El Caracazo

27 de Febrero de 2016

Veintisiete años después de aquel  estallido social que quedó grabado en la memoria de los venezolanos, hoy, vivimos algo que supera en creces la situación que en la Caracas de 1989 hizo que el pueblo se levantara y reclamara sus derechos.

El Caracazo, nombre que se le dio al estallido social, fue un punto y aparte para una situación político-económica-social que vivía el país. Un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular que se desarrolló por dos días continuos, al poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado de popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión gubernamental.

El 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la República presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente “paquete económico”, concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional. Muy parecido paquete económico, a ese promulgado por el actual presidente Nicolás Maduro, solo que ahora las circunstancias se presentan más rudas, y mucho más inmersos en una crisis general, que va desde el rubro menos importante hasta el de mayor importancia social. Dos realidades duras en un mismo escenario, Venezuela, somos los mismos actores de siempre, los venezolanos, y son siempre los mismos responsables, un gobierno sin escrúpulos, un gobierno corrupto que no parece tener saciedad.

Aquel paquete económico presentado por Carlos Andrés Pérez no resulta ser tan diferente a nuestra realidad, lo que marca la diferencia son las consecuencia de los hechos. El paquete unificaba: decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sin ceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.

La historia nos cuenta lo siguiente, extraído de Venezuelatuya.com:

Todas las medidas mencionadas anteriormente excepto la última eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional. Ese día los choferes de las rutas interurbanas (sobretodo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil. Ante tales circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos hasta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media y alta. En cuanto a los protagonistas de los actos vandálicos, tenemos que los mismos fueron perpetrados en su mayor parte por sujetos de estratos populares, aunque también estuvieron involucrados individuos pertenecientes a la clase media.

Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira. Posteriormente, la onda de violencia de extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron dirigidas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de evidente orientación delictiva. Aunque el alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por Carlos Andrés Pérez y su gabinete. Por otra parte, esta situación de vio agravada a lo largo de enero y febrero de 1989, cuando se desató el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los productos que habían desaparecido en los meses que precedieron al estallido.

Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber cómo actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional.

Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos. El balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo sería repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.

De la misma forma para marzo de 1993 el Fiscal General de la República, Ramón Escovar Salom, introdujo una solicitud de antejuicio de mérito en su contra por el delito de «peculado doloso» y «malversación» de 250 millones de Bolívares (17 millones de dólares en esa época) de la partida secreta por cuyo manejo era responsable. Durante el proceso se reveló que dicho dinero había sido utilizado para ayuda internacional a la Presidente Violeta Chamorro en Nicaragua y la vicepresidente Yesseany Medina Parra.

Hoy día el venezolano haciendo uso de su incapacitada memoria continua los caminos turbios de políticas desdeñadas que solo intentan justificar las inexpertas medidas económicas de planes de acción con poca vigencia internacional. La vida cada día más cara, la moneda cada vez perdiendo más y más valor. El bolsillo de los venezolanos vacíos, en las calles ríos de sangre inocente, los hospitales sin insumos, racionamientos de luz y agua, pésimas prestación de servicios, y de la misma forma, deplorable resolución de problema.

La situación la definimos en la actualidad con una imagen que dice más que mil palabras.

El Caracazo

Las redes sociales andan conmocionadas por las imágenes del costo de los atunes.

El sueldo mínimo pasará de 9.648,16 bolívares a  11.578 bolívares, pero este aumento no es suficiente para cubrir las necesidades alimenticias de los venezolanos. Pues los venezolanos tendrán que invertir un cuarto de su sueldo para comprar una lata de atún de 170 gramos.

Una lata marca Eveba de 400 gramos, la más grande, pasó a costar 5.963,44 bolívares. La de 170 gramos, 2.981,72 bolívares y la más pequeña de 140 gramos,  490,86 bolívares.

Una lata de atún de 170 gramos equivale a más de 25% del nuevo sueldo.

El próximo primero de marzo entrará en vigencia el aumento del sueldo mínimo anunciado por el presidente Nicolás Maduro el 17 de febrero.

 

Con información extraída de El Nacional

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