electoral tiene la corrupción entre los ciudadanos.

Es ilustrativo el primer factor del índice. Aquí se destaca su influencia sobre la nota final. En este factor, queda demostrado que, con 55 puntos sobre 100, el marco público al que se acercan empresas y ciudadanos con motivaciones ilícitas, sigue siendo demasiado discrecional, propenso al soborno y favorecedor de un marco regulatorio ineficiente. Porque la abundancia de normas anticorrupción tal vez sólo sirvan como pantalla a las malas prácticas. Las puertas giratorias y sus perjudiciales efectos no se incluyen. Las prácticas directas o indirectas de verdaderos lobistas, que resultan de las decisiones de miembros del gobierno, tampoco. También es preocupante la nota de transparencia que recibe el sector público, con 45 puntos sobre 100. Después de varios años en los que todos los políticos hablan de la importancia de la transparencia, la nota recibida por España en esta categoría del informe de TRACE y RAND es muestra de los bloqueos generados desde el propio nivel gubernamental, para oscurecer datos tan necesarios como el monto de los sobrecostes de la obra pública o las resistencias a acatar las prácticas abusivas de las principales corporaciones oligopólicas de esta economía de “amiguetes”. Sin mencionar las dificultades para obtener información, que encuentran los magistrados que instruyen los casos denunciados de irregularidades en el uso de fondos públicos. En cuanto a la nota de 36 puntos que mide las actuaciones contra la corrupción, se basa en los numerosos casos de latrocinio que están siendo juzgados. Poco refleja este factor que, si bien en España no se ha desarrollado un marco efectivo para impedir la corrupción, sí cuenta con numerosos mecanismos para detectarla, aunque el estudio nada dice sobre la indefensión de los denunciantes de casos de probables corruptelas, o de las dificultades para proceder a juzgarlas.

Con todas las limitaciones del estudio, personalmente creo que deberíamos estar peor, lo concreto es que estamos lejos de los mejores países calificados. Del mejor valorado, Suecia, con 10 puntos. Estonia segundo con 17 o Noruega tercero con 19. Lo que supone que la calidad de vida en esos países, tan referenciada por muchos opinadores y políticos de este país, se haya vinculado al grado de corrupción manifestado en los mismos. Pero ahí no acaba el panorama. Irlanda, país rescatado, puntúa 22, lo que lo ubica en el sexto lugar, o los Países Bajos en el séptimo, con 26 puntos. También están entre los 30 primeros otros países de Europa, Finlandia en el número 9, con 26 puntos y Dinamarca en el número 10, con 27 puntos. Luego Suiza, Reino Unido, Islandia, Austria, Luxemburgo, Letonia, Portugal, Alemania, Lituania, Francia y Polonia, mejoran con mucho las calificaciones de nuestro país.

El relato oficial pretende sugerir que la corrupción ha dejado de ser un problema en España. Luego de la operación “abstención”, mucho me temo que se ha agravado. Este Informe no pondera las acciones que literalmente alteran la verdad con el único fin de enmascarar una realidad más cruda. Como el caso de las pensiones que, pese a los anuncios triunfalistas del gobierno, continúan perdiendo poder adquisitivo. De confirmarse el dato del IPC adelantado, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, reflejando una subida de los precios del 1,5% en diciembre, los jubilados perderán 1,25 puntos de poder adquisitivo, ya que el Gobierno aprobó un incrementó mínimo del 0,25% en sus pensiones. Según el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo “los datos de 2016 confirman los efectos que preveíamos de la reforma de 2013, abocando en el futuro a una pérdida progresiva de poder adquisitivo de las pensiones coincidiendo con la vuelta a una senda normal de inflación”.

Para que hablar de la advertencia de los Técnicos de Hacienda, en el sentido de haber detectado una desviación, típico en su estilo, en los números que Montoro facilitó a Bruselas. Este colectivo técnico altamente cualificado, estima que hay una desviación de 12.238 millones de euros. Ello es debido al aumento en 3.448 millones de los ingresos tributarios que el Ejecutivo estimó en los presupuestos de este año, pero además, a la merma, a noviembre de 2016, de 8.750 millones de derechos reconocidos por tributos para sufragar los gastos del Estado. Necesitamos menos malabaristas y más credibilidad en los gestores de los recursos de todos. Esto, porque la consecuencia de esa temeraria costumbre de alterar la realidad producirá una inevitable subida de la presión fiscal en España. Y tal como es costumbre de este gobierno y de sus cómplices, recaerá sobre las espaldas de los colectivos más vulnerables. Como dato téngase que la prórroga presupuestaria aprobada arrastrará una desviación de ingresos que volverá a comprometer el objetivo de déficit del próximo año, que está fijado en el 3,1% del PIB; objetivo que ya se incumplió en 2015 por, entre otras causas, la reforma fiscal adelantada por el Gobierno, llevando al déficit público de aquel año al 5,1% del PIB, cuando el techo estaba establecido en el 4,2%. Este gobierno sigue sin afrontar una seria lucha contra el fraude y una reforma tributaria más equitativa. Esto, tal vez porque ese sea su propósito en la defensa de intereses de grupo por encima del interés general.

Caso ejemplo es el de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, cuyas relaciones con Hacienda fueron noticia, que no eliminará el copago farmacéutico a los pensionistas. Es más, lo revisará para fijar tres tramos. Esto provocó el rechazo de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, FADSP. Según esta, la puesta en marcha del actual modelo de copagos en el RDL 16/2012 provocó “la exclusión del acceso a la prestación farmacéutica de un elevado número de personas, concretamente el 13,4%, con las negativas consecuencias para su salud que ello supone”.  Además, los copagos “no han disminuido el gasto farmacéutico en recetas que se está incrementando en los dos últimos años”. Para colmo, la instauración de nuevos tramos “significa aumentar la barrera económica para el acceso a los medicamentos de los pensionistas, sector que ya tiene bajos ingresos y serios problemas de salud.

Me pregunto si es corrupción el proseguir con este ataque a los sectores menos favorecidos por las medidas de este gobierno sospechado de “malas prácticas”.

¿Estamos en presencia de una España corrupta o es que sólo hay una camarilla de corruptos en España?

Vía: http://diario16.com/

No hay comentarios

Dejar respuesta